Afectados por las renovables inician trámites para embargar bienes españoles en EEUU
La Corte de Distrito de Columbia ha reconocido desde el verano compensaciones por 688 millones de euros
El parque solar de Vilardevós, en Orense. | Agostime (EP)
Paso al frente de los afectados por la retirada retroactiva de ayudas a las energías renovables en España. Los acreedores han intensificado en las últimas semanas los trámites para cobrar las indemnizaciones reconocidas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal de arbitraje vinculado al Banco Mundial. Tras siete resoluciones favorables en la Corte de Distrito de Columbia que contemplan compensaciones por valor de 688 millones de euros, los reclamantes han iniciado un procedimiento de descubrimiento de activos y emitido requerimientos judiciales para identificar bienes españoles a embargar en Estados Unidos.
Desde el pasado verano, la Corte de Distrito de Columbia ha infligido siete reveses judiciales a España. Se trata de los casos Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones), NextEra (290,6 millones) y 9Ren Holding (44 millones). Todas esas firmas decidieron invertir en España después de que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha un plan de ayudas a las empresas que eliminó seis años después de forma retroactiva Mariano Rajoy.
Para paliar sus pérdidas, las empresas afectadas comenzaron a solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas al Ciadi, que hasta ahora ha dado la razón a 27 de los 52 demandantes. Las indemnizaciones reconocidas superan los 2.300 millones de euros, incluidos sobrecostes judiciales y financieros. Sin embargo, las compañías afectadas siguen sin recibir un solo euro. España se niega a pagar cualquier compensación a pesar de estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas, al considerar que los laudos son contrarios al Derecho comunitario.
Las primas de las renovables
Muchas de las empresas que sufrieron la retirada de ayudas a las renovables optaron por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica y Australia ya han abierto la puerta a embargar activos españoles en esos territorios para contrarrestar los impagos. La pelota ahora está en el tejado de Estados Unidos, que ha reconocido la legitimidad de siete laudos. Tras estas resoluciones, los acreedores han solicitado autorización judicial para registrarlos en otros distritos federales, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, donde consideran que podrían existir activos susceptibles de embargo.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE reconocen que el objetivo es facilitar las medidas de ejecución destinadas a compensar a las compañías que siguen soportando pérdidas, como consecuencia del incumplimiento del Gobierno de Pedro Sánchez. «En el marco de esta nueva fase se han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos (discovery orders) y se han emitido requerimientos judiciales (subpoenas) dirigidos a diversas entidades privadas que prestan servicios a España, así como a organismos públicos vinculados al Estado».
Estas actuaciones buscan identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos situados bajo jurisdicción estadounidense que podrían ser objeto de embargo. Los requerimientos se han dirigido a instituciones financieras, empresas participadas por España, entes públicos de nuestro país con implantación en Estados Unidos o incluso sociedades involucradas en la participación del Mundial de Fútbol de 2026.
Como avanzó este diario hace dos años, al comenzar los pleitos en Estados Unidos, las compañías afectadas habían localizado activos españoles en este país por valor de 5.000 millones de euros. Con ese dinero, España podría hacer frente a las deudas reconocidas por los laudos. En la lista existen inmuebles de entes públicos como el Instituto Cervantes, obras de arte, cuentas corrientes y otros productos financieros, ya que la normativa impide embargar aquellos edificios que albergan embajadas y consulados.
Búsqueda de activos
Las iniciativas para ejecutar embargos también avanzan en Europa y en Asia. En Bélgica, los tribunales han autorizado varios procedimientos de confiscación relacionados con el impago del laudo en el caso OperaFund, lo que ha provocado el bloqueo de 482 millones de euros que el organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol debía transferir a Enaire, su homólogo español. La Justicia británica también ha rechazado los argumentos de España para evitar pagar una indemnización de 101 millones a Infrastructure Services, a los que hay que sumar otros 27 millones en concepto de intereses de demora.
En Asia, el Tribunal Superior de Singapur registró en febrero el laudo correspondiente al caso NextEra, reconociendo una deuda de 290 millones de euros de España con la compañía estadounidense. Unos meses antes, en agosto, el Tribunal Federal de Australia ordenó la ejecución de cuatro laudos (RREEF, 9REN, Watkins y NextEra) por un valor conjunto de 469 millones de euros.
El Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, situó a España por tercer año consecutivo como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia. Durante el año en curso, la inversión extranjera captada por nuestro país se ha desplomado un 60%. Los afectados por la retirada de ayuda a las renovables consideran que, para revertir la situación, Sánchez debe replicar el proceso de negociación que puso fin a la deuda del caso JGC.