El Tribunal Supremo ha rechazado revisar las sentencias firmes dictadas sobre la retroactividad de las cláusulas suelo antes de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de diciembre. La aplicación de esta decisión permitía a los afectados obtener la totalidad de todo lo que les fue cobrado desde la fecha en que la cláusula suelo se empezó a aplicar.
El juez Scott M. Gordon, de la corte superior del condado de Los Ángeles, California, ha denegado la petición de Roman Polanski, de 83 años, para resolver el caso de abusos sexuales que le ha mantenido exiliado de EE.UU. durante más de 39 años.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha afirmado este viernes que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que este asumió las funciones del Parlamento de mayoría opositora representa una «ruptura del orden constitucional» en el país. «En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional», ha dicho la fiscal durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público (MP). Estas declaraciones se producen en un momento de crisis en el país, y tras que la oposición calificara de «golpe de Estado» la decisión del TSJ de asumir las competencias de la Asamblea. El opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado hace más de tres años, ha asegurado este jueves que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las funciones del Parlamento por persistir en supuesto desacato, es la formalización de una “dictadura”. Asimismo, un total de 20 de los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se comprometieron este martes a definir “pasos concretos que contribuyan a identificar soluciones diplomáticas” a la crisis política venezolana.
Los venezolanos han salido a la calle indignados por la decisión sin precedentes adoptada en la noche del miércoles por el Tribunal Supremo de asumir los poderes de la Asamblea Nacional por cometer «desacato», por considerarla un «golpe de Estado».
La justicia francesa ha condenado este martes al terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, conocido con los alias de «Carlos» y «El Chacal», a cadena perpetua por un atentado en París cometido en septiembre de 1974 en el que murieron dos personas y otras 34 resultaron heridas.
La Audiencia Nacional ha absuelto este miércoles a Carlos Vielmann, ex ministro de Gobernación de Guatemala, del delito de asesinato de 10 presos
Las denuncias por violencia de género, las condenas a maltratadores y la adopción de medidas de protección a las víctimas – tanto mujeres como hijos – aumentaron en 2016 en España respecto al año anterior, según se desprende del informe estadístico hecho público este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Hazte Oír, la organización responsable del polémico autobús que circulaba por las calles de Madrid con el mensaje “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”, ha anunciado que cambiará el mensaje, pero que el autobús seguirá circulando a pesar de la prohibición del tribunal. “Vamos a colocar un vinilo, a colocar una pegatina gigante en el autobús para tapar esa parte, vamos a lanzar otro mensaje distinto (…) y el autobús va a seguir circulando”, ha dicho Ignacio Arsuaga, el presidente de la organización, en una rueda de prensa.
El autor del asesinato en masa de Noruega en 2011, el extremista de ultraderecha Anders Breivik, no ha sido tratado de manera inhumana al ser puesto en régimen de aislamiento en prisión, según ha dictaminado el Tribunal de Apelación de Oslo. “Breivik no está, y no ha sido, sometido a tortura o a trato inhumano y degradante”, dice la sentencia. Esta sentencia invalida una de primera instancia que condenaba al Estado por haberlo tratado de manera inhumana.
Clarke, nacido en Birmingham en 1915, ha sido declarado culpable de 17 cargos de abuso sexual, 11 de indecencia con niños y dos tentativas de abusos sexuales serios. Durante el juicio, que ha durado dos semanas, el anciano se ha declarado culpable de nueve de los cargos relacionados con una parte de las víctimas masculinas, pero negó otros 21 cargos de abusos sexuales contra niñas. Durante la sentencia emitida este lunes, el juez Richard Bond QC le dijo: “Usted se presenta como un hombre mayor y frágil. Sin embargo, lo que era fácil de ver era que, a pesar de las declaraciones de culpabilidad, no tiene ningún remordimiento en absoluto”. Clarke afirmó que es “más bien inmune” a los sentimientos.
El juez dijo al jurado que el paso del tiempo no significaba que aquellos que cometieron abusos fueran a escapar de la justicia. Añadió que es improbable que Clarke sea alguna vez liberado. “Aquellos que sufrieron abusos sexuales, incluso en un pasado lejano, pueden descansar y estar seguros de que cualquier queja será tratada con empatía y compasión”, explicó el juez.
Un jurado de Carolina del Sur ha declarado a Roof culpable de los 33 cargos federales a los que se enfrentaba, incluyendo crímenes de odio, asesinato, intento de asesinato y obstrucción a la religión. El veredicto significa que el joven asesino podría pasar el resto de su vida en prisión o estar sujeto a la pena de muerte. El jurado estaba compuesto por nueve estadounidenses blancos y tres negros americanos, que tardaron unas tres horas en llegar a una decisión unánime sobre los cargos. Además de las condenas federales de hoy, Roof también se enfrentará a un juicio por cargos estatales, programado para enero. En junio de 2015, tras cometer la matanza y después de varias horas desaparecido, Dylann Roof, confesó a la policía haber cometido la matanza alegando que quería impulsar una «guerra racial».
El anglicanismo prohíbe a los curas gays casarse con sus compañeros. La jueza Jennifer Eady declaró en su sentencia que el estado no puede imponer a la iglesia el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pemberton “era consciente de que su matrimonio se vería en conflicto con las enseñanzas de la iglesia”, según dice la sentencia. Añade que el parlamento ha permitido una excepción a la iglesia en temas de discriminación de esta naturaleza.
Tras conocer la decisión tomada por el juzgado este miércoles, Pemberton ha declarado que su caso ha creado “nuevos y complejos problemas en la ley”, y puede que lleve de nuevo una apelación a los tribunales. “No es, obviamente, el resultado que mi marido y yo esperábamos. Aprecio que este caso fuera una fuente de esperanza para mucha gente y estoy agradecido de que la jueza haya reconocido su importancia”, ha añadido el capellán.
