En 2022 hubo 1.300 españoles que cambiaron su sexo registral, cinco veces más que en 2012
El último año antes de la entrada en vigor de la ‘ley trans’, cuatro personas acudieron al Registro Civil cada día para cambiarse el sexo
La ministra de Igualdad, Irene Montero, celebra con activistas LGTBI la aprobación de la 'ley trans' en el exterior del Congreso de los Diputados | Europa Press
Nada más y nada menos que 1.306 personas acudieron en 2022 al Registro Civil para cambiarse de sexo. Casi cuatro al día. Casi cinco veces más que hace tan sólo diez años, en 2012, cuando fueron 280. Así lo ha admitido el Ministerio de Justicia, con datos del sistema de información del propio registro (Inforeg y Dicireg), a consulta de THE OBJECTIVE. Las cifras, tal y como ha advertido este medio, podrían dispararse con arreglo a la ley trans recién aprobada en España.
La norma impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, fue publicada el pasado jueves 2 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al día siguiente, este medio, a través del Portal de Transparencia, preguntó al gabinete de Pilar Llop «cuántos cambios de sexo registral se llevaron a cabo gracias a la autodeterminación de género el primer día de la publicación del BOE». Pero no obtuvo una respuesta, por cuanto trataría, según Justicia, de «información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración». Es decir, que es demasiado pronto para saberlo.
Pese a no disponer aún de estas cifras, el Gobierno sí ha ofrecido los totales anuales. Estos permiten constatar que 2022 fue el año con más cambios de sexo desde que hay registros (2004, cuando acudieron tres personas), creciendo en un 20% respecto al año anterior (1.091) y quintuplicando la cifra de hace una década: un 366% más que en 2012, cuando se notificaron 280. En 2006, el año más tranquilo en este sentido, sólo una persona acudió al Registro Civil a rectificar su condición.
El retroceso de notificaciones que se registra en 2020, y el consecuente repunte en 2021, pueden explicarse a partir de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, que supusieron incluso el confinamiento durante algunos meses. Así, si en época pandémica cerca de 650 personas cambiaron su sexo registral, un año más tarde fueron 1.091, lo que supone un incremento de casi el 70%.
Hasta antes de la covid-19, las cifras crecieron ininterrumpidamente desde 2007. El 15 de marzo de aquel año el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una ley al respecto. La norma permitía la modificación registral del sexo con un diagnóstico médico de disforia de género y, al menos, dos años de tratamiento hormonal del solicitante. Ese año el Registro Civil contabilizó hasta 15 cambios de sexo. En 2008, con la ley ya en vigor, se contabilizaron el triple de notificaciones (46); un año después, la cifra multiplicaba por 9,5 la de antes de la norma (146).
Los efectos previsibles de la ‘ley trans’
Con estos precedentes, sólo cabe esperar que la ley trans suponga un impulso similar a estas cifras como el que supuso la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Y es que la nueva norma hará más fácil que nunca esta transición. Otros países, así como algunas regiones españolas, obligan a someterse a tratamientos farmacológicos y operaciones, pero ahora basta con «la libre declaración de la persona sentida» y la compleción de un formulario.
Una vez rellenado, el solicitante es citado para ratificar la solicitud y es informado de sus nuevos derechos. Transcurridos tres meses, es requerido para ratificar la petición y, de ser así, el varón pasa a ser mujer -o viceversa- a todos los efectos, sin necesidad de cambiar sus nombre ni aportar informes médicos y/o psicológicos (en aras de la «despatologización» de la disforia de género).
Este medio ya ha informado, de hecho, de cómo muchos hombres pretenden utilizar la ley, que no contempla procedimientos contra el fraude, para cambiarse de sexo. Sus motivos son variados: quienes quieren evitar denuncias por violencia de género de su expareja, quienes quieren recuperar a sus hijos, quienes quieren hacerlo por acceder más fácilmente al cuerpo policial, quienes quieren obtener ayudas, quienes lo hacen por motivos académicos o simplemente por desvelar el fallo del nuevo sistema.
