Las ONG en Venezuela, asfixiadas por el último golpe del chavismo
El régimen chavista militar cívico de Nicolás Maduro ha comenzado una ofensiva contra las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), y abre un nuevo frente en su estrategia por imponer su poder hegemónico en Venezuela, después de anular a los partidos políticos opositores y a otros adversarios
Daniel Hernández | El Estímulo
Con unas elecciones legislativas forjadas a la medida del régimen, en la que ya se sabe que todos los diputados de la Asamblea Nacional serán chavistas o de alguna forma aliados o socios del régimen, la próxima jugada está cantada y ya ha comenzado: apretar el control sobre las ONG y entidades de ayuda humanitaria que operan en este país hambriento y en crisis[contexto id=»381721″] perpetua, para silenciar sus denuncias. Este domingo 6 de diciembre el chavismo se propone darle un golpe de gracia a los partidos políticos de oposición que durante 20 años lo han mantenido a raya y han sido un obstáculo al completo totalitarismo. Ahora el régimen viene por más, tal y como han advertido los expertos.
En Venezuela las ONG nacionales e internacionales han tenido un papel social muy activo y protagónico. Ahora, con el empeoramiento de una crisis que causa estragos en la población equivalentes a las que hubiera dejado una guerra o un desastre natural de gran magnitud, esta labor se ha vuelto políticamente más peligrosa para el sistema socialista.
El capitán Diosdado Cabello, uno de los chavistas más radicales y furibundos, presidente de la Asamblea Constituyente, ya advirtió que una de las primeras leyes que aprobarán en la nueva Asamblea Nacional (Congreso) sería la de prohibir el financiamiento internacional a las diferentes organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales que trabajan en el país.
El chavismo no puede seguir permitiendo que «potencias extranjeras» continúen financiando a políticos y ONG «que conspiran contra el país». Así lo afirmó en su patibulario programa Con el mazo Dando, transmitido por el canal de propaganda oficial VTV, citado por Radio Fe y Alegría.
Tras la amenaza de Cabello, la Superintendencia de Bancos (Sudeban), dio una primera señal inequívoca del control por el lado de la financiación, con lo que el régimen se prepara para golpear la columna vertebral de las ONG.
Por el lado del bolsillo
La Sudeban insta al sector bancario nacional a «implementar medidas para fortalecer los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear todas las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por las organizaciones sin fines de lucro», expresó el organismo oficial en un comunicado.
La ONG ‘Acceso a la Justicia’ ha advertido en un boletín reciente elaborado por abogados expertos que esa decisión de Sudeban no es una simple directriz o instrucción para evitar el uso del sistema financiero en actividades ilícitas.
«Se trata de una acción que se encuadra en el plan sistemático de asfixia y hostigamiento diseñado contra las ONG, que atenta contra su funcionamiento y pone en entredicho el ejercicio de los derechos constitucionales a la asociación y la participación ciudadana en los asuntos públicos», afirma.
Es una nueva amenaza para restringir la labor de las agrupaciones sin fines de lucro que trabajan en el país, derivada del arbitrario y férreo control impuesto desde Miraflores.
«El cerco que el chavismo viene tendiendo a la sociedad civil organizada se estrecha», ha advertido la entidad.
ONG bajo escrutinio
La orden expresada por Sudeban sigue a la que se ha dado a las organizaciones internacionales que operan en el país para que se inscriban en un «Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas», para continuar operando en Venezuela.
«La circular de Sudeban menoscaba la libertad de asociación, uno de los pilares de la democracia junto a la libertad de expresión; y además pone en riesgo el funcionamiento de las organizaciones civiles, de las cuales dependen miles de venezolanos», resalta Acceso a la Justicia.
La norma dictada por Sudeban se afinca en «el propósito de identificar a las personas naturales o jurídicas que reciben o envían fondos desde o hacia esas organizaciones y de este modo detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva».
El chavismo indistintamente usa el expediente de acusar de terroristas, traidores de la patria, agitadores o enemigos de la revolución a todos sus adversarios políticos. Estas etiquetas ahora tendrán un uso expedito a través del control financiero.
Todas en jaque
En Venezuela las ONG han sido un frente de trabajo social constante a favor de las comunidades más empobrecidas, llevando alimentos y medicinas a niños y familias desnutridas. También, defienden legalmente a víctimas de la persecución política, denuncian y enfrentan ecocidios, promueven el deporte como forma de convivencia en barrios violentos y atienden olvidadas comunidades indígenas y peligrosos barrios caraqueños.
En los últimos años, entidades extranjeras y embajadas de países democráticos también han apoyado financieramente a algunos medios de comunicación digitales emergentes.
Este periodismo independiente también amenazado se resiste a la hegemonía comunicacional y al férreo control que ejerce el chavismo en el sistema de medios tradicionales públicos de propaganda, y en la radio y TV privadas.
