Venezuela salta al club de las autocracias herida por las elecciones
El país se suma al podio de países más autoritarios como Irán, China, Siria y Cuba
Nicolás Maduro. | Agencias
La verdad oficial es impuesta por la Fuerza Armada y por las instituciones civiles, crecen las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, hay más censura de medios y control de redes sociales, faltas al debido proceso judicial, persecución de adversarios políticos, a quienes se les acusa de terroristas, y negación de cualquier proceso de diálogo entre partes enfrentadas. Esta es una corta lista que evidencia cómo Venezuela está hoy bajo un régimen autoritario, sin espacio para los disidentes, ni para nada distinto a las reglas impuestas por el chavismo.
Cuando han pasado dos semanas desde las cruciales elecciones del 28 de julio, todavía no se conocen los resultados desglosados por mesas de votación ni las actas verificadas que prueben el triunfo atribuido por el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro para el período 2025-2031. Un triunfo que todavía reclama la oposición.
Pero, ya Maduro y las instituciones chavistas se aprestan a dar por cerrado el asunto mediante un esperado fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es parte del propio régimen político.
El heredero de Hugo Chávez proclama la «perfecta unión cívico, militar y policial» contra lo que ha dominado «un golpe fascista cibercriminal» en las horas de las elecciones presidenciales y días posteriores.
Mientras tanto se acumulan las evidencias de que Venezuela se encamina al exclusivo club de autocracias cerradas, donde se sumará el podio de los 33 países más autoritarios del mundo. Allí se encontrará con viejos amigos del régimen chavista, como Irán, China, Siria y Cuba.
Antes, durante y después de la elección presidencial del domingo 28 de julio, se acumulan acontecimientos que agravan la larga crisis de este país y limitan la defensa de las libertades civiles y el acceso a la justicia imparcial, denuncian activistas y juristas.
Pero la respuesta del régimen chavista contra todo el que ose cuestionar la verdad oficial deja pocas dudas de para dónde va esto.
Al menos 1.263 personas han sido presas hasta el viernes 9 de agosto, incluyendo 114 adolescentes y 16 personas con algún tipo de incapacidad física o mental, según reportes del Foro Penal, una ONG de Defensa de los Derechos Humanos que logra mantenerse activa pese a las amenazas constantes por parte del gobierno.
Otras ONG como Provea, también reportan 24 personas asesinadas durante la represión a las manifestaciones. El gobierno dice que hay dos uniformados asesinados por los «delincuentes fascistas», que seguían órdenes de «matar chavistas» y que todas las víctimas son responsabilidad de la «derecha fascista» comandada por María Corina Machado.
«Me los agarraron presos, no he sabido de ellos…a los dos (acusados) de terrorismo. No me los dejan ver… los tengo como si no existieran», dice la madre de dos adolescentes capturados durante tras las protestas, en uno de los pocos testimonios públicos de cómo podrían estar cayendo inocentes y pecadores bajo la espada del chavismo.
El 95% de los detenidos son personas que vivían en barriadas humildes, de las que salieron a protestar poco después del anuncio oficial del CNE que dio como ganador a Maduro, según investigación de Foro Penal. También hay cientos de estudiantes, dirigentes regionales y municipales de partidos políticos, periodistas, profesores, defensores de los derechos humanos, amas de casa, sindicalistas, un ex gobernador, ex diputados, y un puñado de alcaldes o ex alcaldes y concejales.
También hay presos vándalos y delincuentes comunes capturados mientras atacaban edificaciones de los poderes públicos, quemaban vehículos, derribaban estatuas o cerraban calles.
Según la condena anticipada hecha pública por de Maduro y sus subalternos, todos los detenidos son «terroristas, fascistas y traidores a la patria». Para todos piden de 20 a 30 años de cárcel.
En estas dos semanas en todo el país recrudecieron las detenciones arbitrarias, algunas transmitidas en vivo por redes sociales por las propias víctimas, poco antes de que se las llevaran a rastras agentes del Estado no identificados, vestidos de negro, encapuchados y sin ninguna orden judicial escrita.
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Maduro y otros altos jerarcas también ordenan detener a la líder opositora María Corina Machado a quien ya consideran «prófuga de la justicia» y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, a quien llaman «asesino».
El régimen señala a ambos de lo ordenar asesinatos, desmanes y ataques contra la simbología de la patria, como las estatuas de Hugo Chávez. Todo, dice Maduro, era parte de un guion que desconoce a los poderes públicos como el CNE y el TSJ y la propia constitución. «González pretende auto proclamarse en base a un grito espurio de violencia y criminalidad», ha afirmado.
También ha culpado a la prensa extranjera acreditada en Venezuela de ser parte de lo que llama un complot, para exagerar las manifestaciones, provocar una guerra civil, y justificar una invasión extranjera.
«Estamos viendo el que quizá sea el asalto al poder más criminal que hayamos visto hasta el día de hoy», había dicho Maduro tres días después de las elecciones, en un grito que marcaría el tono de la peor represión y persecución contra opositores en siete años.
Hoy niega todos los señalamientos hechos por juristas, víctimas y defensores de los Derechos Humanos a la falta del debido proceso en todo esto y anuncia que «los terroristas» serán llevados por estas horas a cárceles de máxima seguridad.
La represión y el miedo han sofocado las protestas: ciudades y pueblos viven una tensa tranquilidad, con opositores silenciados o escondidos.
