El juez prorroga el secreto del 'caso Plus Ultra' para localizar «activos ocultos»
Calama extiende la medida hasta el 28 de abril con la intención de identificar a «todos los miembros de la organización»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Levantar el secreto del caso Plus Ultra supondría «comprometer gravemente la identificación de todos los miembros de la organización, la localización de activos ocultos o disimulados, la colaboración con autoridades extranjeras, y la eficacia de futuras diligencias». El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha explicado así su decisión de prorrogar la reserva de las actuaciones un mes más, hasta el 28 de abril. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera que la naturaleza de los delitos que se investigan exigen «una actuación sigilosa, coordinada y técnicamente compleja».
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Calama destaca que la estructura delictiva del caso Plus Ultra «presenta ramificaciones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al extranjero, utilización de sociedades interpuestas, y operaciones financieras que requieren un análisis detallado y progresivo de la documentación intervenida». La decisión supone que solo la Fiscalía tenga acceso al contenido del procedimiento, que puso en marcha un juzgado madrileño.
El magistrado insiste en que levantar el secreto comprometería «entradas y registros, análisis de dispositivos electrónicos o requerimientos bancarios». De esa manera, anticipa futuras diligencias. En su opinión, la prórroga resulta «esencial» para «evitar el riesgo de destrucción de pruebas, alteración de documentos o sustracción a la acción de la Justicia de personas implicadas, máxime cuando se investiga una estructura con capacidad operativa transnacional».
El polémico rescate de Plus Ultra
Calama aceptó el pasado 3 de abril la competencia para investigar el rescate de Plus Ultra. La aerolínea recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en marzo de 2021 a pesar de que solo disponía de tres aviones en la pandemia. De momento, solo ha devuelvo nueve millones en concepto de intereses.
La Justicia indaga el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países, extremo que rechazó el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Se trata de uno de los tres durante las pesquisas. Los otros dos son el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez, propietario de la consultora para la que trabaja el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Todos ellos se encuentran en libertad con medidas cautelares.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que inició el procedimiento, se inhibió a favor de la Audiencia Nacional a finales de febrero. Calama se hizo cargo del caso Plus Ultra después que el juez Ismael Moreno se abstuviera en 2024. El instructor rechazó entonces admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al entender que no era competente y la derivó al juzgado madrileño, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea y acabó archivándolo.
El origen del caso Plus Ultra se encuentra en una denuncia que la Audiencia Nacional rechazó admitir a trámite el año pasado por falta de competencia. Este órgano consideró que el competente sería el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea. La Fiscalía denunció el «uso indebido» de los 53 millones que recibió Plus Ultra. La ayuda fue aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva».
Conexiones internacionales
La denuncia se presentó contra varias personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, aunque también se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España. La constituirían, según el auto, «personas extranjeras, nacionalizados españoles y, al menos, un abogado español». La trama estaría «dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados».
La Fiscalía sostiene que los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela a través de programas impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados y ventas de oro del Banco de Venezuela. La juez que ahora investiga el caso Plus Ultra acordó en enero de 2023 su archivo al considerar que los imputados «carecían de capacidad de decisión». La decisión llegó después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y evitase la declaración como investigado de su representante legal.
«La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal», señala el auto.
Anticorrupción ensalza las «conexiones» de la supuesta organización criminal con «clientes que se sirven de los servicios de esta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente». La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.
La denuncia también menciona la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo «se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo».