La violencia interna obliga a dimitir al primer ministro de Sri Lanka
Desde hace meses, este pequeño país insular de 22 millones de habitantes del sur de Asia sufre escasez de productos alimentarios, combustible y medicamentos
Manifestantes y simpatizantes del gobierno se enfrentan frente a la residencia oficial del primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa. | Ishara Kodikara (AFP)
Las manifestaciones y protestas paralizan Sri Lanka. Tras meses de manifestaciones, en las que la población ha ido expresando su descontento por la incapacidad del Ejecutivo para sortear la mayor crisis económica de la isla desde su independencia del yugo colonial británico, la huelga general de este fin de semana ha supuesto un salto cualitativo en la escalada de tensión de la isla.
Este lunes, el primer ministro de este país, Mahinda Rajapaksa, se ha visto forzado a dimitir después de que los violentos enfrentamientos de este fin de semana entre sus simpatizantes y manifestantes antigubernamentales causaran cinco muertos, uno de ellos un diputado, y más de 150 heridos. El responsable de 76 años ha enviado su carta de renuncia a su hermano menor, el presidente Gotabaya Rajapaksa, abriendo el camino para un «nuevo gobierno de unidad», según su vocero Rohan Weliwita.
La renuncia llega después de que miles de simpatizantes del gobierno, armados con palos y porras, atacaran el lunes a los manifestantes que acampan desde el 9 de abril delante de la oficina presidencial. Horas antes, en el Temple Tree, en su residencia muy cercana a los despachos presidenciales, Mahinda Rajapaksa había prometido «proteger los intereses de la nación» ante unos 3.000 simpatizantes, traídos en autocares procedentes de zonas rurales.
Al salir, atacaron las tiendas de campaña de los manifestantes y quemaron sus pancartas. Aunque la policía lanzó gas lacrimógeno y recurrió a cañones de agua para intentar dispersar los enfrentamientos, las autoridades han tenido que inmediatamente al toque de queda generalizado, amparados en el estado de emergencia declarado por el presidente el pasado viernes.
Durante los altercados, en las afueras de la capital, un diputado del partido gobernante, Amarakeerthi Athukorala, abrió fuego contra unos manifestantes que bloqueaban su coche y mató a uno de ellos, según la policía. Luego intentó refugiarse en un edificio cercano, donde fue encontrado sin vida tras suicidarse. Su guardaespaldas también fue hallado muerto en el lugar, agregó la policía de Sri Lanka.
150 hospitalizados y llamados a la calma
El presidente Rajapaksa, que es uno de los blancos habituales de las protestas populares, ha condenado los actos violentos y a aquellos que los incitan «independientemente de sus tendencias políticas», según un mensaje en Twitter. «La violencia no resolverá los problemas actuales», ha escrito. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Sri Lanka, Julie Chung, ha condenado la violencia perpetrada «contra manifestantes pacíficos» y ha instado al Gobierno a abrir una investigación en profundidad de los hechos.
Desde hace meses, este pequeño país insular de 22 millones de habitantes del sur de Asia, independiente desde 1948, sufre de grave escasez de productos alimentarios, combustible y medicamentos. El colapso económico comenzó a sentirse luego de que la pandemia del coronavirus cortara los ingresos por turismo y remesas.
Además, la enorme deuda externa, estimada en 51.000 millones de dólares, llevó al gobierno a decretar el 12 de abril una moratoria de pagos. A pesar de esto, los escándalos de corrupción no paran de sucederse, por lo que los manifestantes reprochan a los hermanos Rajapaksa en el poder de haber hundido el país en esta crisis y piden su dimisión.
El jefe de la oposición, Sajith Premadasa, intentó acercase a la zona de los enfrentamientos pero fue atacado por la muchedumbre y tuvo que ser rápidamente evacuado por el personal de seguridad. El viernes, el presidente decretó el estado de emergencia por segunda vez en cinco semanas, y otorgó poderes ampliados a las fuerzas de seguridad, por ejemplo autorizando la detención de sospechosos durante largos periodos sin supervisión judicial. También autorizó el despliegue de militares para mantener el orden, como refuerzo de la policía.
A pesar de esta respuesta del Ejecutivo, la crisis parece estar muy lejos de acabar. El dirigente sindical Ravi Kumudesh ha advertido este fin de semana que movilizaría a los trabajadores del sector público y privado para que asalten el Parlamento de Sri Lanka en su apertura el 17 de mayo.
