Mónica García contrata sanidad privada para sus funcionarios mientras exige el fin de Muface
Busca una empresa para los reconocimientos médicos y las consultas de ginecología y urología
La ministra de Sanidad, Mónica García. | EP.
Mónica García, azote de la sanidad privada y ferviente partidaria del fin de Muface, busca una empresa privada para vigilar la salud de los trabajadores del Ministerio de Sanidad. Su departamento desembolsará 74.000 euros para ofrecer a sus empleados, tanto personal funcionario (805 trabajadores) como laboral (cinco trabajadores), reconocimientos médicos y consultas de ginecología y urología durante un año. Un contrato que llega tras la expiración del anterior, que fue adjudicado a Quirón, grupo que la ministra tiene bajo la lupa por sus conciertos con la Comunidad de Madrid.
Sanidad ofrecerá reconocimientos médicos y pruebas especializadas tanto a los empleados públicos de su sede central como a los de su delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. En total, 859 trabajadores se beneficiarán de este servicio sin soportar las largas listas de espera de la sanidad pública. El ministerio estima que, en atención al porcentaje de reconocimientos realizados durante el anterior contrato de vigilancia de la salud, el número de trabajadores que estarán interesados en estas pruebas serán 410 reconocimientos médicos de tipo general, 250 ginecológicos y 100 reconocimientos urológicos.
El objeto del contrato se define en torno a seis prestaciones, según se desprende de la Plataforma de Contratación del Estado: reconocimiento generales no programados, reconocimientos generales programados, reconocimiento ginecológico, reconocimiento urológico, sesiones informativas y vigilancia colectiva de la salud colectiva. El valor estimado del contrato, que se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2025, es de 74.131 euros, un importe inferior a la anterior licitación, que se adjudicó al grupo Quirón por una cuantía total de 80.690 euros.
De esta forma, los funcionarios de Mónica García podrán solicitar este tipo de pruebas a una empresa privada sin aguardar los tres meses que se tarda de media para conseguir una consulta con un especialista en la sanidad pública. En el caso de la Comunidad de Madrid, donde se encuentra la sede central del Ministerio de Sanidad, el tiempo de espera para una consulta en ginecología es de 38 días, mientras que en urología es de 44 días.
Según la licitación, la empresa adjudicataria deberá contar con centros –propios o concertados– dotados de un número de profesionales con la especialidad correspondiente para los reconocimientos médicos o pruebas diagnósticas específicas. Además, indican que valorarán con mayor puntuación a aquellos centros cuya ubicación esté más próxima a la sede del Ministerio (Paseo del Prado 18-20). El departamento de Sanidad reconoce que «no dispone de los medios humanos y materiales necesarios para cubrir estos servicios que se tratan de satisfacer con el presente contrato, por lo que resulta procedente recurrir a empresas externas que dispongan de la infraestructura necesaria para el desarrollo de esta actividad».
Mónica García, azote de la sanidad privada
Esta licitación llama la atención por la incesante lucha de Mónica García por acabar con la sanidad privada de los funcionarios a través de Muface. De hecho, fue muy polémico el informe de su departamento de finales de 2024 –en plena crisis por el concierto sanitario de Muface– en el que planteaba acabar con el modelo a partir del 1 de enero de 2025 e incorporar a la sanidad pública en nueve meses al millón de funcionarios que reciben ahora mismo asistencia privada. Según el informe, el sistema actual «no es sostenible». García ha calificado de «mala noticia» y «decepcionante» la nueva licitación de Muface por parte del Ministerio de Función Pública.
En numerosas ocasiones la ministra ha hecho hincapié en que la sanidad pública es «el mejor lugar» en el que los funcionarios pueden ser tratados. En esta misma línea también se ha pronunciado su segundo de a bordo, Javier Padilla, que señaló que «si construyéramos un sistema desde cero, sería incomprensible que los empleados públicos no fueran atendidos en el sistema público».
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad prepara la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, con la que busca «establecer, de forma clara, la prioridad absoluta» del ámbito público en la prestación de servicios sanitarios. Y en un último intento de arrinconar a la sanidad privada, pretenden prohibir a los jefes de servicio, directivos y gerentes de la sanidad pública que trabajen también en la privada. Una propuesta que quieren incluir en el nuevo Estatuto Marco sanitario y que ha sido rechazada tajantemente por todo el colectivo médico.
