Así es el modelo holandés de pensiones que España quiere imitar (salvo Escrivá)

No todos los países de nuestro entorno, a los que los políticos españoles suelen eludir con admiración, tienen nuestro sistema de pensiones apoyado básicamente en el Pilar I, aquel que se nutre de la Seguridad Social, gracias a las cotizaciones de los asalariados y empleadores, y que reparte pensiones contributivas y no contributivas teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad y contribución.

En pleno debate sobre las sostenibilidad de estas prestaciones, y con el ministro José Luis Escrivá casi como único defensor del actual modelo nacional, hasta el punto de afirmar que seremos vanguardia y prototipo para el resto de países europeos, en el polo opuesto de España -y muy lejos de esa deuda que arrastra nuestro sistema público de pensiones, de algo más de 100.000 millones de euros- se encuentra Holanda. En Países Bajos las pensiones de empleo son obligatorias, y todos los asalariados pertenecen a un esquema ocupacional -señala José Antonio Herce San Miguel en el reciente informe publicado por el IEE-.

De media -apunta Herce-, este esquema reconoce pensiones de jubilación que otorgan el 70% del salario. Ello conlleva un volumen de ahorro previsional equivalente a 2,3 veces el PIB holandés, lo que es una fuente de productividad, crecimiento y bienestar , y coloca a Países Bajos en el puesto número 13 de los 196 países del ránking per capita, frente a la posición número 36 que ocupa España.

En el caso de Holanda, en el límite, sus asalariados no necesitarían a la Seguridad Social, que existe, no obstante, complementa la pensión ocupacional con otro 30% del salario, de forma que las pensiones holandesas son las más generosas y sostenibles, a la vez, del mundo, tal y como lo valoran los estudios de Mercer o de la Universidad de Melbourne.

Las pensiones en el mundo

La diferencia del gasto en pensiones para el Estado es notable. Mientras que para España ya supone el 12% del PIB, para Holanda apenas alcanza el 6% del Producto Interior Bruto, con un sistema que parte de una pensión básica a cargo del Estado, un ahorro privado de carácter obligatorio y, un sistema de plan de pensiones de contratación voluntaria, que da lugar a que los jubilados pueden disfrutar de unos ingresos equivalentes al 90% del último salario.

No en vano, mientras la renta per capita de un holandés es de 53.170 euros, la de un español es de 27.870. Y en términos de deuda pública per cápita, a Países Bajos le corresponde una cuota de 27.290 por habitante, frente a los 31.556 que recae sobre cada español.

En opinión de Herche y del resto de expertos que han elaborado para el Instituto de Estudios Económicos el informe de La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias de la economía española, las diferencias entre España y países como Holanda, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos residen en el modelo que estos aplicaron a la hora de abordar las consecuencias de afrontar el coste extra de las pensiones del baby-boom, empezando por anticipar medidas en el tiempo. Y así, mientras estos países apostaron por introducir mecanismos conductuales de participación cuasi-obligatorias en las pensiones de empleo; nuestra apuesta de los últimos años pasa por ligar el cálculo de las pensiones al IPC y, a una regla que aumenta el tipo de cotización del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) si el gasto en pensiones supera un cierto porcentaje del PIB, sin duda -remarca-, un modelo diametralmente opuesto a la de los países aludidos, puesto que estos no han optado por la asimetría de las medidas ni por el tirón de la fiscalidad social -que recae sobre empresas y trabajadores- para afrontar un gasto desbocado.

Sostiene Herce en este capítulo titulado, Las pensiones en el mundo, que «España ha perdido una gran oportunidad de modernizar la Seguridad Social con motivo de la reforma del sistema de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Y, que, en efecto, pudiendo haber iniciado una reforma estructural, introduciendo una cuenta nocional individual de aportación definida para registrar las cotizaciones efectivas sobre ingresos netos de estos trabajadores, el Gobierno eligió, en 2022, un conjunto de tablas dinámicas de bases y cuotas de cotización, provisionales hasta la definición de un marco estable de la misma naturaleza».

Un modelo apoyado en un solo pilar

Herce ahonda y añade que «la única salida que deja el modelo español de pensiones es la deuda, la distorsión fiscal o una mezcla de ambas, mientras que los tres pilares son capaces de proporcionar el mismo o mayor bienestar a los pensionistas y, a la vez, fomentar el crecimiento a largo plazo. La reforma española de las pensiones de 2021-2023 no es una reforma que copiarán otros países. Al menos, no los países avanzados».

Y si para España es muy complicado pasar del Pilar Único a los Tres Pilares (Seguridad Social, Previsión de la Empresa y Previsión Individual) -remata-, «también lo sería para los países avanzados pasar de los Tres Pilares al Pilar Único. Esto último es, sencillamente, inconcebible. En estos países, el ahorro previsional supera al PIB y se trata de un ahorro a largo plazo, estable y selectivo que se materializa en deuda pública y en valores de compañías cotizadas, por lo general rentables o muy rentables».

