Sanchismo, un ataque continuo a la propiedad privada

En la segunda mitad del siglo XVIII, Gran Bretaña ya había consolidado un sistema de garantías para proteger las libertades civiles. Fue un largo proceso, iniciado con la Gloriosa Revolución (1688) y continuado con la Carta de Derechos (1689) y la inamovilidad de los jueces (1701). El Parlamento pasó a ser el corazón del sistema; eso significaba que el rey ya no estaba por encima de la ley, por lo que su poder efectivo quedaba recortado.

Estados Unidos heredó, en gran medida, esas instituciones, a las que dio un carácter propio a partir de la Declaración de Independencia (1776). El espíritu de esa Declaración fue profundizado con la entrada en vigor de la Constitución (1788) y, más aún, con la ratificación de las diez primeras enmiendas, conocidas como la Carta de Derechos (1791).

La lección fundamental de esas garantías legales es que la protección de la propiedad privada frente al poder estatal derivó en una explosión de prosperidad económica. Hasta ese momento, lo normal era el estancamiento. Había, lógicamente, épocas mejores y peores, pero estaban vinculadas fundamentalmente con la mayor o menor abundancia de las cosechas, periódicas pestes y sempiternas guerras. Pero la expectativa, desde el inicio de los tiempos hasta la Revolución Industrial, era que la calidad de vida de la que disfrutaría uno sería esencialmente la misma que habían tenido sus padres y abuelos.

En otras palabras: el progreso que hubo durante la antigüedad, el medioevo y gran parte de la era moderna, que lo hubo, era casi imperceptible desde el punto de vista de una vida individual. Hasta la Revolución Industrial, la humanidad no conoció ningún proceso de crecimiento sostenido. El desarrollo económico, algo desconocido hasta entonces, fue precisamente lo que despertó la curiosidad de Adam Smith para entender sus causas. De esa inquietud surge su obra magna, La riqueza de las naciones (1778). 

El Gobierno de Pedro Sánchez se puede resumir en un ataque continuo a la propiedad privada. La forma más obvia es la presión tributaria, que se ha llevado al máximo histórico y permanece en un nivel confiscatorio. Recordemos que este Gobierno tiene una media de un aumento o creación de impuestos por mes, desde 2018 hasta aquí. Una presión tributaria asfixiante que perjudica a todos, pero se ejerce principalmente contra una parte de la población, rompiendo de paso la igualdad ante la ley. Con el producto de tal expolio se financia la demagogia con la que el Gobierno intenta retener el voto de millones de beneficiarios de todo tipo de prestaciones y ayudas.

Pero el Gobierno también ataca la propiedad privada cuando el estado (siempre con minúscula) compra el 10% del capital de Telefónica y remueve a su director general; cuando interviene los contratos de alquileres; cuando consiente la okupación; cuando fija el salario mínimo al margen de lo que dice la ley; cuando desatiende el problema del absentismo (provocado por el colapso del sistema público de salud); cuando inventa o extiende permisos remunerados al margen de la negociación colectiva; cuando promueve la creación de un seudofondo soberano que amenaza con nuevas intervenciones contra empresas privadas; cuando ignora los riesgos de una deuda pública enorme y creciente; cuando acuerda una financiación «singular» para Cataluña financiada por el resto de españoles; cuando promueve una regularización masiva de inmigrantes ilegales que, sumado al «efecto llamada» que provoca, implica una mayor carga para la gente que trabaja legalmente; cuando es incapaz de aprobar los Presupuestos, por lo que el gasto público es arbitrario, haciendo que el gobierno sea ilegítimo. La cuestión es elemental: si garantizar la propiedad privada frente al abuso estatal desató una explosión de prosperidad como nunca antes se había conocido, ¿es tan difícil anticipar cuál será (está siendo) la consecuencia del ataque continuo a la misma por parte del sanchismo-leninismo?