Bruselas critica la reforma de las pensiones de Escrivá y avisa de que disparará el gasto público
La segunda parte de la misma está ligada al cuarto pago de 10.000 millones del los fondos Next Generation
Una persona mayor observa el tráfico en la glorieta de la Cruz Roja de Oviedo, con la iglesia de San Julián de los Prados al fondo | Europa Press
Aún sin recibir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation en los que incluye la última pata de la reforma de pensiones que hizo Escrivá cuando éste era ministro de la Seguridad Social, este viernes, la Comisión Europea ha comunicado que España es el país de la UE donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones debido al impacto de las reformas del sistema, que según Bruselas supondrán un incremento del gasto de hasta 4,6 puntos porcentuales del PIB en el periodo de proyección, que abarca hasta 2070. Es decir, más de 60.000 millones de euros -concretamente 64.000 millones- como recoge en redes sociales el inspector de Hacienda, Francisco de la Torre.
«En resumen -señala el Informe de Envejecimiento de 2024 publicado este viernes por el Ejecutivo comunitario-, las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070».
Estas reformas hacen referencia a la nueva indexación en base al IPC aprobada en 2021 y la eliminación del factor de sostenibilidad de 2023 que da paso al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, dos banderas con las que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo campaña y utilizó como arma arrojadiza contra el Partido Popular.
Además, la segunda parte de esta reforma, que debe garantizar la sostenibilidad a la largo plazo del sistema y que incluye la revisión del periodo de cómputo de la cotización, está ligada al cuarto pago de más de 10.000 millones de euros del plan de recuperación, todavía pendiente de aprobación por parte de la Comisión, cuya evaluación llegará el 20 de mayo.
La UE afea la indexación al IPC
Precisamente fue hace justo un año cuando THE OBJECTIVE entrevistó a la eurodiputada alemana, Monika Holmeier, quien afirmó que la reforma de las pensiones de España no se podía hacer de espalda a la CEOE, planteando serias dudas sobre las sostenibilidad del proyecto de Escrivá.
En este mismo sentido se ha pronunciado, también en redes, la eurodiputada del Partido Popular, Isabel Benjumea, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, recordando que su formación ya advirtió que sucedería esto, como otros organismos, entre ellos, la Airef, que puede poner en peligro la entrega del cuarto desembolso de los fondos Next Generation.
Bruselas señala que las principales razones de esta presión al alza sobre el gasto son la nueva regla de indexación basada en el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad. «El nuevo régimen de bonificación/penalización y el correspondiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensan parcialmente este aumento, pero el resto de las medidas adoptadas aumentan ligeramente el gasto público en pensiones»s, indica el documento.
En relación al Informe de Envejecimiento publicado el 2021, España ha recibido también la mayor revisión al alza, con 6,5 puntos porcentuales más en la previsión de todos los gastos relacionados con el envejecimiento en el periodo 2022-2070.
Gasto público disparado
La Comisión detalla en este informe que «el gasto aumentará considerablemente durante la primera parte del periodo de previsión, hasta 2045, un periodo en el que España registrará también el mayor incremento, con casi 4 puntos porcentuales del PIB, seguida de Lituania, Eslovenia, Portugal, Eslovaquia, Chipre y Luxemburgo, con un incremento de 2,5 a 3 puntos porcentuales del PIB».
Por otro lado, el jefe para Europa del FMI, Alfred Kammer, ha reiterado que la reforma del sistema de pensiones es una cuestión importante tanto para España como para toda Europa y ha subrayado la necesidad de «políticas fiscales sólidas», incluyendo también «reformas paramétricas» para que las pensiones sean sostenibles en el futuro.
Hace poco más de un año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rechazaba la reforma de pensiones presentada estos días por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. En este caso, la Airef ha hizo un cálculo con los datos ofrecidos por Escrivá, llegando al a conclusión de dicha reforma -ésta y la de 2021, elevan el déficit público en 1,1 puntos del PIB en 2050 y 1 punto en 2070.
En rueda de prensa, Cristina Herrero, explicó que estos cálculos se derivan de que las medidas de incremento de ingresos previstas en estas reformas, que ascienden al 1,3 % del PIB, y que «no consiguen compensar el aumento del gasto, que se eleva al 2,4 % y 2,3 %, respectivamente, en 2050 y 2070».
En el documento de la Airef, al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, se puede ver el apoyo a la anterior reforma del Gobierno de Mariano Rajoy, cuando afirma que «las reformas de pensiones aprobadas entre 2021 y 2023 suponen un incremento del déficit de 1,1 puntos de PIB en 2050 respecto a un escenario sin esas reformas y con el IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) y el Factor de Sostenibilidad». Las pensiones son uno de los elementos clave del aumento del gasto público a largo plazo, en especial a partir de 2035, hasta alcanzar un máximo de gasto en pensiones del 16,3 % del PIB en 2049 –14,8 % si se excluyen las pensiones no contributivas y de clases pasivas- y después bajar al 13,4 % en 2070 -13,9 % excluidas no contributivas y clases pasivas.
Justo unos días antes de las elecciones generales, celebradas el 23 de julio, el entonces titular de la cartera de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, aprovechó el último Consejo de Ministros —tal y como quedó reflejado en el BOE— para gravar aún más a las empresas, a través del Real Decreto del Reglamento modificado, del Plan y Fondos de Pensiones de Empleo, aprobado el pasado año.
De este modo, a partir de ahora, el empresario que se acoja a este plan, apenas dispondrá de un mes para que cualquier empleado que ingrese en su puesto de trabajo tenga, no solo derecho al plan de pensiones, sino también a la percepción de las contribuciones empresariales establecidas, y que en un principio se habían pactado, a partir de los años del contrato. Una reducción de tiempo que supone un coste laboral añadido para el empresario.
