La Comisión de la Verdad, otro escándalo mayúsculo

¿Cómo se tapa un escándalo mayúsculo? La respuesta es un tanto deprimente: con otros 20 escándalos mayúsculos. El sanchismo ha perfeccionado la técnica del calamar hasta alcanzar una cadencia de 25 bochornos por semana, logrando que la ciudadanía se acostumbre a cualquier cosa, que la estupidez pase por alta política y que, al final del día, todos los atropellos queden convenientemente opacados por el siguiente despropósito. Así actúa Pedro Sánchez: operando desde la impunidad del que sabe que la memoria de sus acólitos dura lo que un titular de prensa afín.

Nos hemos enterado de que el Gobierno ha parido la «Comisión de la Verdad» a través de un órgano llamado «Consejo de la Memoria Democrática». La finalidad primordial de esta comisión es el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos acontecidas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la subsiguiente dictadura franquista, extendiendo su marco de análisis hasta la consolidación de la democracia. Solo el nombre ya da grima. Que a estas alturas de la película venga un Consejo de Ministros en connivencia con un «consejo de sabios» a decirnos qué es verdad y qué no, es un insulto a la inteligencia. Cualquier historiador que no esté a sueldo del pesebre gubernamental, en mi humilde opinión, debería poner el grito en el cielo ante esta barbaridad. Como bien ha denunciado el historiador Roberto Villa García (él no está a sueldo, claro está): «Todo historiador debería, en defensa de la integridad de su disciplina, escandalizarse de que en un pueblo libre y democrático tengamos un «Consejo de la Memoria [en singular]» y una «Comisión de la Verdad [en singular y en mayúsculas]» sobre el pasado, y que las presida un juez».

Quitándole toda la purpurina progre y el palabrerío hueco. ¿Qué nos queda? Esto no va de hacer justicia ni de sanar heridas. Esto va de poder. Poder, poder y poder. No hay que darle muchas más vueltas. La política consiste en eso: en alcanzar el poder y, si lo has alcanzado, retenerlo a toda costa. Lo que te están diciendo, a la cara, es que la gente vota mal. Tal cual. Y que la derecha es un error histórico. Como la calle ahora no les da la razón y las urnas a veces se tuercen, necesitan redactar un BOE con la historia «oficial» para ganar en los despachos la batalla que no pueden ganar convenciendo a los ciudadanos. Es un paternalismo insoportable. Nos tratan como a niños pequeños a los que hay que llevar de la mano para que no se equivoquen de bando. Nos lanzan el comodín de Franco a todas horas para que no hablemos del navajeo diario, del declive económico, de la corrupción, de los presupuestos o de su propia claudicación ante el chantaje separatista. Y, de esta manera, convierten la Historia en un pasquín barato, en un cuentito maniqueo para viejas asustadas.

Las comisiones de reparación quizás tienen sentido cuando son temporales, por ejemplo en un país acaba de salir de una guerra o de una dictadura sangrienta ayer por la tarde, como pasó en Sudáfrica o en Argentina. Se hacen por urgencia, para poner algo de paz. Pero montar esto en la España de 2026 es un disparate. Es sacar a pasear el manual de George Orwell y su Ministerio de la Verdad, ese que se dedicaba a reescribir el pasado todos los días para que cuadrase con lo que mandaba el líder en el presente. Y cuidado, que la cosa tiene guasa: si eres historiador y llegas a conclusiones que no cuadran con su catecismo, te puede caer una sanción. Pura libertad, oye.

Pero es que el chiste se cuenta solo cuando ves a quién han puesto a presidir el invento: a Baltasar Garzón. Hay que frotarse los ojos y pellizcarse para creerlo. Ponen a dar lecciones de ética, derechos humanos y pureza democrática a un señor que ya no es juez. ¿Y por qué no es juez? Pues porque el Tribunal Supremo, por unanimidad, lo echó a patadas por prevaricador. Lo inhabilitaron por ponerse a grabar ilegalmente las conversaciones entre los acusados de la Gürtel y sus abogados. Se saltó a la torera el derecho a la defensa, usando tácticas que huelen más a policía política de país fallido que a Estado de derecho.

Y este es el hombre. Este es el salvador. Amigo del narco, por cierto. Y colaborador del Grupo de Puebla, ese lobby fundado por Zapatero, Evo Morales, Jorge Rodríguez (el hermano de Delcy) y lo peor del sindicato del crimen internacional. Garzón es el mismo tipo siniestro que, cuando mandaba en la Audiencia Nacional allá por los noventa, miraba para otro lado cuando los detenidos denunciaban torturas. De hecho, el Tribunal de Estrasburgo condenó a España, sacándonos los colores, precisamente porque nuestro juez estrella (luego estrellado, pero nunca jubilado) se pasó por el forro aquellas denuncias y no movió un dedo para investigarlas. Y ahora, el Gobierno nombra a este sumo sacerdote para juzgar las torturas del franquismo.

Luego salen a venderte que el resto de los miembros de la comisión son «expertos independientes». Nos toman por tontos de capirote. As always. Uno repasa la lista y se pone a temblar. Tienes, por ejemplo, a Manuel de la Rocha, un dinosaurio histórico del PSOE. Su hijo ahora trabaja de asesor aúlico de Pedro Sánchez. Es uno de los que estuvo presente en las reuniones de la Moncloa con Barrabés y Begoña. Todo queda en casa, una endogamia que da vergüenza ajena.

Además, nos meten a una tal Silvina Romano, también vinculada al Grupo de Puebla, que se dedica a escribir papers para defender dictaduras caribeñas, a atacar sistemáticamente a fundaciones occidentales dedicadas a la promoción de la democracia (como la Konrad Adenauer) y a lloriquear con que a los políticos corruptos de la izquierda latinoamericana los persigue la justicia por culpa del imperialismo. El lawfare y todo eso. Una joya. Tampoco faltan los historiadores de cuota: Francisco Erice, un militante del Partido Comunista; Sebastián Martín, profesor que se dedica a echar pestes de la Constitución del 78; y Julián Casanova, el intelectual orgánico del sanchismo, siempre en Televisión Española sermoneando sobre cómo tenemos que interpretar la historia reciente de España. Ah, y para que Garzón se sienta cómodo y arropado, han metido a Araceli Manjón-Cabeza, que ya fue su jefa de gabinete hace treinta años. Aquí no hay puertas giratorias; aquí directamente se atraviesa el arco del triunfo una y otra vez para acudir a una barra libre orgiástica diseñada para los amiguetes, en este caso comisarios políticos. Una red clientelar de favores en toda regla.

Como decía antes, esto va de poder. La idea de la Comisión de la Verdad es dividir: si no aplaudes nuestra comisión y nuestro relato oficial, eres un fascista peligroso y un heredero de la dictadura. Es un chantaje barato, de patio de colegio. Y para que este rollo macabeo cale en la calle, usan sus terminales de toda la vida. La UGT, por ejemplo. En cuanto se anunció este chiringuito ideológico, tardaron cero coma en sacar pecho diciendo que esto iba a servir para desmontar «las falsedades de la derecha». A confesión de parte, relevo de pruebas. No buscan la verdad académica ni el rigor; buscan munición pagada por todos para atizar a la oposición. Han convertido el dolor de una guerra en un panfleto electoral.