Cuando el sindicalismo cruza todos los límites: las mentiras del caso de 'Las seis de La Suiza'

«Fue un calvario de siete meses», recuerda Pablo Álvarez Meana, el hijo de José y Begoña, el matrimonio de Gijón que tuvo que cerrar su pastelería La Suiza como resultado del acoso organizado por seis miembros del sindicato anarquista CNT , condenados a tres años y medio de prisión y a los que el Consejo de Ministros ha decidido indultar esgrimiendo motivos que han desmentido las tres instancias de la Justicia española.

Los sindicalistas son cinco mujeres y hombre convertidos, por aquello del relato político, en Las seis de La Suiza. Pero en realidad hay poco de heroico en una campaña de hostigamiento que provocó la ruina de un negocio. Concentraciones en la puerta, insultos a la clientela, pasquines difamatorios, denuncias falsas… «A mi padre se lo llegó a acusar falsamente, como consta en todas las sentencias, de un delito contra la libertad sexual, lo más grave de lo que se puede acusar a un hombre», asegura Pablo a THE OBJECTIVE.

El acoso «se mantuvo entre abril y octubre de 2017», cuando se vieron obligados a bajar definitivamente la persiana del negocio «que les dio de comer durante 19 años» por el desplome de las ventas. «Mis padres se tuvieron que declararse en concurso consecutivo de acreedores al año siguiente y, con ello, poner al frente la vivienda familiar». Por eso, explica Pablo, no se se va quedar con los brazos cruzados: piensan recurrir el indulto al Supremo y demandar a la vicepresidenta Yolanda Díaz por difamación.

El origen del conflicto está en 2016, en un desencuentro entre José y una empleada, embarazada, a la que no dio permiso para abandonar su puesto de trabajo. Su marido se presentó entonces en el negocio, situado en la Avenida de Schulz de Gijón, profiriendo amenazas y rompiendo mobiliario. El dueño de La Suiza interpuso una denuncia contra él por daños y amenazas.

La mujer se cogió una baja hasta dar a luz. Y tiempo después, en el momento de reincorporarse, acudió al sindicato CNT, que trató de convencer al pastelero de que retirase la acusación y que pactase un despido de la empleada por una cantidad determinada, a lo que José se negó. Y comenzó la pesadilla.

La organización anarquista organizó manifestaciones frecuentes en la puerta de la pastelería La Suiza. «Aquellos escraches de tres horas, cuyo objetivo era hundir el negocio, se me han quedado grabados para siempre en la memoria», cuenta Pablo. Pero lo peor estaba por venir.

La falsa acusación de acoso sexual

La empleada, una vez la CNT estaba involucrada, interpuso otra denuncia contra José, incluyendo una acusación de carácter sexual contra él. Esta acusación —sin pruebas— persiguió al empresario. Por toda la ciudad aparecieron carteles en los que se le tildaba de «acosador». «Esta gente pagaba a tres personas para que inundasen la ciudad entera de carteles, no solo la zona donde estaba la pastelería. Y nosotros pasábamos mañana, tarde y noche arrancándolos», relata. «Y, encima, cuando nos veían, nos amenazaban de muerte, pero en aquella época eran solo delitos leves», recuerda Pablo.

«A mi padre se le acusó de ser un acosador sexual, algo que era falso y que formaba parte de la mecánica delictiva para que procediésemos a la extorsión que esta gentuza llevaba a cabo», afirma el hijo de los pasteleros a este diario. «A mí me dejó marcado para siempre el ‘José, acosador, paga y vete de Gijón’. Es decir, los condenados acusaban falsamente a mi padre de acoso y le decían que se fuera de su ciudad», como finalmente ha sucedido.

A las consecuencias de este hostigamiento se sumaron las reacciones de vecinos de toda la vida. «Un conocido de uno de los portales colindantes pegó un cartel grande en una de las lunas de nuestra pastelería. Lo vimos en las cámaras de seguridad. ‘José violador, vete de Gijón’, decía. Es gravísimo. Pasamos del ‘acosador’ al ‘violador’».

Los tribunales nunca hallaron pruebas de una conducta delictiva por parte del empresario, y sí evidencias de coacciones graves y obstrucción a la justicia, que les valieron a seis sindicalistas penas de hasta tres años y medio de prisión. La sentencia, dictada en 2021 por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Gijón, fue ratificada por la Audiencia Provincial. El Tribunal Supremo terminó por corroborarla en junio de 2024, tras ser nuevamente recurrida, asegurando que el objetivo de la CNT era que la familia dueña del obrador retirara las denuncias y aceptara determinadas exigencias.

