Helena Maleno: "Europa no es la Europa de los derechos humanos que nos quieren vender"
Helena Maleno ha publicado ‘Mujer de frontera: defender el derecho a la vida no es un delito’, un libro en el que hace un repaso al proceso judicial por el que ha pasado
Helena Maleno es periodista, investigadora y defensora de los derechos humanos, y su faceta de activista es quizá la más conocida de todas. Sin embargo, en los últimos años, las búsquedas de su nombre en Google aparecían asociadas a una acusación de tráfico de personas a la que se enfrentaba en Marruecos, su lugar de residencia desde hace casi dos décadas.
Durante meses, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) elaboró un informe sobre las actividades de Maleno por su actividad y la de la ONG Caminando Fronteras, fundada por ella, una actividad por la que era acusada de un delito de tráfico de personas. La activista avisa a Salvamento Marítimo cuando tiene conocimiento de que una patera ha salido hacia el Mediterráneo y corre peligro, y por eso ha sido acusada de colaborar con las mafias.
Un año después de que el que considera también como su país archivara la causa contra ella, la almeriense ha publicado Mujer de frontera: defender el derecho a la vida no es un delito, un libro en el que hace un repaso al proceso judicial por el que ha pasado y cuenta todo lo que no pudo mientras este estaba abierto.
¿Por qué Mujer de frontera? ¿Por qué el título y la decisión de escribir el libro?
Bueno, Mujer de frontera, el título, es porque yo me considero una mujer de ese espacio, donde opera la necropolítica pero también operan muchas estrategias de resistencia y de lucha. También porque lo cuento en primera persona y cuento cómo mi cuerpo ha sido atravesado a través de un proceso de criminalización por la frontera y eso me hace acercarme a muchas mujeres migrantes, porque ellas también como mujeres son tocadas de diferente manera.
Cuando empezaste, hace años, a recibir y atender llamadas de socorro, ¿eras consciente de que corrías el riesgo de ser acusada de delitos de tráfico de personas?
No, nunca me imaginé que por llamar a unos servicios de rescate esto podría pasar. Una sabe lo que está sucediendo, pero sigue creyendo firmemente en la defensa de los derechos y la verdad es que a mí me sorprendió, me sigue sorprendiendo, y creo que eso es bueno, cada violación y cada vulneración de derechos que se hace, porque no me acostumbro y me resisto.
Evidentemente, salvar vidas, defender el derecho a la vida de otras personas nunca puede ser un delito.
Es verdad que en los últimos tiempos nos dábamos cuenta de que cada vez había más muertes, de que cada vez las compañeras eran más perseguidas por defender sus derechos y que había una vuelta de Europa de criminalizar el apoyo mutuo, la solidaridad y demás. Al principio, la sorpresa para mí es máxima y después aprendo a aceptarla y a asumirla compartiendo con organizaciones internacionales otras historias de defensoras cuyos estados les habían perseguido de la misma manera que a mí me estaba persiguiendo Europa y el estado español.
¿Cómo has vivido todo este tiempo de incertidumbre mientras estaba abierto el proceso judicial?
Siempre confié en la justicia, aunque sabía que era complicado, porque era un dossier de un país tercero y a Marruecos le iba a costar mucho verificar si esa información era real o no. Yo sabía que no lo era, pero sabía que esto iba a ser complicado.
Fueron 15 meses de muchísima angustia, como te puedes imaginar, yo en cualquier momento podía entrar en prisión y podía llegar a cumplir incluso una cadena perpetua. Y tengo dos hijos, y una familia, y tengo gente que me quiere muchísimo, entonces verlos sufrir a ellos día a día fue bastante duro. Pero a la vez, fuimos tejiendo redes de apoyo, redes de resistencia, fuimos haciéndonos más fuertes, y cuando llegó esa decisión, no fue un triunfo mío, individual, sino que se convirtió en un triunfo colectivo.
Durante todos aquellos meses, ¿llegaste a pensar en algún momento en dejar de hacer lo que haces, por miedo o por tu familia?
No. Por miedo no, y hablé con mi familia y les dije “quiero seguir adelante y quiero enfrentar el proceso judicial”. Podría haber adoptado la opción de huir o de hacerlo desde lejos pero yo quise hacerlo en el que también considero mi país, que es Marruecos. Como mi familia estuvo de acuerdo, yo ahí tuve la fuerza absoluta para seguir adelante.
