La Fiscalía pide 80 años de cárcel para la exjefa de ETA 'Anboto' por el asesinato de dos policías
La etarra habría participado en la «preparación de un artefacto explosivo» para acabar con la vida de los dos agentes
La etarra habría participado en la «preparación de un artefacto explosivo» para acabar con la vida de los dos agentes
La portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, ha informado de que ha ampliado la denuncia que ya presentó el pasado 28 de diciembre
«Sería un triste destino que otro Rey falleciera lejos de España, bajo el rótulo del exilio»
El equipo del Ministerio público que lleva la investigación fiscal sobre el Emérito había solicitado una prórroga de las actuaciones, que concluía este 17 de diciembre
Esas pesquisas se prorrogarán hasta junio de 2022, si bien no se tiene porque agotar el plazo completo
Hasta dar el salto a la política, Dolores Delgado ejercía funciones de coordinadora en la lucha contra el terrorismo yihadista
La fiscal general del Estado, María José Segarra, alega los constantes incumplimientos del president a los requerimientos de la JEC
La Junta Electoral Central ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que retiren todos los lazos y esteladas de edificios públicos catalanes
Hace ya bastantes años, un político andaluz – Pedro Pacheco – fue condenado por decir que “la Justicia española es un cachondeo”. Más allá de si es o no un cachondeo, lo cierto es que el sistema judicial está en crisis; en una profunda crisis que requiere cuidados intensivos para salvarlo de una muerte anunciada que viene de lejos. Cada vez más desprestigiado entre los ciudadanos, son los propios miembros de la judicatura – jueces y fiscales – los que ahora han dicho basta y se han puesto en pie de guerra contra quienes no hacen nada por resolver la precariedad, la falta de independencia y las carencias de una administración que requiere una urgente reforma.
La Fiscalía General del Estado ha presentado sendas querellas contra el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los demás miembros del Govern y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los demás miembros de la Mesa del Hemiciclo. La primera ha sido presentada ante la Audiencia Nacional y la segunda, ante el Tribunal Supremo. En ambos casos, la Fiscalía ha presentado la querella contra ellos «por la posible comisión de los delitos de rebelión, sedición, malversación y conexos».
“La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal». Esta es una de la declaraciones transcritas por El País, realizadas por Vidal en sus conferencias. También se recogen otras afirmaciones en las que Vidal revela que el consejero de Exteriores, Raül Romeva, tiene un “preacuerdo” para que una hipotética Cataluña independiente, sin fuerzas armadas, participe en la OTAN aportando ayuda humanitaria, o que la Generalitat tiene en marcha una investigación para identificar a agentes del CNI infiltrados en los Mossos d’Esquadra. La Fiscalía General del Estado ha anunciado este viernes la apertura de una investigación para determinar la veracidad de estas manifestaciones por si el gobierno catalán ha podido incurrir en algún delito.
Vidal, juez al que el Tribunal Supremo suspendió en noviembre de sus funciones por tres años por participar en la redacción de un borrador de Constitución para Cataluña, ha asegurado tras presentar su dimisión que «en ningún momento he querido poner en entredicho que el actual gobierno actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente, y que las decisiones que se tomen en cada momento disfrutarán de la cobertura legal del Parlamento de Cataluña y la Ley de Transitoriedad Jurídica». Además, ha pedido que «no se sobredimensionen las palabras que he pronunciado». El ya ex senador ha suspendido su agenda pública, informa ERC.
Esquerra Republicana de Cataluña es socio de gobierno del Junts pel Sí que preside Carles Puigdemont y cuyo vicepresidente de la Generalitat es el líder de ERC, Oriol Junqueras. Ambas formaciones han salido al paso de las críticas originadas por las declaraciones de Vidal, argumentando que eran «exageraciones» del juez para animar a los ciudadanos a sumarse el proceso independentista. La oposición ha exigido explicaciones «urgentes» en el Parlament. «El gobierno actúa con total transparencia y no hemos obtenido ningún dato ilegal de ningún ciudadano», ha asegurado la portavoz de la Generalitat, Neus Munté.
Madrigal, que ha hablado de desafío al Estado de Derecho» y de «desprecio al ordenamiento constitucional», en ningún momento ha mencionado directamente a la Generalitat catalana, a sus socios o al Parlament. Eso sí, ha avalado la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2015 contra la declaración soberanista del Parlament y ha advertido de que la FGE actuará «si fuera el caso» para impedir que se actúe al margen de la ley y los procedimientos legalmente establecidos. «Algunos invocan la democracia y la libertad para proponer el incumplimiento de las leyes (… ) Esto sugiere que determinados usos de la libertad pueden suponer un peligro para la democracia», ha añadido la fiscal general.
Desde la Generalitat, la consellera de la Presidència de la Generalitat y portavoz del Govern, Neus Munté, ha lamentado estas manifestaciones. “Habla quien no tiene que hablar y no habla quien debería hacerlo, que no es otro que el Gobierno por muy en funciones que esté”, ha dicho en rueda de prensa. Por su parte, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha anunciado que solicitará la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados de Madrigal ante la «gravedad del mensaje».
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