Trabajo reconocido
En el ámbito de la salud, la ONG ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA trabaja en la respuesta al VIH/SIDA «con acciones exitosas dirigidas a asistir, promocionar y defender los derechos humanos de las personas que viven con VIH y SIDA, y poblaciones vulnerables».
Trabaja gracias a donaciones y colaboraciones; aportes de empresas comprometidas con la responsabilidad social; y con el apoyo de programas específicos por organismos nacionales y la cooperación internacional.
Este 1 de diciembre, en el Día de la Respuesta Mundial al VIH/Sida, esta ONG presenta un duro diagnóstico que desarma la propaganda del régimen: «De las 120.000 personas con VIH estimadas en Venezuela, apenas un 40% recibe el único tratamiento antirretroviral existente en el país como es el antirretroviral combinado Tenofovir + Lamivudine + Dolutegravir (TLD) donado por el Fondo Global de lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria. El otro 60% se encuentra sin acceso a los otros 30 tipos de antirretrovirales, por presentar un 64% de desabastecimiento, debido a que el Estado venezolano no los adquiere desde el año 2016. Sus vidas se encuentran amenazadas».
«En Venezuela, más de 13.000 personas con VIH y SIDA que ingieren tratamiento antirretroviral han expresado tener hambre, la mayoría ha afirmado que ingiere una sola comida diaria», agrega el documento.
En un país que está quebrado, con el 90% de la población hundida en la pobreza, falta de servicios básicos esenciales, desnutrición creciente entre niños y madres; un sistema de salud colapsado, un sistema educativo ya en emergencia antes de que la pandemia del coronavirus paralizara escuela, liceos y universidades, la labor de las ONG es crucial para una sociedad enferma.
Voces en la oscuridad
El respetado activista Feliciano Reyna, fundador de Acción Solidaria, afirma que, en efecto el régimen de Maduro se propone arbitrariamente intervenir en asuntos de las ONG y organizaciones humanitarias internacionales.
«En la medida en que pueda haber un deterioro de todo el sistema de partidos en un momento nuevo, termina quedando la sociedad civil con un papel muy importante a seguir jugando y sería como un actor mas contra el cual accionar», ha asegurado.
Como parte de una comunidad de más de 200 organizaciones de derechos humanos, autónomas e independientes, «que por años han resistido políticas de restricción, intimidación y represalias del Estado venezolano», Reyna fue una de las voces determinantes en la 41ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, 5 de julio de 2019.
De ese diálogo presidido por Michelle Bachelet salió la comisión de expertos cuyo informe de octubre envió al mundo un mensaje claro sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
«El desmantelamiento del Estado de Derecho y la descomposición general del Estado se manifiestan en un sufrimiento humano generalizado, violencia social y en políticas estatales de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, represión y persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, para castigar a quienes ejercen sus derechos, incluyendo a la disidencia política y a diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, muchos de ellos arbitrariamente detenidos, perseguidos o en el exilio. Estos abusos, reflejados por la Oficina de la Alta Comisionada, son parte de una práctica sistemática», resumió Reyna en aquella intervención.
Esos señalamientos fueron después verificados y probados por la comisión de expertos que difundió el demoledor informe de la ONU.
Por eso, la labor de las ONG también puede ser subversiva para el régimen.
Si los polítiqueros del gobierno hicieran la mitad de lo que hace la red de venezolanos que se involucran en @alimentasol y las diferentes ONGs de #VENEZUELA saldríamos de la crisis.El gobierno miente contra ellos para que sea la única ayuda que reciba la población dependa de N.M pic.twitter.com/moMvJA8BW0
— Beatriz Adrián (@Beadrian) November 30, 2020
La labor de las ONG deja en evidencia un estado insolvente, incapaz de satisfacer las necesidades mínimas de la población en términos de servicios, infraestructura y atención a los más pobres.
Para ‘Acceso a la Justicia’, la medida de Sudeban restringe los derechos y bienes de las organizaciones civiles a las que se les pretenden «fiscalizar sus movimientos financieros o transacciones bancarias», de acuerdo a los criterios del gobierno de Maduro, sin ningún tipo de objetividad. Esto implica «una limitación absoluta de la autonomía de las asociaciones sin fines de lucro».
«Esta decisión coincide con el hostigamiento que sufren las organizaciones Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive y su directivo, Roberto Patiño, desde el pasado 20 de noviembre», señala la ONG.
Ambas agrupaciones operan 239 comedores en 14 estados del país, los cuales atienden a 25.000 niñas y niños, así como a sus familias bajo el aval del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas (ONU).
La solidaridad criminalizada
Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive son dos organizaciones impulsadas por un antiguo graduado de Harvard y líder social llamado Roberto Patiño, un líder comunitario que ahora es perseguido del régimen.
