Arranca el juicio contra la cúpula de Interior con el PP por intentar robar información a Bárcenas
La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior Fernández Díaz y el que fuese su ‘número dos’
Fernández Díaz tras un Consejo de Ministros en julio de 2015. | Eduardo Parra (EP)
La cúpula del Ministerio del Interior con Mariano Rajoy se sienta en el banquillo por intentar boicotear la investigación del caso Gürtel, que acorraló al PP. La Audiencia Nacional juzgará desde este lunes la presunta operación de espionaje conocida como Operación Kitchen orquestada con el objetivo de robar la información sensible que tuviera el extesorero Luis Bárcenas contra los pagos irregulares al partido y a sus dirigentes. La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, acusados de, entre otros delitos, encubrimiento, malversación y contra la intimidad.
Casi todas las miradas están puestas en el Tribunal Supremo, donde este martes arranca el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el presunto cobro de mordidas tras la adjudicación de mascarillas al inicio de la pandemia. Sin embargo, la cúpula de Interior con Rajoy también se somete a examen a partir de este lunes en una vista oral que acoge la Audiencia Nacional por tratar de boicotear una investigación contra la corrupción de la Gürtel.
En el juicio, que se extenderá hasta el 30 de junio, prestarán declaración más de 100 testigos, entre los que destacan Rajoy y la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, que acudirán el 23 de abril. La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría lo hará el 27 de abril y el actual titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 11 de mayo.
Condena al PP
La Fiscalía sitúa en la primera mitad de 2013 el origen de una operación que buscaba torpedear la investigación del caso Gürtel. «Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia», sostiene el Ministerio Público.
Anticorrupción detalla que estaba «dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el PP y sus máximos dirigentes» en el caso Gürtel. La trama estaba encabezada por el empresario Francisco Correa y fue denunciada por el exconcejal en Majadahonda José Luis Peñas. La sentencia convirtió al PP en el primer partido político condenado por corrupción en España y le costó la presidencia a Rajoy a través de una moción de censura.
El objetivo de la Operación Kitchen era hacerse con los archivos que «pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa». Para conseguirlo metieron un topo en la familia (el chófer y cocinero que da nombre a la causa), un falso cura secuestró a su mujer y a su hijo y un comisario de Policía reventó el zulo en el que ocultaba documentos y grabaciones.
En el banquillo de la Audiencia Nacional se sentarán Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y otros ocho ex altos cargos de Interior. En la Operación Kitchen habrían participado también los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas y Enrique García Castaño; el inspector jefe Andrés Gómez Gordo y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.
Los pagos al chófer de Bárcenas
La Fiscalía solicita 15 años de prisión para el exministro, su número dos, Pino y Gómez Gordo, que fue jefe de seguridad de Cospedal. Villarejo se enfrenta a la pena más alta, 19 años de cárcel, mientras que para el antiguo chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, se reclaman 12 años y cinco meses de prisión. Quien no se sentará en el banquillo será el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño por «incapacidad mental sobrevenida» tras sufrir un ictus en 2022.
Anticorrupción sostiene que el entonces DAO, con «el acuerdo pleno» de Fernández Díaz y Martínez, contactó con Ríos y que «desde su puesto de conductor no solo tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada la familia Bárcenas, hacía gestiones privadas propias» del tesorero y su esposa, Rosalía Iglesias.
El acuerdo alcanzado entre Ríos y la cúpula policial llevó a que, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, les informase «de forma exhaustiva e individualizada» sobre las citas o reuniones que celebraban Bárcenas y su esposa», insiste la Fiscalía. Como contraprestación por su labor, Ríos recibió 2.000 euros mensuales, abonados con cargo a los fondos reservados de Interior, llegando a recibir presuntamente hasta 54.00 euros, además de una licencia de armas y una pistola por sus servicios.
Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo transmitían a Pino y Martínez la información y documentación relativa a Bárcenas que Ríos les hacía llegar. Estos «reportaban toda esta información a Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior», según Anticorrupción. La acusación pide que los diez acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al extesorero del PP con 6.000 euros y a su esposa con 3.000 euros por el presunto espionaje a su intimidad.
La acusación considera que Fernández Díaz, Martínez y Pino deben indemnizar a la Administración del Estado, de manera conjunta y solidaria, con 57.943 euros por el presunto delito de malversación (el dinero que le dieron de los fondos reservados al chófer de Bárcenas y a Villarejo durante la operación).