Según los datos del CIS, el 84% de los españoles está a favor de la legalización del cannabis con fines terapéuticos y el 47% defiende su legalización en todos los casos. Cientos de empresas se dedican a actividades económicas relacionadas con la planta. Pero los pacientes que la utilizan como medicamento dependen del mercado negro. Con el avance de la regulación en todo el mundo, Uruguay, Canadá y Estados Unidos a la cabeza, el debate sobre la legalización resurge en nuestras fronteras, mientras la clase política huye de cualquier propuesta. ¿Se dará respuesta, algún día, a estas cuestiones en nuestro país?
La situación del cannabis es España es, cuanto menos, paradójica. Su consumo está socialmente aceptado y buena parte de la población es favorable a su legalización. Existen cientos de empresas vinculadas al cultivo, producción e investigación de la planta, que en nuestro país mueve millones de euros. Además, nuestro clima y experiencia en el sector nos colocan como uno de los países que más podrían beneficiarse de su comercialización. Sin embargo, todo esto ocurre alrededor de una sustancia ilegal a la que solo se puede acceder a través del mercado negro.
Según los datos del CIS, en España el 84% de los ciudadanos está a favor de la legalización del cannabis con fines terapéuticos y el 47% defiende su legalización en todos los casos, lúdico o recreativo incluidos. El Ministerio de Sanidad cifra en un 7,3% el porcentaje de españoles que ha declarado haber consumido marihuana durante el último mes, lo que se traduce en unos 322.000 ciudadanos. Y el Observatorio Español del Cannabis Medicinal (OEDCM) estima que la cifra de pacientes que utilizan el cannabis con fines terapéuticos alcanza hoy las 120.000 personas.
“Es una realidad que el consumo de cannabis está integrado en la sociedad y así lo demuestran distintas encuestas oficiales como la del Plan Nacional sobre Drogas, que establece que existe una mayoría social a favor de una regulación responsable del cannabis en personas adultas. Un tercio de la población española ha consumido cannabis alguna vez, cuatro millones de personas lo consumen al menos una vez al año y 800.000 personas lo hacen a diario”, señala en este sentido Bernardo Soriano, CEO de S&F abogados y portavoz de la plataforma Regulación Responsable.
Desde una perspectiva económica, todas las previsiones son espectaculares. Pero limitándonos al presente, basta una muestra. Desde 2002 en Barcelona se celebra Spannabis, la mayor feria dedicada al cannabis de Europa con 18.000 metros cuadrados, cerca de 300 empresas participantes y unos 30.000 visitantes en su última edición, celebrada en 2018. Tal es su valor que en 2019 el grupo estadounidense High Times anunció la adquisición de la pyme que organiza el evento, La Feria del Cáñamo SL, por ocho millones de dólares. Aunque finalmente el acuerdo no fructificó, los americanos cifraron los ingresos de la empresa española en 2,3 millones de euros en 2017.
“España es un país con unas posibilidades enormes para el cultivo de cannabis por nuestra climatología, por la implantación que tiene el sector y los grandes profesionales que hay. Somos un país puntero con mucha diferencia sobre el resto. Pero igual que ocurre, por ejemplo, con la energía solar, en vez de ser la referencia estamos a la cola viendo cómo otros países que no nos deberían hacer competencia nos están pasando por la derecha porque nuestros gobernantes no son valientes y nuestros políticos no están comprometidos”, continúa diciendo Bernardo. “Es un tema que no quiere afrontar nadie, pero cuando se ha hecho ha salido bien y no ha habido mayores complicaciones en ningún sitio”, añade para repasar los grandes hitos del último lustro.
“Antes, cuando era solo Uruguay, [los críticos] decían, es un país del cono sur, con tres millones de habitantes, es un experimento. Bueno, ese experimento ya lleva activo seis años. Canadá, un país del G7, de la entidad Naciones Unidas, tiene ya regulado el cannabis recreativo y no se ha juntado el cielo con la tierra. En Estados Unidos en muchos estados ya está funcionando. Todo son feedbacks positivos. Por supuesto, hay cosas a mejorar cuando se implementa algo nuevo. Pero básicamente lo que habría que hacer es analizar de una forma seria todas estas realidades y adaptarlas a la nuestra de una forma responsable”, insiste repitiendo el mantra de su organización.
