Anticorrupción investiga a la jefa de la Oficina de Conflictos de Intereses por prevaricación
La Fiscalía abre diligencias contra Flor María López Laguna por el archivo de un caso denunciado por un coronel médico
Flor María López Laguna, directora de la Oficina de Conflictos de Intereses. | Foto: EFE
Otro alto cargo bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción. Este órgano ha abierto diligencias de investigación contra la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), Flor María López Laguna, por un presunto delito de prevaricación administrativa, según consta en un decreto de apertura de diligencias firmado el 3 de julio del año pasado por el fiscal jefe, Alejandro Luzón, y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Enrique Ortiz, un coronel médico ya retirado, presentó a finales de mayo de 2025 una denuncia contra López Laguna y el general médico —igualmente retirado— Santiago Coca, quien fuera director del hospital Gómez Ulla y luego inspector general de la Sanidad militar entre enero de 2015 y febrero de 2018, por los presuntos delitos de corrupción, incompatibilidad, malversación, prevaricación y posible blanqueo de capitales. A los tres meses, Anticorrupción abrió diligencias previas y en noviembre del año pasado tomó declaración al denunciante. Por el momento, a este último no le constan más pesquisas a preguntas de este periódico.
El caso empezó en 2019 cuando Ortiz interpuso una denuncia contra Coca ante la OCI al entender que este último no había respetado la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, pues el general médico formaba parte de dos empresas privadas —Histodiag SL y el Instituto de Estudios Citogenéticos SL— siendo director del hospital y «cuya actividad era la misma que había prestado en la Administración», se indica en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
El coronel manifestó su sospecha de que el Instituto de Estudios Citogenéticos, tras ser absorbido en 2019 por un entramado empresarial, «se utilizaba para la recepción de comisiones derivadas de la adjudicación de contratos de sanidad militar cuyas mesas de contratación controlaba Santiago Coca». También recordó que la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas impide a los funcionarios en activo «ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas» o tener una participación superior al 10% en el capital de empresas o sociedades privadas.
El Instituto de Estudios Citogenéticos se creó el 23 de diciembre de 2011 cuando Coca era coronel médico. Quedó al frente del mismo controlando el 96% de las acciones, mientras que su hijo se quedó con el 4% restante y la condición de apoderado único, según la nota simple de constitución de la sociedad limitada adjuntada en la denuncia. Además, el predecesor del general Coca como inspector general de la Sanidad militar, Luis Hernández Herrero, ya había sido sancionado en abril de 2016 a siete años de inhabilitación en cargo público por un caso muy parecido de incompatibilidad.
«La denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses la centró en la infracción de los artículos 11.1 y 12. 1. D. de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, como consecuencia de la actividad desarrollada por Santiago Coca en su condición de médico militar y después miembro del cuerpo de funcionarios docentes», ya que es profesor universitario en la actualidad, subraya Anticorrupción en su escrito.
La OCI dio carpetazo a la denuncia en julio de 2020 en un oficio firmado por López Laguna (leer abajo), en el que la directora de este organismo comunicó que no procedía incoar procedimiento sancionador contra el general médico en virtud de la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Si bien el cargo del general Coca como inspector general de la Sanidad militar se había rebajado al rango de subdirector general con él, Anticorrupción incide en su escrito de apertura de diligencias que la citada ley había quedado «derogada» por la 3/2015, por lo que sugiere que López Laguna justificó su archivo con una norma que no estaba en vigor.
Nueva denuncia ante la Guardia Civil
Ortiz no tiró la toalla y cuatro años después, presentó en noviembre de 2024 una denuncia contra Coca y López Laguna ante la Guardia Civil por estos hechos. La Benemérita le informó en marzo del año pasado de que su denuncia había sido trasladada al Juzgado Central Togado Militar número 2 de Madrid. El denunciante no quedó contento con ese paso, ya que pidió a la justicia militar que se inhibiera a favor de la jurisdicción ordinaria. Dicho juzgado castrense incoó diligencias previas, pero las archivó a los 15 días al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito, ya que ni el coronel ni el general médico tenían ya la condición de militares en activo o en la reserva.
