Hay que cerrar el Parlamento Europeo
«Este proceso no beneficia la libertad ni la prosperidad de los europeos. Por eso hay que detenerlo»
Parlamento europeo durante una sesión. | EFE
Tras la Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer y Robert Schuman pensaron que era imprescindible crear un mecanismo que evitara futuras guerras entre Francia y Alemania. La idea fue poner el acero y el carbón, elementos vitales para la industria armamentista, bajo el control de una entidad supranacional. Así nació, en 1951, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, origen de la actual Unión Europea.
De una herramienta de paz, en 1957, con el Tratado de Roma, el invento evolucionó hacia un mecanismo de cooperación entre países soberanos, con el objetivo de crear un mercado común para la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Luego vinieron la Política Agraria Común, la progresiva ampliación y objetivos cada vez más ambiciosos, entre ellos el Parlamento Europeo (1979), el Banco Central Europeo (1999), la circulación del euro (2002) y hasta una Constitución Europea (2004), rechazada por Francia y Holanda en sendos plebiscitos.
De un instrumento de cooperación entre países soberanos, con una necesaria coordinación a través de instituciones europeas, el proyecto degeneró hacia la búsqueda de una «unión cada vez más perfecta» o la creación de los «Estados Unidos de Europa». Hoy, el 80% de las normas nacionales tienen origen en legislación europea.
La «unión cada vez más perfecta» implica, necesariamente, una centralización creciente y un correlativo vaciamiento de las funciones de los gobiernos nacionales, que van pasando a ser ejecutores de políticas decididas en Bruselas. En teoría, todo resulta perfectamente «legítimo» porque esas políticas son aprobadas por un parlamento elegido por el voto ciudadano. Esa es la trampa que tenemos que romper.
Esa apariencia de legitimidad no alcanza a ocultar la verdad: las políticas crecientemente intervencionistas y centralizadoras de Bruselas responden más a intereses de la euroburocracia que a deseos concretos de la población expresados a través de su voto. Mucho más porque, en la práctica, la aprobación del Europarlamento es una mera formalidad para proyectos decididos por una presidencia de la Comisión Europea cada vez más independiente.
Lo ocurrido en los últimos cinco años, el primer mandato de Úrsula von der Leyen, es ilustrativo: se impuso una agenda ultraecologista, que está arruinando sectores enteros (campo, pesca, automotriz, siderurgia, etc.), que no entraba en los planes de nadie, al mismo tiempo que se aprovechó la pandemia para crear la deuda europea y un plan de gasto que convierte a los países en mendigos de los recursos que ellos mismos, a la larga, tendrán que pagar. Cínicamente, se suspendieron las reglas fiscales, innecesariamente, en 2022 y 2023, para que el descontrol de las cuentas públicas aumentara el poder de Bruselas.
Los informes Letta y Draghi son cristalinos en cuanto al futuro: mayor centralización, mayor intervencionismo, más gasto público europeo y la creación de impuestos europeos. La estratagema para la centralización es la futura ampliación de la UE a 35 países, con la incorporación de Ucrania, Moldavia y otros seis países. Eso obligará a reemplazar la actual «regla de la unanimidad» por la «regla de la mayoría», lo que dará más poder a la Comisión (y podría obligar a países a ejecutar políticas que sus propios ciudadanos rechazan). Además, la incorporación de ocho países paupérrimos obligará a un gasto gigantesco, cuyos recursos y ejecución pasarán también por Bruselas.
Este proceso no beneficia la libertad ni la prosperidad de los europeos. Por eso hay que detenerlo. Y el objetivo central más útil a ese fin es comenzar una campaña para cerrar el Parlamento Europeo. Para quitar esa falsa pátina de legitimidad a los proyectos de una Comisión demasiado poderosa y, por lo tanto, peligrosa. Sin el Europarlamento, la Comisión deberá volver a ser una mera coordinadora de acuerdos entre países. A su vez, eso hará que esos acuerdos se centren en lo fundamental y no, como ahora, que la Comisión decide hasta la forma que deben tener los tapones de las botellas descartables.
Volver a la idea de una UE como herramienta de paz, libertad y cooperación entre países soberanos, al servicio de sus pueblos. Frenar este proyecto centralizador y liberticida, en que una cúpula de euroburócratas impone sus caprichos sobre un continente subyugado. Para eso, el primer gran paso debería ser acabar con el Parlamento Europeo. Adenauer y Schuman serían los primeros en apoyar esta idea.