La regulación actual: desfasada e incoherente
Antes de hablar de los escenarios posibles, de las ventajas o inconvenientes de una u otra forma de legalización, cabe prestar atención a la regulación actual. Que no solo se ha quedado, visto nuestro entorno, desfasada, sino que, en palabras de Soriano, resulta “un tanto incoherente”.
“El consumo de cannabis en todo caso es ilegal porque no está autorizado por un médico, que es lo que establece la Ley de Estupefacientes, una ley preconstitucional del año 1967. Aunque el consumo sea ilegal en todo caso no es sancionable si se hace en un ámbito privado porque la ley que sanciona el consumo de cannabis es la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, cuyo ámbito de aplicación es la vía pública. Por tanto, aunque estés haciendo algo ilegal, que es consumir cannabis en tu casa, esa conducta ilegal no sería sancionable”, explica.
“El cultivo de cannabis, cuando no tiene trascendencia penal y es para uso personal, no es delictivo, pero sigue siendo ilegal porque no está autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”, a la que volveremos más tarde, “y también puede ser sancionable. La Ley Mordaza establece que los cultivos de cannabis en lugares visibles al público cuando no tengan trascendencia penal serán sancionables. Entonces, existe la posibilidad de que un cultivo, que en todo caso es ilegal, no sea delictivo si es para autoconsumo, y que no tenga trascendencia penal si se hace en un lugar no visible al público”, continúa diciendo.
“Como no hay una regulación del número de plantas o la cantidad de cannabis que se puede cultivar, cuando la policía detecta un cultivo en un lugar visible al público abrirá unas diligencias penales de investigación. Un juez instruirá el procedimiento y verá si esas plantas son para uso personal, no solo teniendo en cuenta la cantidad, sino todos los hechos que rodean al cultivo. Si el juez determina que no tiene trascendencia penal lo devolverá a la vía administrativa. Si está en lugar visible te sancionará y, si no, no te sancionará, pero las plantas ya te las habrán quitado”, concluye sobre la enrevesada normativa.
Activistas y lobbies, ¿unidos por la regulación?
Desde comienzos de los años 2000, el movimiento antiprohibicionista cannábico trabaja en España por visibilizar todas estas contradicciones, estableciendo contactos con los entes encargados de la regulación y ofreciéndoles propuestas técnicas respaldadas por profesionales. Pero ante el reciente avance de la regulación del cannabis en todo el mundo, lobbies empresariales e inversores se han sumado a sus demandas, aumentando la presión sobre la clase política.
Muestra de ello fue la celebración, el pasado mes de febrero, de Cannabis Europa Madrid, un foro global donde inversores, empresas, laboratorios, científicos y pacientes de todo el mundo se reunieron para discutir la oportunidad que representa la legalización del cannabis medicinal en España. Según sus predicciones, un mercado potencial de 40 millones de euros que podría alcanzar los 500.000 pacientes.
“Ahora mismo la Agencia Española del Medicamento, que es la autoridad competente que da permiso a grupos y entidades para el cultivo de cannabis, ofrece dos tipos de licencias para este cultivo: uno, con fines de investigación, y otro, con fines de producción y fines médicos”, explicó Guillermo Moreno Sanz, bioquímico y fundador de Abagune Research, a The Objective. “El cultivo de cannabis no psicoactivo, con menos del 0,2% de THC, y con usos distintos del médico como son la fibra, la producción de aceite o de semilla, no está bajo la jurisdicción de la Agencia Española del Medicamento. Pero todo lo que es cultivo de cannabis psicoactivo, más del 0,2% de THC en España, o cultivo de cannabis no psicoactivo con fines medicinales, como producción de CBD, sí necesita autorización”, aclaró.
“Actualmente hay una serie de compañías que tienen licencia para investigación, grupos de carácter agronómico o biomédico, que investigan sus propios procesos con el objetivo último, normalmente, de desarrollar tecnología o capacidades que les permitan después posicionarse dentro del mercado productivo. Y luego hay una serie de licencias de producción que, dado que no hay un mercado legal en España, uno de los requisitos que pide la Agencia es que el 100% de la producción se exporte o se destruya como en el caso de la investigación”, añadió Moreno Sanz.