La Justicia de Camboya rechazó las apelaciones de Khieu Samphan, de 85 años de edad quien jefaturó el Estado camboyano, así como de Nuon Chea, de 90 años de edad, conocido como Hermano número 2. Ambos fueron sentenciados a prisión de por vida en agosto de 2014 al considerarles responsables de crímenes contra la Humanidad, y en septiembre apelaron, proceso que culminó este miércoles con la ratificación de sus condena. El Supremo ha ratificado la condena por las evacuaciones masivas pero ha revocado la causa sobre “exterminio”, puesto que encontró que “los movimientos no establecían, más allá de cualquier duda fundada, el requisito de matanzas a gran escala”. Para las víctimas, se han establacido 11 reparaciones, que incluyen: instaurar un Día nacional para honrar a víctimas y supervivientes de los Jemeres rojos; crear un monumento en honor “para aquellos que ya no están aquí”; terapia para afrontar el trauma a 200 miembros de la parte civil y añadir un nuevo capítulo en los libros para profesores de Historia de la Kampuchea Democrática del Centro de Documentación de Camboya, en el que se aborde las evacuaciones forzosas y las ejecuciones en Tuol Po Chrey.
Los Jemeres Rojos llegaron al poder en 1975 y llevaron a la práctica una reforma agrícola y acciones contra simpatizantes de regímenes previos. Murieron de hambre, fatiga o asesinados, entre 1,7 y 2 millones de camboyanos, una cuarta parte de la población del país, según la Universidad de Princeton. David Scheffer, el enviado especial de las Naciones Unidas para los asuntos del tribunal a los Jemeres rojos, aseguró tras la sentencia que se trata del «momento más importante para la justicia internacional desde los juicios de Nuremberg”.
La sentencia se aplica específicamente a los trabajadores sin una oficina fija, como muchos electricistas, trabajadores sociales, y representantes de ventas, y afectará a millones de empleados del sector público y privado en toda la Unión Europea. El fallo se debe a un caso legal originado en España que implica a Tyco, una compañía que instala sistemas de seguridad. Tyco cerró sus oficinas regionales en 2011, por lo que los empleados tuvieron que viajar desde su casa a las citas de trabajo. Según la resolución del TJUE, que los trabajadores tengan que soportar la carga de la elección de su empleador sería «contrario al objetivo de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores perseguido por la Directiva 2003/88, en el que se inscribe la necesidad de garantizar a los trabajadores un período mínimo de descanso.»
Esta se une a otras sentencias que desde Europa llegan ocasionadas por la precariedad laboral en España, país del que han salido varias denuncias que han llevado al TJUE a dictaminar, por ejemplo, que es ilegal encadenar contratos temporales de forma sucesiva para cubrir una vacante, refiriéndose al caso de una enfermera española contra el Servicio Madrileño de Salud.
El tribunal también ha condenado a otros dos líderes estudiantiles que movilizaron a la ciudadanía en 2014: Nathan Law, sentenciado a 120 horas de trabajos comunitarios, y Alex Chow, condenado a tres semanas de cárcel suspendida por un año. “La ocupación de la Plaza Cívica fue planeada por la Federación de Estudiantes de Hong Kong y Scholarism, y ya sabíamos lo que iba a pasar antes de llevarla a cabo. Estábamos preparados para asumir las consecuencias legales después de participar en un movimiento de resistencia civil”, ha asegurado Wong en un mensaje enviado a través de un vídeo en Facebook. La «revolución de los paraguas» fue la respuesta de los hongkoneses a la decisión del Gobierno de Pekín de restringir la elección por sufragio universal del próximo líder de Hong Kong en 2017. El 31 de agosto de 2014, el Gobierno chino anunció que se limitará el número de posibles candidatos a dos o tres y que éstos tendrán que ser previamente aprobados por un comité consultivo controlado por Pekín, lo que motivó el enfado en la isla.
Karim Mohammed-Aggad formaba de un grupo de activistas que intentó viajar a Siria en diciembre de 2013. Su hermano Foued fue uno de los tres hombres que mataron a 90 personas en la sala de conciertos Bataclan durante un concierto de rock, como parte de una operación terrorista con atentados simultáneos en distintas zonas de París llevada a cabo en noviembre y en los que murieron 130 personas.
Karim y otros seis integristas, de entre 24 y 27 años, fueron acusados de tomar parte en una red islamista de reclutamiento y de recibir entrenamiento del Estado Islámico, cuyos bastiones en Irak y Siria están siendo bombardeados por aviones de guerra franceses. La Fiscalía había solicitado para Karim Mohammed-Aggad diez años de cárcel.
Este tribunal anuló una condena por robo a Roman Ostriakov, un sin techo de origen ucraniano que robó queso y salchichas por valor de 4 euros, y que había sido castigado con 100 euros de multa y seis meses de cárcel. Los jueces han argumentado que la condición del acusado y las circunstancias en las que robó prueban que lo hizo por una necesidad inmediata de nutrirse, por lo que actuó en estado de necesidad, y está exento de pagar por un delito que no es tal.
Una adolescente de 16 años fue asaltada por uno de 17 después de acceder a que este la llevara a casa. Ella estaba claramente intoxicada por el alcohol. En el hospital encontraron ADN del joven en su pierna y en su boca. El joven aseguró que ella accedió a mantener sexo oral, mientras que ella negó acordarse de la escena. Los fiscales le acusaron de sodomía oral forzada, pero el juez desestimó el caso alegando que, según la Ley estatal, el sexo oral no es violación si la víctima está inconsciente.