El caso del expríncipe Andrés eleva el apoyo a abolir la monarquía británica a su nivel más alto

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor —expríncipe Andrés— ha vuelto a sacudir a la monarquía británica en uno de los episodios más delicados para la institución en décadas. Arrestado el 19 de febrero a las ocho de la mañana durante una redada en la finca de Sandringham, en Norfolk, donde reside desde que abandonó el Royal Lodge en Windsor, el hermano del rey fue descrito por la policía como «un hombre de unos sesenta años de Norfolk». La formulación administrativa no ocultaba el alcance simbólico del momento: se trataba de un miembro directo de la Casa de Windsor. Quedó en libertad, pero sigue bajo investigación y ha negado de forma reiterada cualquier conducta ilícita vinculada a Jeffrey Epstein.

La policía de Thames Valley informó de que fue detenido «bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de cargo público». La posible acusación estaría relacionada con documentos incluidos en la última publicación de los llamados archivos Epstein, que apuntarían a que, cuando ejercía como representante comercial del Reino Unido, habría facilitado información confidencial a Epstein. Los representantes comerciales manejan documentación protegida por la Ley de Secretos Oficiales británica y están obligados a preservar su confidencialidad.

Más allá del recorrido judicial —la «mala conducta en cargo público» es una figura compleja y difícil de probar, aunque con penas máximas severas—, el efecto político e institucional es inmediato. El arresto de un miembro directo de la Casa de Windsor carece prácticamente de precedentes en la historia moderna de la monarquía británica. En 2002, la princesa Ana fue condenada por un delito menor tras morder su perro a dos niños, pero no fue arrestada y solo pagó una multa. Para encontrar la detención formal de un hijo de un monarca, hay que remontarse al siglo XVII con el caso de James Scott, hijo ilegítimo de Carlos II, aunque nunca formó parte de la línea de sucesión. El abuelo de Scott, Carlos I, fue el último miembro legítimo de la realeza en ser detenido: los parlamentarios lo derrotaron en la guerra, lo acusaron de tiranía y traición y lo decapitaron en 1649, cerca de Downing Street en Londres.

Opinión pública británica

El contexto de la detención coincide con un deterioro en la opinión pública sobre la institución. El último sondeo de Ipsos en el Reino Unido, realizado hace diez días y, por tanto, antes del arresto, refleja un aumento del respaldo a la abolición de la monarquía. El 25% de los británicos considera que eliminar la institución sería mejor para el país. En 2018, esa cifra era solo del 15%. El apoyo a la abolición se sitúa así en su nivel más alto desde entonces. Dichos porcentajes son muy similares a los que se registraron en España en pleno apogeo del escándalo Corinna Larsen y antes de que decidiera marcharse a Emiratos Árabes.

Al mismo tiempo, el porcentaje de quienes creen que abolir la monarquía sería perjudicial ha descendido hasta el 37%, diez puntos menos que en noviembre de 2025, el porcentaje más bajo de la serie, cuando hace ocho años era casi el 50%. Otro 27% sostiene que no supondría ninguna diferencia. El respaldo estructural a la institución se enfría, aunque no se produce un vuelco mayoritario.

Las diferencias generacionales son marcadas. Entre los jóvenes de la generación Z, el 39% considera que sería mejor abolir la monarquía, frente al 20% que piensa que sería peor. La brecha apunta a un desafío de legitimidad a largo plazo si esas cohortes mantienen su escepticismo con el paso de los años.

La figura del expríncipe Andrés concentra el rechazo más amplio. El 82% de los británicos declara tener una opinión desfavorable sobre él, cinco puntos más que en noviembre de 2025. Solo un 5% mantiene una opinión favorable. El 62% afirma haber seguido de cerca los acontecimientos recientes relacionados con la publicación de los archivos Epstein, lo que indica un alto nivel de atención pública.

La gestión de la Casa Real también recibe una valoración bastante crítica. Solo el 28% considera que la Familia Real ha manejado bien la situación desde que surgieron las primeras acusaciones contra Andrés, frente al 37% que opinaba así en noviembre. La caída es significativa y se suma a un descenso general en la favorabilidad hacia la institución.

El príncipe y la princesa de Gales siguen siendo los miembros más populares, con un 63% y un 62% de opiniones favorables respectivamente, aunque ambos retroceden respecto a la medición anterior. La princesa Ana obtiene un 53% de valoración positiva. El rey Carlos III cuenta con un 48% de opiniones favorables y el 46% considera que está desempeñando bien su función.

Pese al desgaste, la percepción de continuidad institucional sigue siendo relevante. El 79% cree que el Reino Unido seguirá teniendo monarquía dentro de 10 años; el 70%, dentro de 20; y el 51%, dentro de 50. Es decir, el cuestionamiento aumenta, pero la expectativa de supervivencia permanece.

Desde el movimiento republicano se interpreta el momento como una oportunidad. Graham Smith, director ejecutivo de Republic —organización sin ánimo de lucro que promueve la abolición de la monarquía en el Reino Unido— ha señalado que el arresto del expríncipe «amenaza a toda la monarquía». La afirmación es demasiado ambiciosa, pero ofrece un contexto más receptivo que en años anteriores.

Reacción de la Corona

El rey Carlos III reaccionó con rapidez, afirmando que «la ley debe seguir su camino» y prometiendo «pleno apoyo y cooperación» con la investigación. En un contexto en el que la confianza institucional se resiente, el tratamiento judicial del caso se convierte en una prueba sobre la igualdad ante la ley.

Algunos analistas sostienen que la detención de un miembro de la familia real puede interpretarse como señal de que nadie está por encima de la ley. Otros advierten de que la investigación podría abrir nuevas derivadas, incluida la revisión de cómo su entorno gestionó su relación con Epstein.

La monarquía británica ha superado crisis profundas a lo largo de su historia reciente, desde abdicaciones hasta escándalos familiares importantes. La cuestión ahora no es solo jurídica, sino política y cultural: si el caso del expríncipe Andrés constituye un episodio más en la capacidad de adaptación de la institución o si acelera un desgaste más profundo.

Los datos de Ipsos apuntan a un incremento claro del respaldo a la abolición y a una caída en la confianza en la gestión del caso. No se trata todavía de una mayoría favorable al fin de la monarquía, pero sí del nivel más alto de apoyo republicano registrado en ocho años. La evolución de la investigación y la respuesta institucional determinarán si la sacudida es pasajera o marca un punto de inflexión en la relación entre los británicos y la Corona.