Ahora, Pedro Sánchez y sus ministros han decidido otogarles un indulto que justifican «por razones de justicia, equidad y utilidad pública», según un comunicado del Ministerio de la Presidencia y Justicia, que asegura que los hechos «se produjeron en el contexto de un conflicto laboral y en el ejercicio de derechos fundamentales», punto que descartan todas las resoluciones judiciales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, una de las figuras más activas en la defensa de este relato, ha celebrado su firma en redes sociales: «Lo hemos conseguido, ya está aquí», decía en un mensaje en BlueSky en el que también recordaba que el sindicalismo «no es un delito» y daba las gracias a «las organizaciones que han defendido su inocencia», pese a que los tribunales siempre han dictaminado en contra.

La medida de gracia, por la que la familia de José y Begoña se considera «ofendida por parte de este Gobierno», queda condicionada a que los condenados no cometan delitos dolosos en un plazo de cuatro años. Sin embargo, el Tribunal Supremo todavía puede tumbarlo, algo que Pablo —que además de ser el hijo, conduce la estrategia legal de su familia en todo este proceso— considera «100% seguro», según explica a THE OBJECTIVE, ya que existen seis razones para ello. Entre ellas, se encuentran la falta de motivación del indulto, «ya que en el BOE no se explica por qué se concede», falta de individualización —Pablo Álvarez aduce que cada una de las seis gracias publicadas son «copiapega[s]»—, y que existen informes en contra del indulto tanto del fiscal jefe como del magistrado sentenciador. A todo lo anterior suma que no ha habido arrepentimiento de los reos y que los argumentos utilizados por el Gobierno han sido considerados falsos por la Justicia.

Ahora, el matrimonio está cerca de su edad de jubilación y se ha marchado a Málaga, donde esperan abrir una nueva pastelería lejos de la ciudad de la que consiguieron echarlos. Tanto ellos dos como su hija fueron diagnosticados con diferentes trastornos depresivos durante aquel trance, explica el hijo, «pero el negocio tenía que abrir todos los días porque era la única fuente de ingresos de la familia».

La empleada, una vez la CNT estaba inmiscuida en el asunto, interpuso otra denuncia contra José, incluyendo una acusación de carácter sexual contra él. Esta acusación —sin pruebas— persiguió al emprendedor durante todo el tiempo que duró la acción sindical, la cual incluyó tanto concentraciones en la puerta de la pastelería como la aparición de carteles por toda la ciudad en los que se le tildaba de «acosador».

«Esta gente pagaba a tres personas para que inundasen la ciudad entera de carteles, no solo la zona donde estaba la pastelería. Y nosotros pasábamos mañana, tarde y noche arrancándolos», relata. «Y, encima, cuando nos veían, nos amenazaban de muerte, pero en aquella época eran solo delitos leves», recuerda Pablo,

El Gobierno, por encima de la Justicia

El indulto del Gobierno llega tras años de polémica alrededor del caso. La prensa local comenzó a hacerse eco del mismo en 2016, cuando aún se trataba como un conflicto laboral entre la trabajadora, que aducía acoso, y el empresario, que denunció a la pareja de esta. En 2021, la cobertura llega al ámbito nacional durante la celebración del juicio y la condena. Es en 2024, con la sentencia del Tribunal Supremo, cuando el caso gana visibilidad y empieza a tratarse en los medios como un debate sobre los límites del sindicalismo.

Las seis de La Suiza ingresaron en prisión en 2025 en medio de campañas de apoyo desde los sindicatos y los partidos políticos afines. Desde entonces se ha construido todo un relato que este indulto, firmado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, termina de consolidar que se trata de una defensa legítima de los derechos laborales de una trabajadora, pese a que nunca se presentaron pruebas del presunto acoso sexual de don José.

Además del recurso que plantearán al Tribunal Supremo, la familia prepara una querella contra Yolanda Díaz por un delito de injurias y calumnias, para la que prevé juicio en junio. La misma se justifica en un vídeo que difundió la vicepresidenta del Gobierno el que da por hecho «el caso de acoso sexual y laboral». «Será todo a partir de la semana que viene».