Estas dos organizaciones trabajan bajo un sistema de donaciones y aportes diversos, de las propias comunidades y de un animado voluntariado. En sus comedores infantiles cocinan mujeres de los propios barrios. También promueven la convivencia en lugares violentos.
Son muchas las organizaciones que estamos tratando de contribuir a revertir la tragedia de la inseguridad alimentaria en Venezuela, en vista de la ausencia de Estado que no cumple su responsabilidad de garantizar a los venezolanos este derecho fundamental. pic.twitter.com/LTSfOuZ8Ku
— Roberto Patiño (@RobertoPatino) November 17, 2020
Un prontuario de ataques
Ya la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, así como la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, contienen un modelo de reglas y controles que limita el financiamiento internacional en el país.
Además, se mantiene firme la estrategia gubernamental de coacción contra las organizaciones civiles, que va a contracorriente de los estándares internacionales en la materia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado: «Las defensoras y defensores tienen derecho a solicitar y obtener recursos económicos que financien sus tareas y (…) los Estados deben garantizar de la manera más amplia posible el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos».
Entre 2018 y 2019 se registraros 121 ataques y agresiones contra defensores y organizaciones civiles, según un informe elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura, la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas, el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) y el Centro para los Defensores y la Justicia.
El abogado Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, ha señalado que el régimen de Maduro sigue el guion impuesto por los sandinistas en Nicaragua. «Eso de quitarle los partidos políticos a sus dirigentes y dárselos a amiguitos del régimen lo inventaron los nicaragüenses», señala Daniels.
«Ahora quieren seguir el otro camino que hicieron en Nicaragua: de ilegalizar las ONG, donde les quitaron la personalidad jurídica y les confiscaron sus bienes …Se están dando cuenta de que las denuncias de las ONG tienen impacto internacional y quieren poner freno a eso», expresó Alí Daniels a El Estímulo.
De cara al escenario internacional, el trabajo de las ONG y de los medios de comunicación digitales independientes es el que ha logrado exponer las graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro recogidas en un informe de la ONU.
Las denuncias también están recogidas en informes de Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile que es hoy alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Escenario peor
Las acciones del gobierno de Nicolás Maduro tienen el objetivo final de obstaculizar el trabajo de las ONG, tal y como ha señalado Carolina Jiménez, directora de Investigación para América de Amnistía Internacional.
«En diversas ocasiones hemos visto no solo intentos de acciones legales muy negativas sino uso de la fuerza contra personal, confiscación de bienes congelación de cuentas, allanamientos de sedes». Jiménez ha añadido que el caso del hostigamiento contra Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive es una manera que el gobierno nacional ha tenido de criminalizar la solidaridad.
«Esto es particularmente grave en un país en donde existe una emergencia humanitaria compleja que ha implicado que las ONG tengan un rol mucho más prominente y mucho más urgente. Porque en un país donde una de cada tres personas está en situación de inseguridad alimentaria el trabajo humanitario se vuelve urgente, necesario», ha señalado en declaraciones a El Estímulo.
Las ONG contra el silencio
El contundente informe de la ONU, documentando y denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que comete Maduro, muestra patrones sistemáticos y generalizados de represión, mostrando evidencias para calificarlos como crímenes de lesa humanidad.
«Es sumamente importante entender que la política de opacidad que ha caracterizado al gobierno de Maduro siempre se ha visto limitada en su efecto último que es querer ocultar la verdad, por el trabajo que hacen las ONG», ha afirmado Jiménez.
«Tanto organizaciones no gubernamentales venezolanas, como las internacionales que tienen o hacen vida en Venezuela, han dado una gran batalla contra esa política de ocultamiento que tiene el gobierno de Maduro sobre estas realidades tan duras y que afectan a tantas familias víctimas de violaciones de los derechos humanos»
Los instrumentos legales, decretos, buscan restringir la presencia y la actuación de ONG de internacionales y nacionales. También imponer un régimen de silencio cuando se trata de que las denuncias puedan llegar fuera de las fronteras de Venezuela.
«No solo ha sido altamente represivo, sino que ha creado un clima de mucha hostilidad y hostigamiento contra la sociedad civil. Este clima podría ser aún peor, y los obstáculos contra la sociedad civil podrían incrementarse y eso es muy grave», concluye sobre las perspectivas después de las elecciones del 6 de diciembre.
Cuando se criminaliza la solidaridad, se lesionan los derechos de quienes la promueven, de quienes la reciben y de la sociedad entera.
En un país en emergencia humanitaria como Venezuela🇻🇪, con acciones cómo estas perdemos todos 👇#Solidaridad con @MiConvive y @alimentasol https://t.co/ZyKdbGBJi1— Carolina Jimenez Sandoval (@cjimenezDC) November 26, 2020
