El Gobierno pretende limitar los congresos médicos y la publicidad de la sanidad privada
Sanidad modificará la normativa sobre publicidad de medicamentos. La formación de sanitarios puede quedar relegada al sistema público
El ministro de Sanidad, José Miñones, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Los congresos médicos corren peligro de muerte. El Ministerio de Sanidad ha retomado una consulta pública para modificar la normativa sobre publicidad de medicamentos que afectará al patrocinio en congresos médicos. De esta forma, según apuntan fuentes del sector a THE OBJECTIVE, lo que se pretende es que la formación continua de sanitarios y asociaciones de pacientes quede relegada al Sistema Nacional de Salud (SNS) impidiendo a la industria farmacéutica su financiación, como viene siendo hasta ahora.
Una medida que de implantarse, señalan, «podría suponer la posible desaparición de los congresos científicos del sector sanitario», que, hasta la fecha, contaban con el respaldo de la industria. Además, aseguran que la formación médica continuada que hace el SNS «no cubre ni las mínimas necesidades formativas», por lo que la actividad congresual, si finalmente este Real Decreto sale adelante, «estaría condenada a su extinción».
Se trata de un proyecto de Real Decreto —idéntico al que ya preparó en 2018 Carmen Montón y que no prosperó—, mediante el cual se pretende modificar el Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano, al considerarse que ya «se ha quedado desfasada en el tiempo». «La normativa vigente sobre publicidad de medicamentos ha quedado desfasada en el tiempo dado que es de 1994 y no incorpora las novedades legislativas producidas a partir de su fecha de publicación», ha señalado el Ministerio en el documento de consulta previa.
Visitas médicas limitadas
Este Real Decreto define la publicidad de medicamentos como «toda forma de oferta informativa, de prospección o de incitación destinada a promover la prescripción, la dispensación, la venta o el consumo de medicamentos», y comprende, entre otros, la publicidad de medicamentos destinada al público, la publicidad de medicamentos destinada a personas facultadas para prescribirlos o dispensarlos, las visitas médicas, el patrocinio de congresos científicos en los que participen personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos y el suministro de muestras gratuitas.
Así, además de los congresos médicos, las visitas de agentes informadores de los laboratorios a facultativos y personas autorizadas para prescribir o dispensar fármacos también quedarían limitadas. Otro cambio sería actualizar la normativa vigente incorporando modificaciones en publicidad digital. Sanidad apunta que la legislación actual, por ejemplo, «no contiene ninguna previsión en materia de publicidad digital«. «Hay que adaptar la normativa a las exigencias del mundo actual, en el que impera una clara predominancia de los medios digitales y audiovisuales», señalan.
De esta forma, este proyecto de Real Decreto —que no está previsto en el Plan Anual Normativo (PAN) que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros de enero— deja claro que pretende «acometer una regulación integral de la publicidad de los medicamentos de uso humano en su doble vertiente de publicidad dirigida al público en general y a profesionales sanitarios».
Antecedentes
Como antecedentes de estas intenciones normativas del Ministerio, en 2020, en las conclusiones para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, en el capítulo ‘Uso racional del medicamento’, ya se proponía «tomar medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes». «Se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria», recoge expresamente el texto.
Más recientemente, en diciembre de 2022, Unidas Podemos registró una Proposición No de Ley en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados —que está aún por debatirse— con el objetivo de forzar una revisión normativa sobre la publicidad de los medicamentos y productos sanitarios en España.
La formación morada persigue que se regule el «alcance» que tienen las campañas impulsadas por las empresas de la sanidad privada. Así, argumentando que la publicidad sanitaria está condicionada por varias normas diferentes —algunas datan de la década de los años 60—, la PNL hace hincapié en la necesidad de consolidar la legislación para garantizar que los anuncios sanitarios cumplan con los criterios de «veracidad, transparencia y exactitud».
Ante este escenario, la industria farmacéutica y diversas sociedades científicas ya han mostrado su molestar en varias ocasiones y hacen hincapié en que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del asociacionismo de pacientes. «Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta, independiente, plural y con rigor científico», defienden.
