La hija de Carmen Pano suspende su boda por el bloqueo judicial de sus cuentas bancarias 

El pasado 23 de enero, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citó a declarar a Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano, en condición de investigadas junto a otra quincena de personas. A diferencia del resto de los imputados, Pano ya había relatado los hechos en dos entrevistas en exclusiva en THE OBJECTIVE: la entrega de 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE por orden del comisionista Víctor de Aldama, algo que corroboró posteriormente en su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras la detención de ambas el 16 de diciembre. Las dos fueron puestas en libertad sin cargos, pero pocos días después se ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Pano, su hija Leonor, la hermana y el marido de la empresaria y la pareja de su hija.

Un hecho que generó malestar en los afectados porque algunas de las cuentas afectaban a terceros que no están siendo investigados por la Justicia, como es el caso de Leonor Pano, la hermana de la empresaria en cuya cuenta aparece la imputada como autorizada, y que se vio obligada a solicitar el ingreso mínimo vital ante su situación de «indefensión». Situación similar a la del marido de Pano, con el que mantiene un régimen de separación de bienes y sin cuyos ingresos se ha visto obligada a incurrir en deudas como el alquiler mensual de su vivienda, que acumula ya tres meses de impago, desde el bloqueo de las cuentas bancarias. Las dos investigadas por la justicia han elevado desde diciembre dos escritos ante la Audiencia Nacional pidiendo al instructor que subsane estos «errores».

Pero un primer pronunciamiento del juzgado número 5 de la Audiencia no fue suficientemente para la entidad bancaria del prometido de Leonor González Pano, lo cual motivó la suspensión de la boda de la hija de la empresaria, prevista para el pasado sábado 22 de marzo en Sevilla. La cancelación de la ceremonia llega después de que Leonor González solicitara formalmente a la Audiencia Nacional el desbloqueo de una cuenta bancaria de su prometido en la que ella figura como autorizada. La solicitud tenía como fin permitirles hacer frente al pago de los gastos del enlace. El escrito fue presentado ante el juez Santiago Pedraz, que investiga el caso del fraude del fuel en el que se encuentran implicados varias personas, entre ellos Víctor de Aldama y Claudio Rivas, en su papel de «codirectores» de un fraude millonario de 231,7 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos.

Bloqueo de las cuentas

En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, Leonor González solicitaba el desbloqueo parcial de una cuenta del BBVA en la que se encontraba la cantidad de 17.000 euros provenientes de un préstamo solicitado en abril de 2024. Este dinero, según indicó la propia González, estaba destinado exclusivamente a financiar los gastos de su boda que debía abonar con anterioridad al convite en concepto de anticipo. Sin embargo, a pesar de la solicitud judicial, la entidad bancaria aún no ha procedido al desbloqueo de la cuenta, lo que ha imposibilitado que la pareja pueda abonar los pagos relacionados con la ceremonia.

Cabe destacar que el prometido de Leonor González no está imputado en la causa judicial que afecta a la familia Pano, lo que ha generado aún más desconcierto entre los afectados. En enero, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en un mandamiento judicial al que THE OBJECTIVE ha tenido acceso, había solicitado a la Unidad de Crimen Organizado y Delincuencia Económica del BBVA el «desbloqueo parcial» de la cuenta, permitiendo el abono de rendimientos derivados del trabajo y el pago de préstamos, entre otros gastos.

Asfixia económica

El bloqueo de cuentas ha generado un serio perjuicio económico a la familia Pano, que, tras la detención del 16 de diciembre pasado, se ha visto obligada a enfrentarse a graves dificultades financieras. Fuentes cercanas a la afectada relatan la «asfixia económica» a la que está siendo sometida Carmen Pano desde que denunciara públicamente el año pasado la presunta corrupción dentro del PSOE, cuando afirmó haber entregado 90.000 euros en bolsas en la sede del partido en la calle Ferraz bajo las órdenes de los presuntos comisionistas Víctor de Aldama y Claudio Rivas.

Lo hizo en noviembre, cuando ni siquiera estaba imputada en la causa. Sin embargo, esta denuncia le ha costado un sinnúmero de problemas, tanto judiciales como económicos. Desde su arresto, todas las cuentas bancarias de la familia y de sus allegados fueron bloqueadas, lo que ha dificultado severamente su capacidad de acceso a fondos para necesidades básicas, incluidos los tratamientos médicos que Carmen Pano recibe por una enfermedad que actualmente padece.

El pacto del PSOE a través de IDBO

Conocedores de su precaria situación, y en vísperas de su declaración judicial el pasado 25 de febrero, un despacho cercano al PSOE habría intentado llegar a un acuerdo con Carmen Pano, ofreciéndole 50.000 euros a cambio de que se retractara de su testimonio sobre la entrega de los 90.000 euros en la sede del partido. Este intento de soborno se produjo el 21 de febrero, días antes de que Carmen Pano tuviera que declarar como testigo ante el Tribunal Supremo. El despacho de abogados IDBO Consultant, en realidad una consultora jurídico-tributaria especializada en «blanqueo de capitales», habría transmitido a Pano una oferta de 50.000 euros para que modificara su declaración. Según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, esta oferta fue presentada a través de la abogada Leticia de la Hoz y su socio Ángel Prieto, quienes serían los intermediarios entre la parte acusada y el PSOE.

Unos hechos por los que fueron alertados en la Fiscalía Anticorrupción y en la propia UCO, por tratarse de un posible caso de obstrucción a la Justicia en su tipificación de coacción a un testigo. En un momento de desesperación, Carmen Pano vaciló sobre la posibilidad de aceptar el acuerdo. No obstante, según fuentes cercanas a la empresaria, finalmente decidió no ceder al «chantaje» y mantener su versión de los hechos. La decisión de no retractarse de su testimonio, que podría haber tenido repercusiones significativas en la trama de corrupción, llevó a la cancelación de la boda de su hija, Leonor González, como una consecuencia indirecta de los bloqueos judiciales.