Resumiendo, apenas una decena de empresas poseen estas licencias en España, territorio que, por tanto, no solo es líder en investigación, sino que también cultiva y produce cannabis para el mercado extranjero. “Lo que necesitamos es un entorno legal más definido, que permita a la industria y a nuestros potenciales clientes, que son los que faltan aquí, operar de manera regular, y no el modelo actual, que intenta saltarse toda esta locura”, confesó José Antonio de la Puente, CEO de Linneo Health, una de las compañías autorizadas y heredera de Alcaliber, empresa del magnate Juan Abelló especializada en la producción de morfina como dueña del monopolio del opio en España.
Las distintas opciones para la legalización del cannabis
Como señala Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia, la investigación del cannabis es reciente, pero ya supera los 50 años. “Obviamente tenemos algunos efectos secundarios, pero con el conocimiento científico que tenemos acerca de los componentes activos de la planta y la posología podemos compensarlos bien para obtener un efecto terapéutico en el terreno medicinal o una seguridad de uso aceptable en el terreno recreativo”, afirma.
Desde el punto de vista de los pacientes, Carola Pérez, presidenta del OECM y fundadora de la asociación sin ánimo de lucro Dos Emociones, subraya: “Existen más de 20.000 estudios científicos a favor del uso del cannabis medicinal, los mismos que han hecho falta con el paracetamol, el omeprazol o el Valium”. Y añade: “La regulación medicinal es urgente y prioritaria. Pero estamos a favor de una regulación integral. Porque hay que proteger siempre al usuario y es mejor que esté en manos del estado que del narco”. De manera que, en opinión de todos, la discusión ahora radica en definir el cómo.
La propuesta de Regulación Responsable se llama los cinco pilares del cannabis. En palabras de Soriano: “Primero, sería el autocultivo para uso personal. Segundo, clubes sociales de cannabis bien entendidos, con un control para que funcionen realmente como entidades sin ánimo de lucro, democráticas, asamblearias y participativas. Tercero, un acceso en circuito comercial como cualquier otro producto de consumo, un sistema de licencias de producción, manufactura y venta. Y cuarto, acceso al cannabis medicinal a través del sistema sanitario sufragado por el estado sin perjuicio de que estos pacientes puedan acceder a las otras vías de acceso antes mencionadas. El último pilar sería establecer políticas educativas preventivas de cara a la reducción de riesgos y a que nuestros menores inicien ese consumo lo más tarde posible, sepan lo que hacen o que no lo inicien en el mejor de los casos”.
Porque “el cannabis”, reitera el abogado, “no es una sustancia inocua. Tiene que estar controlada, tiene que regularse de una manera responsable en personas adultas y hay que velar porque esa regulación se haga efectiva, con unas normas, un cumplimiento y un control por parte de la administración, sobre todo, velando por proteger a las personas menores”, afirma. Y abunda en esta cuestión diciendo: “Creo que una regulación en España no debería contener ningún tipo de publicidad ni apología del consumo. Habría que huir de reclamos, marketing, publicidad y, simplemente, dar acceso legal al que ya consume y no fomentar que otros inicien ese consumo”.
En 2016 Regulación Responsable comenzó a mantener reuniones con todo el arco parlamentario para intentar hacer avanzar este debate y presentó varias propuestas que, de momento, no han avanzado. El gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos hizo renacer sus esperanzas, pero con la crisis del coronavirus cualquier conversación ha quedado paralizada. De retomarse, muchos coinciden en que la regulación del cannabis probablemente continúe a dos velocidades: primero, uso medicinal, y después, consumo recreativo. “Es obvio que hay un mayor apoyo al cannabis medicinal. Quién estaría en contra de que una persona tuviera acceso a un tratamiento que aliviara su sufrimiento. Pero realmente son cosas distintas. Una es divertirse y actuar libremente. Y otra, cubrir las necesidades médicas de una persona. Es una dicotomía absurda”, defiende Soriano, quien, a pesar de las dificultades, se muestra optimista.
El futuro de la conversación, como prácticamente todas nuestras vidas, ha quedado aplazado sine die ante la pandemia del Covid-19. Hasta que se retome, y a modo de conclusión, Guzmán recuerda: “Las políticas antidroga está claro que han fracasado en este último siglo, muertos, violencia, mercado negro. Así que tendremos que pensar en otras políticas más dirigidas a la educación y no a la represión. El cannabis es la sustancia ilegal más consumida en el mundo y, aunque tiene riesgos para la salud, se pueden acotar para hacerla segura”.
