Podemos incurrió en «gastos irregulares» con 248.868 euros en la campaña de 2019

El Tribunal de Cuentas considera que Unidas Podemos incurrió en «gastos irregulares» en la campaña de las elecciones generales de 2019, una pequeña parte de los cuales, 9.406 euros, corresponden a gastos con «justificación insuficiente» y otros 239.462 a gastos publicitarios previos a la campaña electoral.

Lo más importante: en su conjunto, el informe destapa 531.912 euros sin naturaleza electoral, pese a que los 22 partidos analizados los declararon como tales; la mayoría corresponden a las formaciones que obtuvieron mayor representación parlamentaria en las elecciones de 2019, entre ellas el PP, PSOE, PSC, Ciudadanos y Vox. 

Estos datos figuran en el informe que el órgano fiscalizador ha publicado sobre la contabilidad de las formaciones políticas derivada de los comicios de 2019, y de cara a las subvenciones públicas a las que tienen derecho para costear los diversos aspectos de la campaña electoral.

En el caso de Unidas Podemos, el Tribunal constata que sus gastos electorales ordinarios justificados ascendieron a 2.376.086 euros y advierte que para considerar las subvenciones la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) no se pueden computar los anteriores al inicio de la campaña, de modo que ha excluido los casi 250.000 euros considerados irregulares de las ayudas públicas.

Además, la formación morada computó 24.390 euros como gastos electorales cuando obedecían a operaciones ordinarias no subvencionables y consignó 128.368 euros como gastos de propaganda electoral cuando en realidad correspondían a ordinarios, por lo que el Tribunal de Cuentas ha procedido a su «reclasificación» para calcular cuál es el importe sujeto a subvenciones.

El informe ha recogido, asimismo, las alegaciones de Unidas Podemos, que sí entiende que la publicidad en redes sociales debe considerarse como incluida en los gastos subvencionables, a lo que el Tribunal de Cuentas ha respondido que no presentaba candidatos ni programa sino que pretendía dar a conocer posiciones políticas y captar voto.

En su contabilidad, la coalición incluyó los «servicios de estilismo a los candidatos» dentro de la campaña, pero el órgano fiscalizador ha apuntado que «dicha categoría de gasto no se entiende incluida en ninguno de los conceptos» recogidos en la Loreg.

Por otro lado, el documento ha detectado pagos de tesorería fuera de plazo por 10.222 euros, reseña que cuando presentó sus cuentas tenía pendiente de pago 194.821 euros e identifica a tres proveedores de prestación de servicios o adquisición de bienes, como Ifema o Facebook, que facturaron 832.867 euros y no informaron al Tribunal de Cuentas, algo que también incumple la normativa electoral.

Así, el PP reseñó 90.592 euros de operaciones ordinarias como gastos electorales, sin que el Tribunal de Cuentas los considerase de tal modo. Al revisar los envíos de propaganda electoral ha deducido que 82.812 euros correspondían también a operaciones ordinarias y 59.320 no eran gastos electorales.

En el caso del PSOE, el Tribunal ha observado que 71.195 euros dedicados a publicidad en medios de comunicación lo fueron antes de la campaña, por lo que no son subvencionables, siguiendo el mismo criterio aplicado a Unidas Podemos.

Otros 39.845 euros pertenecen a un exceso en la estimación de los intereses de gastos financieros para costear la campaña y por tanto quedan fuera de esta consideración, como sucede con otros 33.457 euros y con operaciones ordinarias por valor de 12.199 euros.

La contabilidad del PSC, independiente del PSOE, también revela, siempre según el informe, que 112.745 euros en operaciones ordinaria que no son gastos electorales.

En cuanto a Ciudadanos, sus gastos ordinarios rechazados como electorales por el Tribunal de Cuentas ascienden a 74.366 euros, a los que se suman 42.450 consignados como envíos de propaganda electoral que no tienen tal consideración.

También ha desestimado computar como gastos subvencionables 66.503 euros de Vox por publicidad en medios previa a la campaña y en televisiones privadas; además, no ha computado como gastos electorales otros 52.431 euros de operaciones ordinarias.

Por otra parte, Vox es el único partido para el que el Tribunal de Cuentas ha propuesto reducir su subvención electoral en el doble de los gastos declarados irregulares, esto es, en 72.600 euros. Esta cantidad resulta de duplicar los 36.300 euros que el partido contrató en emisoras de televisión privada, algo que no está permitido por la normativa, según subraya el informe.