Y, en aquellas compañías que determinan el dinamismo del PIB en los principales países del mundo -explica-, «los trabajadores que poseen una cuenta de pensiones de empleo saben que es suya y que su esfuerzo contributivo se encuentra protegido, a pesar de los avatares de los mercados y valores de renta fija. También -apunta- saben que la Seguridad Social realiza una importante labor de redistribución y que les garantiza una pensión básica. Allí -rebate- donde domina el Pilar Único, no solamente en España, la incertidumbre radica en si los gobiernos futuros cumplir». La conclusión de José Antonio Herce San Miguel, socio director de Longevity & Retirement Income Solutions (LoRIS), es que «la mayor parte de las reformas de nuestro entorno comparado se han basado en la utilización de diferentes fórmulas, desde fondos de capitalización, destinados a cubrir ese incremento de gasto extraordinario, a sistemas de cuentas nocionales -como ocurre en Suecia-, pasando por mecanismos automáticos de ajuste para las pensiones de la Seguridad Social (pilar I) o incentivando el desarrollo de las Pensiones de Empleo (pilar II), siendo muy pocos los casos en los que la sostenibilidad del sistema a futuro -precisa- se hace descansar, principalmente, en el incremento presente y futuro de las cotizaciones, como se plantea ahora para España».

El panel de expertos del IEE

En ese panel de expertos partícipes del informe del IEE, Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y, científico titular, las medidas tomadas por el Gobierno de España para la reforma del sistema de pensiones «consiste en mantener, o de hecho incrementar, la generosidad actual del sistema, haciendo frente al fuerte incremento del gasto que esto supondrá en las próximas décadas por dos vías. La primera y fundamental -subraya- sería un aumento sustancial en las transferencias del Estado financiadas con impuestos generales que se complementaría con la emisión de deuda. Esto ya ha comenzado a hacerse con una alegría preocupante. Los PGE para 2023 -advierte- incluyen casi 20.000 millones en transferencias del Estado a la Seguridad Social por encima de las tradicionales aportaciones para financiar las pensiones no contributivas y los complementos de mínimos de las contributivas, mientras que la deuda del Sistema con el Estado roza ya los 100.000 millones de euros».

Así mismo, añade, la segunda vía de financiación que el Gobierno busca ampliar de forma sustancial con las medidas analizadas en este artículo «es lo que podemos llamar el Impuesto de la Seguridad Social (ISS)». Es decir, sostiene, «en un sistema de pensiones contributivo como es el nuestro (aunque cada vez en menor medida), las cotizaciones sociales no han de verse como un impuesto sino como un componente diferido del salario que se percibirá tras la jubilación en forma de pensión».

Los expertos José Emilio Bosca Mares (catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y, miembro de Fedea), Rafael Domènech (catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y responsable de Análisis Económico del BBVA Research) y, Javier Ferri Carreres (Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, también miembro de Fedea) concluyen para el informe del IEE, institución dirigida por Gregorio Izquierdo, que la reforma de pensiones introducida en el RDL 2/2023 «hace descansar el equilibrio del sistema en un aumento de las cotizaciones sociales».

Centrados en los efectos macroeconómicos de los incrementos ya probados, explican que -después de utilizar para su estudio los modelos Rems y la nueva versión del este modelo, Erems-, «para recaudar un 1% más del PIB, el aumento necesario de las cotizaciones sociales da lugar a una disminución del PIB del 0,6%, una caída de las horas totales trabajadas del 1,0%, una reducción del 2,0% en el salario neto de cotizaciones y la sustitución del trabajo por capital».

Los efectos -insisten estos expertos- «serán mayores a los simulados con este modelo en la medida en que se materialice alguna de las tres posibilidades siguientes. Primero, si las necesidades de incrementar las cotizaciones para cubrir el déficit contributivo de la Seguridad Social terminan siendo superiores a las ya aprobadas. Segundo, si la cuña fiscal introducida por las medidas tiene efectos negativos de segundo orden sobre el desempleo de equilibrio. Y, tercero -rematan-, si el aumento de las cotizaciones genera un desincentivo a la acumulación de capital humano, estimula el desplazamiento del trabajo cualificado hacia otras economías, o lastra la entrada de inmigrantes con mayores habilidades».

Finalmente, para José Enrique Devesa Carpio (profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia, y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y, Robert Meneu GAta (profesor titular de Matemáticas para la Economía y Empresa de la Universidad de Valencia), «el esfuerzo de cotización adicional apenas va a repercutir en una mayor pensión, lo que elimina la característica fundamental de las cotizaciones como generadoras de derechos de pensión».