Nunca hubo una duda ni en mi cabeza ni en mi corazón sobre lo que tenía que hacer. La única duda era hacer daño, que sufriera mi gente querida. Pero si no, yo tenía clarísimo que tenía que pelear esta vez y que no estaba sola, además, luchando.
¿Crees que la sentencia puede suponer un empujón para otros activistas y organizaciones?
Claro, esa sentencia era muy importante, porque date cuenta de que quisieron hacer un caso ejemplarizante. Si esa sentencia hubiese sido negativa, el miedo que hubieran tenido otras organizaciones que se dedican a la solidaridad, al apoyo, y las propias personas migrantes… pero se convirtió en un triunfo, y yo creo que eso también ha dado un respiro y también ha dado una fuerza a muchas personas que están en la frontera y dicen bueno, vamos a seguir defendiendo el derecho a la vida.
Yo creo que esta vez se hizo justicia, la hizo Marruecos a pesar de la Policía española, y es un poco una vergüenza que sea la policía de un estado de los estados europeos que se llenan la boca con los derechos humanos quienes persigan y presionen a un país tercero y que ese país tercero les diga que aquello que estaban diciendo que era delito no lo era.
Otra de las cosas que has mencionado como bastante dolorosa dentro de este proceso fue el informe de la UCRIF, que hasta que no ha salido la sentencia no has podido compartir. ¿Qué es lo que te ha llevado a hablar del contenido de este informe ahora?
Yo creo que por responsabilidad democrática. Yo creo que la ciudadanía del estado español debe saber a qué se dedica una policía pagada con nuestros impuestos, que es terrible y bueno, no hay palabras para describir que una policía se dedique a perseguir a defensores de derechos humanos y que se dedique a hacer informes como estos. Ya lo habíamos visto en otras ocasiones cómo la Policía del estado español ha hecho lo que se llama informes cloacas, y este era uno más.
Por responsabilidad democrática y también haciendo una llamada al Gobierno a que debe democratizar las instituciones, sobre todo las fuerzas de seguridad del estado, e investigar estas situaciones.
¿Por qué crees que hay esa dureza en la elaboración del informe sobre ti?
Bueno, porque pensaron que yo era una presa fácil, creo. No era una gran organización, yo siempre he dicho que yo soy una hormiguita. Es verdad que soy una investigadora con cierto reconocimiento por mi lucha contra la trata de seres humanos, paradójicamente. También soy periodista, pero yo creo que pensaron que podía ser una presa fácil en ese caso que querían construir ejemplarizante.
Y finalmente no fue así, porque ya no era yo, sino que era toda una solidaridad internacional que se volcó en mi persona.
Pero es terrible, porque yo pienso en todos los años de investigaciones, en todos los recursos que se han puesto en marcha, en todas las transcripciones de las cajas que había allí, de mis conversaciones y eso es mucha inversión del estado, y la Policía no se tiene que dedicar a eso, se tiene que dedicar a otras cosas.
Dices también que esto ha sido un proceso de criminalización. Tendemos a pensar en otros países como Honduras, El Salvador, como aquellos que criminalizan a los defensores de los derechos humanos, pero ¿sigue España haciéndolo con esa frecuencia que vemos en otros países?
Yo me acerco a todo esto cuando empieza mi proceso de criminalización, es el propio relator de defensores de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales quienes se ponen en contacto conmigo y me explican que yo soy una defensora de derechos y que soy perseguida por los estados al igual que pasa como bien has dicho en Honduras, en México y en otros lugares así. Son ellos los que me explican cómo operan los estados, cómo son las persecuciones.
De hecho, yo inicié un proceso para entender todo esto, para resistir igual que resisten otras defensoras en otros lugares del mundo, y en medio de ese proceso, el propio relator de defensores de derechos de Naciones Unidas alerta y hace un informe alertando de la deriva que está tomando Europa y los gobiernos europeos persiguiendo a personas que defienden derechos, entre ellos los derechos de las personas migrantes, y cita mi caso como un caso paradójico.
Es muy simbólico que en mi dossier que hace la UCRIF también participa Frontex, que es el organismo donde más dinero se ha invertido en control de fronteras y que ya ha sido investigado porque se está dedicando a criminalizar a personas que defienden derechos.
