Dignidad y Justicia denuncia que García Berro «salva a jefes de ETA para no molestar a Bildu»

La falta de diligencia del fiscal Carlos García Berro ha vuelto a salvar a un dirigente de la banda terrorista de ser condenado. Esta vez el representante del Ministerio Público ha evitado que la que fuera jefa de ETA Iratxe Sorzábal sea declarada culpable del atentado perpetrado por la banda en el aeropuerto de Alicante en julio de 1995.

Así lo ha expuesto con toda claridad el tribunal de la Audiencia Nacional en la sentencia que ha considerado no probada la participación de Sorzábal en el atentado. La Sección Tercera de la Sala Penal ha afeado al fiscal no haber aportado la ‘kantada’ que hizo Sorzábal, que consta en un informe policial y habría supuesto la condena de la terrorista.

«Tal informe pericial caligráfico (…) fue ratificado en la fase de instrucción ante el Juzgado Central (…), pero posteriormente el Ministerio Fiscal no lo propuso como prueba pericial, por lo que al no haber sido traído a juicio, y no haber sido sometido a contradicción entre las partes, no se puede tener como prueba de cargo contra la procesada», subraya la sentencia de la Audiencia Nacional, que también censura a García Berro por no aportar otro informe policial que analiza el comando que perpetró el atentado y las declaraciones de los agentes que lo elaboraron.

«Tampoco fueron propuestos como peritos los autores (del informe), que podrían haber arrojado luz acerca de la posible autoría de la colocación del explosivo», critica el tribunal, que explica que toda esta inacción de García Berro ha provocado «un vacío probatorio importante que hace que debamos declarar la absolución de la procesada».

Esta pasividad del fiscal contrasta con el esfuerzo ímprobo que este mismo representante del Ministerio Público hizo para defender el desprocesamiento de los también exjefes de ETA Iñaki de Rentería y Mikel Antza en la causa que les investiga por ordenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La mayoría de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo (13 de los 16 miembros) han reprochado este comportamiento y han defendido que la causa no estaba prescrita y reprendió a García Berro por no leerse siquiera el sumario, pues ni siquiera se percató o quiso percatarse de las interrupciones de la prescripción que había en la causa.

García Berro es el fiscal de confianza de Álvaro García Ortiz en la Audiencia Nacional para las causas más delicadas y espinosas que afectan directamente al pacto entre Bildu-ETA y el Gobierno de Sánchez. Además de los casos Miguel Ángel Blanco e Iratxe Sorzabal, García Berro es el responsable de la causa relativa a la comisión de presos de Sortu, donde evitó que el Juzgado investigara a políticos socialistas, independentistas y nacionalistas vascos. Además, García Berro está al frente de la concesión de terceros grados y libertades condicionales para etarras, que en la práctica están siendo indultados a chorro desde su mando.

García Ortiz y García Berro mantienen una estrecha relación desde hace años. El primero fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales, cuando el segundo ejercía como secretario de esta asociación. Ambos fueron vocales electos del Consejo Fiscal por la mencionada agrupación.

La actuación de ambos fiscales, que prioriza el principio de jerarquía al de legalidad, no solo hace un flaco favor a las víctimas del terrorismo, que durante décadas han confiado sus vidas y las de sus familias al Estado de derecho, sino que también desprestigia a la carrera fiscal, hoy más instrumentalizada que nunca por el poder político.