Las víctimas de la talidomida reciben sus ayudas con un 'hachazo' de Hacienda del 47%
Un total de 16 personas de las 46 resoluciones positivas han comenzado a recibir estas subvenciones con años de retraso
Víctimas de talidomida en una manifestación por sus derechos. | EP
Las personas afectadas en España por la talidomida durante el período 1950-1985 comienzan a recibir sus ayudas. Unas indemnizaciones que llegan con más de cinco años de retraso y con un ‘hachazo’ de Hacienda del 47%.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 instaba al Gobierno a indemnizar a los afectados por la talidomida con una cantidad de 12.000 euros por punto de grado de discapacidad. Sin embargo, no fue hasta el pasado julio cuando el Gobierno aprobó un decreto para indemnizar finalmente a estas personas tras un lustro de espera sin ninguna explicación.
En las últimas semanas, 16 personas de las 130 reconocidas en España por el Estado han comenzado a recibir esta ayuda. Aunque de momento la Administración solo ha emitido 46 resoluciones positivas, según datos facilitados a THE OBJECTIVE por la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite).
Desde Avite denuncian que tengan que tributar hasta casi la mitad del dinero percibido quedando fuera del artículo 7 de Rentas exentas de la ley del IRPF, donde se regulan algunas exenciones a ayudas ligadas a enfermedades, como afectados por el VIH o personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C. Este artículo también deja exentas de tributación a aquellas prestaciones y pensiones por actos de terrorismo o víctimas de accidentes de tráfico.
Cambio en la Ley de exención de IRPF
«Lo que me gustaría saber es por qué nosotros quedamos fuera de esta exención», cuenta a este medio Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, que ejemplifica con un caso de un afectado que, con un grado de discapacidad del 90% y que le corresponde recibir una ayuda de 1.080.000 euros, ha ingresado 572.000 euros, descontándole así 507.600 euros. «Esto parece una película de Berlanga», ironiza con tedio Basterrechea tras años luchando por recibir estas ayudas. Y es que España – donde se calcula que nacieron 3.000 niños con focomelia (extremidades más cortas o atrofiadas) o amelia (falta de extremidades), aunque solo 130 han sido reconocidos– era el único país donde aún no se había indemnizado a sus víctimas. Alemania, Holanda, EEUU, Portugal o Brasil lo hicieron hace años, Australia, en concreto, desde 1960.
Además, Rafael señala que en 2010 el Estado reconoció a 24 personas como víctimas de la talidomida. Estas personas recibieron por entonces una ayuda «complementaria» de entre 30.000 y 100.000 euros, dependiendo del grado de discapacidad. Ahora, a los que recibieron esta ayuda se les ha descontado esta cuantía de la nueva subvención. «No sé qué le hemos hecho al Partido Socialista las víctimas de la talidomida para que nos trate así. Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado esta ayuda es complementaria. Para mí complementar nunca ha sido restar, más bien sumar, pero para Partido Socialista significa restar. Es absolutamente alucinante», explica indignado Rafael Basterrechea, que agrega: «Después de 20 años en la Asociación, explicando y bregando como si alguien me tuviera que hacer un favor, yo no sé qué hablar del país en el que vivo, no tengo palabras».
Por todo esto, desde Avite se están reuniendo en las últimas semanas con los representantes de todos los partidos políticos para intentar sacar adelante una nueva ley de exención de IRPF incluyendo a las víctimas de la talidomida. «Creo que la podemos sacar adelante sin el apoyo del Gobierno», se muestran optimistas. «Estamos esperando a reunirnos en los próximos días con Vox, pero PP, Junts, Esquerra, BNG y EHB ya han dicho que sin ninguna duda van a apoyarnos. Nos falta la opinión de Vox, y la de PNV, Coalición Canarias, PSOE y Sumar que dan la callada por respuesta. El silencio aburrido es nuevamente la estrategia de diálogo para esta legislatura».
«Lo lógico», según los juristas consultados por THE OBJECTIVE, sería que se hiciera una modificación de la Ley 35/2006 del IRPF para incluir este supuesto, como ocurrió con el caso de los infectados por VIH, ya que su exención fiscal se reguló en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo. En aquella ocasión, se recurrió a este instrumento normativo con la justificación que expresa el texto, «que es plenamente aplicable al caso de la talidomida».
3.000 afectados en España, solo 130 reconocidos
Entre 1950 y 1985, miles de mujeres embarazadas tomaron talidomida –que se facilitaba sin receta– para combatir las náuseas o mareos. También fue dispensado para tratar el insomnio, ya que carecía de los efectos adversos de los barbitúricos y no producía adicción. Poco después de su introducción en el mercado, «se produjo un incremento de niños nacidos con focomelia» y otras alteraciones genéticas graves.
En España los primeros casos de afectados por el consumo de talidomida empezaron a aparecer en el primer trimestre de 1960. Sin embargo, no se retiró del mercado hasta 1985 , 22 años después que en el resto de los países donde se comercializaba, que fue retirada en 1963. En ese periodo, en nuestro país nacieron unos 3.000 niños con focomelia (extremidades más cortas o atrofiadas) o amelia (falta de extremidades). Se calcula que en todo el mundo fueron 50.000 personas.
En el resto de los países (Alemania, Holanda, EEUU, Portugal, Brasil…) se indemnizó a todas sus víctimas. En el nuestro, los que aún viven –unos 600, pero solo 130 reconocidos– comienzan a recibir ahora sus ayudas con años de retraso y un hachazo fiscal «injusto».
