La Fiscalía de Venezuela responsabiliza al Tribunal Supremo por la crisis del país

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha presentado una demanda de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la designación de 33 magistrados que han sido elegidos mediante «procesos irregulares» el 23 de diciembre de 2015.

En una entrevista con la emisora privada Unión Radio, Ortega Díaz ha explicado que se trata de una «impugnación» contra 13 jueces principales y 20 suplentes que han sido escogidos por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) cuando todavía el Poder Legislativo estaba bajo el control del chavismo.

«Yo no participé en ese proceso, yo advertí que ese proceso estaba mal hecho», ha afirmado al explicar por qué se ha negado a firmar el acta de designación de estos magistrados y cómo esto «vicia» el proceso en sí.

Ortega Díaz ha indicado que ha consignado ante el Supremo un informe donde se evidenciarían las supuestas irregularidades presentadas durante dicho proceso de selección y ha asegurado que ha tardado 18 meses en pronunciarse sobre este tema por la dificultad que ha tenido el Ministerio Público para acceder a las «pruebas» provenientes del Consejo Moral Republicano.

Estos magistrados han sido juramentados por el Parlamento después de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y antes de que el chavismo entregara el mando de esta instancia el 5 de enero de 2016. La oposición venezolana la ha calificado como una «designación express».

«Yo creo que la falta de legitimidad de origen de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad, es sin duda un factor que ha contribuido a que el Tribunal Supremo no dé soluciones efectivas a la crisis del país sino por el contrario, lo que se encarga es de acelerar la crisis», ha sostenido la fiscal.

Asimismo, ha subrayado que los 33 jueces impugnados deberán inhibirse de esta causa y ha advertido de que, en caso contrario, les recusará.

«Creo que por la salud del país ellos deberían ser desincorporados», ha insistido, así como también ha dicho que el Poder Judicial debería convocar de manera inmediata a nuevos magistrados aunque no especificó cómo.

El alto tribunal ha desestimado en los últimos días dos recursos que la fiscal ha presentado contra el proceso para cambiar la Constitución que impulsa el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Estas medidas han sido cuestionadas por Ortega Díaz.

«Lo neurálgico de lo que estoy solicitando no ha sido atendido. (…) El Tribunal Supremo ha sido un obstáculo para la paz del país», ha afirmado.

La fiscal se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo al pretender asumir las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y luego al rechazar el eventual cambio de Constitución, lo que ha provocado que desde el chavismo la tilden de «traidora» y manejen la posibilidad de solicitar al Supremo una evaluación por supuesta «insania mental».

Además, la fiscal general de Venezuela ha responsabilizado este lunes al Gobierno de Maduro de «cualquier daño» del que puede ser objeto su familia que, ha dicho, ha recibido amenazas tras el distanciamiento de la funcionaria con el Ejecutivo.

La ola de protestas en contra y a favor del Gobierno que desde hace 73 días sacude al país ha degenerado en algunos hechos violentos que se han saldado con 67 muertos, más de un millar de heridos y miles de detenidos, según datos de la Fiscalía.