La hora de la verdad para Ábalos y Koldo: el Supremo inicia el juicio de las mascarillas

Comienza la cuanta atrás. La hora de la verdad para José Luis Ábalos y Koldo García. El Tribunal Supremo acoge desde este martes el juicio contra el exministro, su antiguo asesor y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas comisiones ilegales que cobraron con la adjudicación de mascarillas al inicio de la pandemia. Por las 23 sesiones previstas, jornadas de mañana y tarde, desfilarán 80 testigos y peritos propuestos por las defensas y las acusaciones. Destacan la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que prestarán declaración por escrito.

Ábalos, Koldo García y Aldama están acusados de siete delitos: integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada. No obstante, las penas que se piden son dispares. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para el exministro y 19 y medio para su hombre fuerte en el Ministerio de Transportes. Las acusaciones populares elevan la cifra a 30 años para cada uno de ellos. Para el comisionista la petición se rebaja a siete años de cárcel al aplicarle el atenuante de colaboración.

La empresa beneficiada por la adjudicación de las mascarillas, Soluciones de Gestión, registró una facturación récord de 53,1 millones de euros en 2020 tras haber permanecido prácticamente inactiva y sin ingresos los dos años anteriores. Un pelotazo que logró gracias a los contratos de dos entes vinculados a Transportes, el Ministerio del Interior y los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, todos controlados por el PSOE. Los de Puertos del Estado y ADIF ascendieron a 36 millones.

Las mujeres de Ábalos

La Fiscalía considera que Ábalos acordó la adquisición de mascarillas a cambio de que él y Koldo García recibieran «una indebida compensación económica» a cuenta de Aldama, que reconoció haber obtenido 6,6 millones y que una parte fue para el exministro y su asesor. El Ministerio Público sostiene que el comisionista les habría entregado 10.000 euros mensuales en efectivo. También hubo otras retribuciones, como las estancias de dos chalés (en Marbella y Sotogrande) y un contrato de alquiler con opción a compra de una vivienda en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Aldama también habría pagado, a través de su socio Alberto Escolano, la renta mensual del piso de Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos. El fiscal acusa al exministro de «promover la contratación» de la joven en dos entes públicos, Ineco y Tragsatec, pese a que nunca «desempeñó tarea alguna» entre 2019 y 2024, periodo en el que cobró casi 44.000 euros. También le señala como el muñidor para el fichaje de otra mujer, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que la selección de Soluciones de Gestión partió de Transportes antes incluso de que existieran publicaciones oficiales sobre las necesidades de material sanitario. Los investigadores afirman que Koldo García se habría encargado de contactar con los responsables de la firma, que hasta ese momento no había operado en el sector sanitario.

El comisionista explicó en diciembre de 2024 en el Supremo que recibió la oferta cinco días antes de que se publicitara. Inicialmente era de cuatro millones, que se duplicaron de un plumazo cuando Correos rechazó seguir adelante con el acuerdo. Los investigadores sospechan que ese hecho motivó que el ente vinculado a Transportes aumentara su oferta. La auditoría encargada por Óscar Puente reveló que Ábalos amplió de cuatro a ocho millones la cantidad de mascarillas que iba a adquirir Puertos del Estado en apenas 38 minutos. Lo hizo apenas media hora después de que Soluciones de Gestión advirtiera a Koldo García de que «o todo o nada».

En prisión preventiva

Este no fue el único hecho que llamó la atención de los investigadores. Como avanzó este diario, Ábalos tuvo en sus manos una oferta alternativa a la de Soluciones de Gestión. Era por la mitad de precio y con un plazo de entrega más rápido desde China que el que ofrecía la empresa aragonesa. Sin embargo, Transportes la descartó pese a la resistencia del entonces presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo.

El juez del Supremo Leopoldo Puente envió al banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama a mediados de diciembre. El exministro y su antiguo asesor se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre. El magistrado consideró privarles de libertad al advertir riesgo «extremo» de fuga ante la cercanía del juicio. Hasta ese momento, la Fiscalía no lo había considerado necesario.

El caso estalló el 21 de febrero de 2024, cuando la UCO detuvo a una veintena de personas entre las que se encontraba Koldo García. Ábalos, entonces diputado socialista, aseguró ese mediodía en el Congreso que se encontraba «estupefacto». El partido lo apartó apenas unas horas más tarde y acabó expulsándolo el pasado junio. La investigación partió de una querella de la Fiscalía Anticorrupción que tuvo su origen en una denuncia presentada por un senador del PP en respuesta a la que registró la oposición en Madrid por un contrato al hermano de Isabel Díaz Ayuso.

La pandemia flexibilizó los controles de las contrataciones debido a la situación de emergencia. El caldo de cultivo para la especulación. Anticorrupción archivó la mayoría de las denuncias, pero las adjudicaciones a Soluciones de Gestión hizo saltar las alarmas. La primera fase de la investigación se desarrolló en la Audiencia Nacional, pero la UCO fue estrechando el cerco en torno a Ábalos. En octubre de 2024, ocho meses después de que se destapara el caso, el juez derivó la causa al Supremo al considerar que el exministro tuvo «un papel relevante» en la trama.

Otra causa por amaños

Tras varios titubeos, Ábalos declaró voluntariamente en el Supremo en diciembre de 2024. El exministro negó cualquier irregularidad en las adjudicaciones de mascarillas, se parapetó tras Koldo García y minimizó su relación con Aldama. Dos meses después, fue imputado y el juez le impuso medidas cautelares. El pasado octubre se acogió a su derecho a guardar silencio y, un mes más tarde el instructor propuso juzgarle. El exministro dejó de estar aforado en febrero, tras abandonar su acta de diputado.

La Audiencia Nacional asumió entonces la pieza separada por el presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones, en la que están investigados los tres acusados por las mascarillas, media docena de empresarios y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En la vistilla preliminar, las defensas de Ábalos y Koldo García trataron sin éxito de derivar el caso mascarillas a la Audiencia Nacional, incluso reclamaron elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida el órgano competente que debe juzgarle después de que el exministro dejara de estar aforado.