Una empresa del fuel vinculada al exchófer de Sánchez transfirió 2,1 millones a Portugal
El presunto testaferro de Espaeventos aseguró al juez Pedraz que recibía órdenes de Cristian Corvillo
Pedro Sánchez, Cristian Corvillo y Víctor de Aldama. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Agencia Tributaria cifra en 2,1 millones de euros la cantidad que transfirió Espaeventos a Portugal. Se trata de una de las siete empresas interpuestas investigadas por el presunto fraude de 231 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Su supuesto testaferro, José Fernández Rosado, admitió el pasado viernes en la Audiencia Nacional que Miguel Romero Bravo y Cristian Corvillo, que ejerció de chófer de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE en 2017, eran los encargados de darle órdenes para realizar las transferencias. Las mismas personas que le ofrecieron figurar como administrador de la sociedad a cambio de cobrar un dinero que, asegura, nunca percibió.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a Víctor de Aldama y Claudio Rivas como «codirectores» de una trama vinculada a Villafuel que habría servido para ocultar el IVA en el negocio de los hidrocarburos. Los investigadores subrayan que, a través de hombres de paja, mantenían el control de siete empresas interpuestas con las que habrían cometido el presunto fraude millonario: Obaoil 3000, Canary Islands Fuel Company, Casmar Hidrocarburos, Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech, Salamanca Fuel Center y la mencionada Espaeventos.
Fernández explicó durante su declaración en la Audiencia Nacional que Cristian Corvillo y Romero le ofrecieron figurar como administrador de la empresa a cambio de un dinero que nunca cobró. Este investigado por la trama de hidrocarburos aseguró que quienes realmente dirigían Espaeventos eran el exchófer de Sánchez y Romero, a pesar de que quien figuraba como administrador único desde su creación en enero de 2023 en Ciudad Real era Juan Manuel Rodríguez Vélez. La sociedad trasladó su domicilio social a Córdoba, provincia de la que es natural Corvillo, en abril del año pasado.
Las empresas del exchófer de Sánchez
El presunto testaferro de Espaeventos señaló ante el juez Santiago Pedraz que el exchófer de Sánchez y su socio eran quienes daban las órdenes de las operaciones y las transferencias bancarias que debía firmar. Fernández contó que abandonó la empresa en 2023, tras un desacuerdo con Corvillo y Romero por el ingreso de un millón de euros cuyo origen desconocía y que se negó a reconocer. Otro de los asuntos que le llevaron a tomar la puerta de salida fueron las transferencias que le pedían hacer a sociedades en Portugal.
La Agencia Tributaria cifra en 2,1 millones de euros el montante que transfirió Espaeventos al país luso. Según un informe fechado en mayo del año pasado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la empresa señalada por el caso hidrocarburos trasladó 1,3 millones de euros en 2023 y otros 822.159 euros el curso siguiente. El dinero tuvo como destino cuatro cuentas diferentes. Una de ellas pertenece a Palacios & Abadías, a la que se realizaron dos envíos de 288.004 y 379.141 euros respectivamente. En otro de los depósitos aparece de titular Letras y Contrastes. Esta recibe otros dos pagos, uno de 290.922 euros y otro de 210.376).
Hacienda no ha podido determinar quién está detrás de las otras dos cuentas a la que la sociedad vinculada al exchófer de Sánchez transfirió dinero. En total, cuatro operaciones que suman 955.607 euros. El informe de la Agencia Tributaria destaca que «estas salidas de fondos a Portugal están relacionadas con las operaciones intracomunitarias declaradas (que suman 1,8 millones). A estas cuentas también se han remitido fondos desde las entidades Salamanca Fuel Center y Casmar Hidrocarburos», firmas que también estaban en la órbita de Villafuel.
La UCO y Hacienda atribuyen a Espaeventos un fraude del IVA de 11,9 millones de euros. Fernández contó al juez Pedraz que reconoció una deuda de 10 millones de euros a la Agencia Tributaria antes de abandonar la empresa. Lo hizo el 19 de diciembre de 2023, cuando transmitió su participación en la sociedad a Rodríguez Vélez, tal y como consta en la documentación en poder de este diario.
«Por no hacer nada»
El testimonio de Fernández tuvo lugar días después de que Javier Sequi, presunto testaferro de Salamanca Fuel Center, reconociera al juez que cobró 10.500 euros «por no hacer nada» (tres meses a 3.500 euros cada uno). Sequi relató que conoció al dueño de la empresa, Félix Aparicio, en el club nocturno donde trabajaba. Luego le ofreció trabajo en un negocio de hostelería y le puso como administrador de la empresa vinculada al sector de los hidrocarburos a la que la UCO señala por desviar dinero.
Los investigadores creen que la trama que lideraba Aldama y Rivas también utilizó a Salamanca Fuel Center para «canalizar los fondos de procedencia delictiva a Portugal con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad». Corvillo Energy, administrada por Rubén Corvillo, hermano de Cristian, facturó a esa firma 175.450 euros.
Los investigadores creen que el hermano del chófer de Sánchez en las primarias del PSOE en 2017 podría haber actuado como testaferro de Aldama. La UCO ha acreditado que le ayudó a pagar un aval para que le adjudicaran dos hoteles durante 40 años en San Roque (Cádiz). Como avanzó este diario, el empresario cordobés administra Drive Business junto a César Moreno, uno de los «mosqueteros» del comisionista.
La sociedad tiene su sede social en la segunda planta de la madrileña calle de Antonio Maura, donde también está radicado el despacho de Aldama, investigado en varias causas corrupción. Los investigadores sostienen que Rubén Corvillo comenzó a relacionarse con la trama de las mascarillas a través de su hermano, que habría coincidido en hoteles de distintas ciudades andaluzas con Koldo García entre 2019 y 2021. Sospechan que el propio Cristian Corvillo habría cobrado 100.000 euros de la trama por realizar gestiones en la compra de los cubrebocas.
Otro vínculo de la estrecha relación de los Corvillo con Aldama se acredita con el traslado de una de empresas del comisionista a Peñarroya-Pueblonuevo, de donde proceden Rubén y Cristian. Aldama llevó la sede de Pilot Real Estate, una inmobiliaria clave en la trama de las mascarillas, a la localidad cordobesa de 10.000 habitantes. Lo hizo solo tres semanas antes de ser detenido, en febrero del año pasado.