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En enero de 2016, después de años de complicada instrucción del caso Nóos dirigida por el juez José Castro, en la que no faltaron duras críticas contra su persona por haber procesado, nada más y nada menos, que a una hija y hermana de reyes, y con una fiscalía que actuó más como abogado defensor de la real imputada, se abrió finalmente juicio oral contra ella y el resto de los implicados. Frente a las presiones para evitar que la hermana del rey Felipe VI se sentara en el banquillo, la imagen finalmente se produjo y fue portada de los telediarios y periódicos de medio mundo. Está acusada de presunta cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudar al fisco en los ejercicios 2007 y 2008. «Qué ganas tengo de que acabe esto para no volver a pisar más este país», dicen que comentó en un momento del juicio, según han reproducido varios medios nacionales. Y es que la infanta vive desde hace unos años en Suiza con su familia. Su marido Iñaki Urdangarín, ex jugador de balonmano metido a empresario, y su socio Diego Torres, son los principales encausados. El ex Duque de Palma está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él 19,5 años de cárcel. Se esperaba que la sentencia se conociera a finales de este año, pero la complejidad del caso está retrasando la decisión del Tribunal, quizá porque no debe de ser fácil enviar a la cárcel al cuñado del rey.
Si la imagen de una infanta de España en el banquillo acaparó portadas, la del ex vicepresidente y ministro de Economía en los Gobiernos de José María Aznar, además de ex gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, declarando ante un tribunal fue un bombazo mediático. Un año antes, su detención por presunto fraude en el uso de las tarjetas black de Bankia, entidad que también presidió, fue devastadora y supuso el principio del fin de quien en su día fue una de las personas más influyentes del país. A partir de ese momento, las informaciones sobre fraude fiscal, uso de testaferros y actuaciones delictivas le han acompañado. Declaró el pasado mes de octubre en el juicio y el fiscal pide para él cuatro años y cinco meses de cárcel por el uso fraudulento de tarjetas opacas para Hacienda, con las que él y otros 64 directivos de Caja Madrid, primero, y Bankia, después, gastaron más de 12 millones de euros. La sentencia se espera para 2017.
El 4 de octubre comenzó el más esperado de los juicios, el del caso Gürtel, después de más de siete años de instrucción. Un total de 37 acusados que suman 740 años de cárcel, implicados presuntamente en la trama dirigida por Francisco Correa en la que, según la acusación, se amañaron contratos por valor de 353,6 millones de euros en la Comunidad de Madrid, Gobierno de Castilla y León, ayuntamientos de Madrid, Pozuelo, Boadilla, Majadahonda y Arganda del Rey, los consistorios andaluces de Estepona y Jerez, y AENA (el operador aéreo que depende de Fomento). Uno de los mayores escándalos de corrupción sobre el que planea la sospecha y una investigación abierta de presunta financiación ilegal del Partido Popular, con el ex tesorero Luis Bárcenas a la cabeza. En el juicio, Correa aseguró que la sede nacional del PP en la madrileña calle de Génova era «como mi casa», «pasaba más tiempo en la sede del PP que en mi despacho». Demoledor. Además, entre los procesados están Álvaro Perez, alias ‘el Bigotes’, y supuesto conseguidor en la pieza abierta relativa a la presunta trama de corrupción del PP en Valencia. La ex ministra de Sanidad, Ana Mato, procesada como partícipe a título lucrativo por los presuntos delitos que cometió su ex marido, Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, o Pablo Crespo, supuesto número 2 de la trama Gürtel, y ex dirigente del PP en Galicia, son algunos de los encausados en un juicio que sigue su curso.
En 2017 estos tres casos de corrupción seguirán siendo noticia porque, una cosa está clara, las sentencias que se dicten no pasarán inadvertidas para nadie.