Tras ello, el coronel retirado se fue a la Fiscalía Anticorrupción, donde sí ven indicios de delito. «Los hechos que denuncia Enrique Ortiz Gallo son la infracción administrativa cometida por Santiago Coca Merchero y el delito de prevaricación administrativa (artículo 404 Código Penal) de la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, Flor María López Laguna. También introduce en la denuncia sus sospechas sobre el cobro de comisiones por el denunciado, respecto de lo que no aporta elemento probatorio alguno», precisa el Ministerio Público en su escrito de julio de 2025.
Luzón se centra en el delito de prevaricación que apunta a la directora de la OCI y cuestiona «la aparente falta de competencia» del Juzgado Central Togado Militar, que llevó a una rápida resolución de archivo del caso. Es más, justifica asumir «la comprobación e investigación» de los hechos no por las presuntas irregularidades que haya podido cometer el general Coca, sino por «la cualidad de alto cargo que concurre en Flor María López Laguna» en virtud de la citada ley de 2015 que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración (leer abajo). Por todo ello y en aras del «esclarecimiento de los hechos denunciados», el fiscal jefe de Anticorrupción ordena recabar el auto de sobreseimiento del juzgado militar, así como la denuncia de Ortiz ante la Guardia Civil, junto con una copia del expediente tramitado en 2019 por la Oficina de Conflicto de Intereses.
THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con el general Coca, quien afirma haberse enterado por este medio de la apertura de diligencias en la Fiscalía Anticorrupción en su contra junto a López Laguna. Además, señala que no ha sido llamado a declarar en calidad de testigo o investigado transcurridos casi ocho meses de la decisión de Luzón. En todo caso, niega cualquier posible irregularidad con ambas empresas en las que estaba como socio y subraya su «completa disposición» a aclarar cualquier duda que puedan albergar los investigadores.
En cuanto a la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, en los últimos años ha sido objeto de críticas por su permanencia en el cargo y varias controvertidas decisiones, pero es la primera vez que se conoce una investigación penal en curso contra ella. López Laguna lleva 20 años dirigiendo la OCI y en todo este tiempo ha sido la única titular al frente de dicho organismo: en una primera etapa con rango de subdirectora general y desde septiembre de 2018, justo después de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al poder, con categoría de directora general dentro del Ministerio de la Función Pública que dirige Óscar López en la actualidad.
Las críticas de la Comisión Europea
La Comisión Europea ha afeado en los últimos años a Sánchez el hecho de que la OCI esté bajo la tutela del Ejecutivo. La última vez fue precisamente en el mes de julio, cuando se abrieron diligencias contra López Laguna. En concreto, en el informe anual de Bruselas sobre el Estado de Derecho en España. «La OCI sigue integrada en la estructura del Gobierno a efectos organizativos y presupuestarios», criticó entonces la institución comunitaria dirigida por Úrsula von der Leyen.
El PP ha prometido que si gobierna, la Oficina de Conflictos de Intereses se convertirá en un ente independiente. La formación de Alberto Núñez Feijóo pidió en 2024 a la OCI que se pronunciase sobre un posible conflicto de interés de Sánchez, dado que la empresa Wakalua era una filial de Globalia que patrocinaba el Africa Center, un proyecto de Begoña Gómez en el Instituto de Empresa. Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2020 ayudas públicas por 475 millones de euros a favor de la aerolínea después de que su consejero delegado se reuniera en varias ocasiones con la esposa del jefe del Ejecutivo tras recibir financiación de Wakalua.
La OCI archivó esa denuncia inicial del PP en cuatro días tras recibir de Moncloa un escrito de apenas nueve líneas, por lo que solo recabó la versión del propio Ejecutivo. Los populares recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que les dio la razón en una sentencia de septiembre de 2025 en la que obligó al organismo presidido por López Laguna a investigar a Sánchez por el rescate millonario de Air Europa.
Sin embargo, la Oficina de Conflictos de Intereses volvió a archivar la petición del principal partido de la oposición a los pocos días, al reiterar que Sánchez no tenía que haberse inhibido en la concesión de la ayuda pública a Air Europa porque su mujer no mantenía «relación personal ni profesional alguna con la compañía» en el momento de la concesión, el año 2020.