Se ha convertido también en un cuerpo policial bastante opaco, sin control real de las autoridades europeas, que está operando por ejemplo en mi caso, haciendo informes que eran terribles.
Es como una tendencia que también hay en Europa, y Europa no es la Europa de los derechos humanos que nos quieren vender sino que hay vulneraciones muy terribles dentro de los territorios europeos.
¿No te da miedo que te vuelva a pasar esto?
Bueno, otra de las cosas que he aprendido es que la criminalización no termina nunca, yo recibo amenazas, tengo denuncias puestas por las amenazas que recibo, han intentado asesinarme, en fin, yo tengo las denuncias pero paradójicamente mis denuncias no dan resultado ninguno, no se investigan.
Pero es así, yo lo que he aprendido es que tengo que asumir una protección dentro de mi vida cotidiana. Mi vida cambió aquel día, ya no es la misma que era, ya tengo unos temas de seguridad, y sé que mi vida ya no volverá a ser la misma. Entonces bueno, pues no es miedo pero sí es integrar una protección colectiva dentro de todo lo que estamos haciendo.
Hablas mucho también de los saberes de los migrantes. ¿Qué tenemos que aprender de ellos?
Muchísimas cosas. Por ejemplo ahora, cuando hemos estado con todo el tema de la pandemia, hemos empezado a hablar de solidaridad, de apoyo mutuo, de saber quién es el vecino, de autoorganización, de dar de comer a los colectivos más vulnerables… pues eran cosas que a mí me sonaban todo el rato de haberlas visto en los compañeros y compañeras migrantes.
Por ejemplo cuando me acuerdo de los manteros, cuando llegaba alguien a Barcelona y está en la calle y los compañeros los acogen, por lo menos tienen un plato, por lo menos cuando no pueden hacer nada les enseñan la venta ambulante. Ellos dicen que eso es una familia y la Policía española siempre hacía titulares con “la mafia mantera”. Toda autoorganización, todo proceso de solidaridad, se ha criminalizado.
Hemos visto que el sistema es un sistema depredador, con la explotación dentro de los propios territorios, no quiere el Gobierno regularizar a los migrantes que han estado recogiendo las frutas y las verduras para que la gente pudiera estar confinada. Las personas que han estado en primera línea han sido invisibilizadas totalmente y ahora se les niegan los derechos. Todo eso hay que cambiarlo y eso se cambia construyendo de forma conjunta otro relato, con otros saberes y lleno de solidaridad y de apoyo mutuo.
Durante la pandemia, han ganado mucha visibilidad los movimientos que piden la regularización de los migrantes. Esos movimientos llevan ahí desde mucho antes y probablemente seguirán mucho después. ¿Por qué es tan necesaria esa regularización?
Porque no podemos tener en un territorio personas que no tienen derechos dentro del territorio, porque eso es explotación, y eso es esclavitud. Claro, ahora se han visibilizado más.
Decían: “todos juntos contra esta pandemia, sin que nadie se quede atrás”. Es mentira, estamos dejando que una parte de las personas que están en un territorio se quede atrás, y los territorios avanzan juntos, no solo contra los virus, sino que se desarrollan juntos y prosperan juntos, sin dejar a ninguna persona atrás.
No se están pidiendo derechos, se exigen, porque una persona nace con todos sus derechos reconocidos, y lo único que tiene que hacer el estado es no negárselos.
Otra queja que ha surgido estos días es que el ingreso mínimo vital deja fuera a los inmigrantes irregulares. ¿Por qué deberían estar incluidas estas personas?
Pues por lo mismo, porque estamos diciendo que nadie tiene que quedarse atrás, ninguna persona dentro de un territorio, y ellos y ellas forman parte de este territorio, de esta ciudadanía. El que no sean reconocidos es terrible porque lo que estamos dando a entender es que hay ciudadanos y hay esclavos y esclavas, y eso ya el sistema de por sí funciona de esa manera, pero ahora es como darle visibilidad política.
El Gobierno tiene que ser valiente. Seguramente tiene un discurso de extrema derecha tan fuerte detrás que no da ese paso y que bueno, que le permite dar un paso pequeño que es integrar a mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia.
Pero es que hay violencias estructurales del sistema, la violencia de un sistema que está permeado por el racismo institucional, hay que reconocer todas las violencias.