Presupuestos por las bravas
«La ministra forzará lo que haya que forzar para sacar adelante sus cuentas, aunque acabe en el Tribunal Constitucional»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Es todo un fenómeno social y comunicativo que los asuntos de Hacienda sean tratados con exquisita cautela y hasta con temor. Basta con enunciar el membrete de ese ministerio para que extrememos la prudencia y hagamos bueno el poder intimidatorio que contiene. No sé si los titulares del Ministerio de Hacienda, que en la historia reciente lo hayan sido, fueron o son conscientes de este fenómeno, pero creo que sí.
El Ministerio de Hacienda es en todos los estados la encarnación por excelencia del El ogro filantrópico (Octavio Paz). Algunos teóricos y no pocos administrativistas han llegado a considerar la relación de los ciudadanos con las haciendas públicas como una cuestión de moral colectiva, exagerando aún más el avasallamiento, casi medieval, de los ciudadanos en los estados modernos.
La coerción latente que supone el Ministerio de Hacienda para los ciudadanos debería ser correspondida con una gestión impoluta, justa, ejemplar y transparente. Pero no. Lo prueba el comportamiento de doña María Jesús Montero, por más ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno y por menos vicesecretaria general del PSOE. No la aguantan ni siquiera sus altos cargos, los dedicados a la siempre agradecida prodigalidad de los fondos europeos.
Su actitud frente al tropiezo de su propuesta de senda fiscal y techo de gasto en el Senado ha dado lugar a una serie de hechos a cada cual más chusco, menos ejemplar y, sobre todo, menos transparente y más amenazante. Me refiero, como los más avisados intuirán, al episodio del supuesto informe de un abogado del Estado que avalaría la idea de la ministra de que el rechazo a sus planes en la Cámara Alta quedaría invalidado con una simple maniobra administrativa que consistiría en rescatar el documento que contenía los objetivos de estabilidad presupuestaria enviados a la Comisión Europea en abril del año pasado, es decir, por un Gobierno de la pasada legislatura, por más que lo encarnen las mismas personas de ahora.
La ministra ha escamoteado al Portal de Transparencia el documento del abogado del Estado al que alude y con el que amenazó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a los representantes de las comunidades autónomas Los argumentos para no dar luz a dicho informe no pueden ser más peregrinos. Afirma que podría «suponer un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de tomas de decisiones». ¡Y lo dice cuando esas decisiones se han votado ya en el Congreso y en el Senado!
En otro argumento falaz, y que evidencia el prejuicio real que tiene todo este Gobierno frente a los agentes económicos, es que el conocimiento del reiterado informe suscrito por quien es su subordinado (y querrá seguir siéndolo), podría dar lugar a que los operadores económicos «puedan anticipar comportamientos no deseados». Auténticamente genial.
Particularmente espero con gran curiosidad el documento del abogado del Estado para ver cómo se las arregla para convertir la propuesta de senda fiscal y techo de gasto enviada a la Comisión Europea la pasada legislatura en un documento habilitante para soslayar el trámite previo al de los Presupuestos Generales del Estado para 2024.
Y, sin cambiar de asunto, sorprende la invitación al pacto que ha girado el Partido Popular a la ministra de Hacienda, no por su disposición a negociar, sino por el tenor de las posiciones de partida del PP, en las que no abdica de su deseo de ganar margen de déficit para las comunidades autónomas, como si tener déficit fuera el undécimo mandamiento, y de que se distribuyan 16.000 millones de euros a las autonomías que han sido maltratadas por el sistema de financiación autonómica vigente. Una cantidad muy parecida a la que se maneja públicamente como condonación de deuda a Cataluña y muy parecida también a la que las nuevas normas de estabilidad financiera de la Unión Europea nos exigen reducir la deuda en el primer año.
La señora Montero hará valer su vicepresidencia primera para seguir adelante con su documento abogadesco como talismán y forzará lo que haya que forzar para sacar adelante sus Presupuestos, aunque el procedimiento acabe en el Tribunal Constitucional y éste, dentro de un tiempo, le haga saludar, montera en mano.