«El proceso para derrotar este golpe criminal ha sido implacable y los heridos y los muertos los tienen la Guardia Nacional y la Policía. Su actuación ha sido totalmente ajustada a la constitución y las leyes. Las personas que han fallecido en el campo civil fueron asesinadas por los malandros, delincuentes», dijo Maduro el viernes, cuando acudió al Tribunal Supremo de Justicia a dar su testimonio en un proceso que se encamina a ratificarlo como presidente electo, sin apelación alguna.
En Venezuela prevalece el término oficial «justicia socialista» en las consignas del poder Judicial, y en las últimas décadas ha sido pública, notoria y comunicacional la vinculación directa del chavismo con los tribunales.
La propia presidenta del TSJ y de la Sala Electoral Caryslia Beatriz Rodríguez, es una militante de cuadros medios del Partido Socialista Unido de Venezuela. También lo es Elvis Amoroso, el presidente del CNE.
En las comparecencias ante el TSJ para dirimir el asunto electoral, ya el protocolo del día de los funcionarios lo definía como presidente electo para 2025-2031.
«Nosotros haremos lo que nos mande la sala electoral. La última palabra en Venezuela la tiene el Tribunal Supremo de Justicia», ha dicho Maduro.
«Lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia será ley de la República, santa sentencia. Y tengan seguridad, la inmensa mayoría de los venezolanos lo acatará y la vida seguirá», dijo Maduro a periodistas a la salida de su comparecencia.
«Venezuela tiene instituciones no va a venir ningún gobierno del mundo apoyado por estos fascistas a pretender vulnerar la vida republicana de Venezuela», había dicho antes, negando la posibilidad de mediación extranjera alguna en esta crisis política.
Otro ladrillo en la pared
El Instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia es el gurú mundial en los estudios de política comparada. Su informe anual es referencia para académicos y expertos en trazado de escenarios y en explorar terrenos de inversiones.
En su edición de 2024, publicado la pasada primavera con datos de 2023, este informe mantiene a Venezuela en la corta lista de 55 países regidos por democracias autoritarias. También la ubica en la parte baja de la lista de 18 países que estaban en vías de autocratización en todo el mundo.
En la clasificación general de países Venezuela entonces es una «autocracia electoral», sistemas en los que hay elecciones parcialmente permitidas por el régimen, pero no son competitivas, y se controla a los candidatos, los procesos electorales, o hasta los resultados.
El promedio del Índice de Democracias Liberales lo encabezan Dinamarca y Suecia. Venezuela aparecía en el lugar 164, entre 179 países.
Uno de los subindicadores es deliverative index, y en él Venezuela ocupa el lugar 174 de los 179 países. Este indicador combina información sobre derechos de los votantes, la libertad y confiabilidad de las elecciones, libertad de asociación y expresión y el espacio para que diferentes líderes puedan discutir las diferentes vías para abordar el bienestar público.
Es previsible que este indicador empeorará después lo que ocurre por estos días por aquí.
Según un informe de la ONU que data de 2020, la «independencia judicial en Venezuela está socavada» y las consideraciones políticas suelen prevalecer sobre las determinaciones legales.
El TSJ fue el arma usada por Maduro para aniquilar los poderes de una Asamblea Nacional (Congreso) electa en 2015 con mayoría absoluta de la oposición.
Hoy la mayoría de los opositores acusados por el chavismo pertenecen al partido Vente, de Machado. La organización ha sido declarada como «terrorista, fascista y de ultraderecha».
«Nos preocupa esta nueva ola de persecución contra los líderes y lideresas de los partidos políticos de la oposición», dijo en un comunicado Patricia Tappatá, experta de la Misión internacional creada por la ONU en 2019 para determinar los hechos y acusaciones de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.
«Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas», dijo.
Maduro sostiene que esa misión obedece a interés políticos y fue ordenada por el Grupo de Lima (países americanos) en 2019 como parte de un plan para desestabilizar a su gobierno y proclamar al diputado Juan Guiadó como «presidente interino» de la República.
Tampoco no acepta «las injerencias» de ningún gobierno extranjero.
La versión oficial no deja margen para ninguna negociación del gobierno con la oposición, que pueda ayudar a resolver el conflicto latente.
El gobierno aniquiló hace años el periodismo libre en prensa, radio, TV. Después los medios digitales independientes y críticos han sido bloqueados en internet. La gente común comparte información (y desinformación) a través de WhatsApp, Tik Tok, Instagram.
Ahora Maduro pidió a la Asamblea Nacional (Congreso) que regule a las redes sociales y afirma que esas son el instrumento de «la derecha fascista» para crear zozobra y propiciar un golpe de Estado.
Ya esta semana ordenó restringir WhatsApp y sacar a la red social X (antes Twitter) de Venezuela, por 10 días. Analistas políticos señalan que dentro de ese mismo plazo el TSJ deberá emitir su esperado fallo definitivo e inapelable para ratificar a Maduro como presidente electo.
Las redes sociales han sido la última ventana de libertad por la que se comunicaban los venezolanos. Estas plataformas jugaron un papel determinante en la organización política de los opositores en la participación ciudadana y en la organización social, en las movilizaciones y en las denuncias de las constantes violaciones a los Derechos Humanos.
Maduro dice que hay «millones de videos» en redes como pruebas de que la violencia política es ordenada por Machado y González Urrutia.
Desde hace algunos años el régimen estrecha su control absoluto sobre todos los poderes el país, usando una fórmula conocida en análisis político como «autocracia electoral».
En las últimas horas ha refinados sus métodos y acciones para encaminarse –según la clasificación académica- a una franca autocracia en la que se dispone a liquidar por completo cualquier disidencia y aferrarse en el poder con apoyo total de la Fuerza Armada.
