La policía francesa registra el domicilio del ministro de Sanidad por la gestión de la crisis del coronavirus

La policía francesa ha registrado esta mañana el domicilio y el despacho del ministro de Sanidad, Olivier Véran, como parte de una investigación judicial abierta por el Tribunal de Justicia de la República (CJR) sobre la gestión de la crisis del coronavirus[contexto id=»460724″]. También han sido allanados las viviendas y despachos del Director General de Salud, Jérôme Salomon, y de la Directora General de Salud Pública de Francia, Geneviève Chêne.

En contexto: el 7 de julio, la Fiscalía General del Tribunal de Casación abrió una investigación judicial encomendada a la comisión investigadora de la CJR – el único órgano facultado para juzgar a los ministros cuya destitución ha prometido Emmanuel Macron -, con el fin de determinar si estos habían podido cometer delitos en su gestión de la crisis sanitaria ligada a la epidemia por el nuevo coronavirus, tras las denuncias de varias víctimas de covid-19 que consideran que se demoraron en sus acciones para frenar la propagación del virus, informa Le Monde.

Estas operaciones se han llevado a cabo «sin dificultad» por los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Agresiones al Medio Ambiente y la Salud Pública (Oclaesp), según ha informado el ministerio de Sanidad en un comunicado recogido por los diferentes medios locales. Desde fuentes judiciales informan que esta vasta operación también concierne al exprimer ministro Édouard Philippe, a la exministra de Sanidad Agnès Buzyn y a la exportavoz del Gobierno Sibeth Ndiaye.

Hasta la fecha, la comisión de quejas del CJR ha recibido 99 denuncias que habían comenzado a presentarse pocos días después del inicio del confinamiento, a mediados de marzo. Provienen de particulares, médicos, asociaciones o incluso presos. Los denunciantes alegan hechos de «poner en peligro la vida de otras personas» , «homicidio» o «no asistir a una persona en peligro», sostiene Le Monde.

Esta investigación se suma a la abierta el 10 de junio por la Fiscalía de París por «homicidios involuntarios», «lesiones involuntarias», «poner en peligro la vida de otros», «abstención voluntaria de combatir un desastre» y » no asistencia a personas en peligro”, que por su parte se vincula a posibles responsabilidades no ministeriales en la gestión de la crisis sanitaria.

Estos acontecimientos tienen lugar cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado la instauración de un toque de queda para las ciudades de Francia en estado de alerta máxima por la pandemia de coronavirus. La cifra de contagios en Francia supera los 779.000 casos y las de fallecidos asciende a más de 33.000.