La Fiscalía pide cuatro años y medio para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez

La Fiscalía Anticorrupción de Murcia ha pedido cuatro años y seis meses de prisión y una multa de seis millones de euros para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio, que investiga la construcción de esta obra en la localidad de Puerto Lumbreras durante su etapa de alcalde. El escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, atribuye a Pedro Antonio Sánchez los delitos de prevaricación, fraude y fraude en la percepción de subvenciones, por los que reclama además que se le inhabilite para empleo o cargo público durante 19 años.

La Fiscalía pide también dos años y tres meses de prisión para el arquitecto Martín Lejárraga por los mismos delitos, aunque, en este caso, como cooperador necesario. El fiscal señala que en 2005 Pedro Antonio Sánchez encargó de forma verbal a este arquitecto el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras sin cumplir los requisitos que marca la ley y para crear una apariencia de legalidad convocó después un concurso de ideas. Acusa asimismo de prevaricación a Caridad García, la exsecretaria accidental del consistorio -ya que se encontraba en el aquel momento en funciones-, y de fraude al representante legal de la empresa que realizó las obras, Vicente Gimeno. Solicita para cada uno de ellos dos años y tres meses de cárcel.

El escrito de acusación detalla que el inmueble para el que la Comunidad Autónoma de Murcia concedió una subvención de seis millones de euros fue recibido por el ayuntamiento, pese a que solo estaba construido el 61% de la obra. Por eso la acusación estatal pide que se declare la nulidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Puerto Lumbreras en septiembre de 2010 por el que se aprobó el proyecto modificado de las obras, que se realizó para dar la apariencia de que estas estaban realizadas en su totalidad.

Tras la presentación del escrito de la Fiscalía en el juzgado de Instrucción de Lorca que ha investigado los hechos serán ahora la acusación particular y la defensa de los investigados los que presenten sus valoraciones.

Pedro Antonio Sánchez dimitió en abril de 2017 después de que el PP decidiera retirarle el apoyo tras la petición de la Audiencia Nacional de que fuera imputado por fraude, cohecho y revelación de secretos por su posible implicación en el caso Púnica. En septiembre de ese año se retiró de la política. El pasado diciembre, la Audiencia Provincial de Murcia absolvió al expresidente regional de los delitos de prevaricación y falsedad en el caso Pasarelas.