El aborto entra en la Constitución francesa: ¿debería España seguir su ejemplo?
Francia es el primer país del mundo en incluir esta ley en la Constitución pero, ¿podría ser un precedente en Europa?
Mujer en una manifestación en Francia sujetando una pancarta que muestra «Solidaridad con todas las mujeres del mundo entero». | Vincent Isore, Europa Press
El pasado lunes cuatro de marzo, el Parlamento francés dio el visto bueno definitivo a incluir el derecho al aborto en la Constitución del país. Tras la reunión conjunta de la Asamblea Nacional y el Senado, Francia se convirtió en el primer país del mundo en dar este paso. La ceremonia de ratificación se celebró el viernes, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, en un acto abierto en la plaza Vendome.
Una de las motivaciones principales para incluir este derecho en la Constitución, como ha afirmado el Gobierno francés, es «prohibir que la ley cuestione este derecho en el futuro». Este nuevo nivel constitucional lo dota de capacidad para sobrepasar las limitaciones que cualquier nueva ley gubernamental pueda generar.
Hay que tener en cuenta que en Francia el aborto es legal desde el año 1975, cuando se promulgó la ley Veil. Pero desde el año 2022, el presidente galo Emmanuel Macron ha intentado incluir el aborto dentro de la Constitución francesa. Incluso ese año llevó a Bruselas la propuesta de incluir el derecho en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, pero no salió adelante.
El hecho de que Francia haya sido el primer país del mundo en añadir la ley a su Constitución, hace que en muchos países se comience a plantear la posibilidad de hacerlo en sus respectivas constituciones para así salvaguardarlo, como quiere Macron, de futuras leyes que puedan limitarlo.
Situación del aborto en Europa
Desde hace un par de años, en Alemania se ha avanzado en el tema del aborto. En 2022, bajo el gobierno de Olaf Scholz, se decidió reformar un ley de la época nazi, la cual situaba el aborto dentro del Código Penal, provocando así que si una mujer abortaba fuera de las condiciones permitidas o un médico realizaba un aborto que no entraba dentro de las regulaciones de esta ley, se tenía que cumplir una pena de cárcel. Esta decisión recibió una gran oposición por los grupos políticos más conservadores como la unión CDU/CSU, o el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).
Por otra parte, en contraposición a Francia, se encuentra Polonia. Este es uno de los países donde abortar solo es posible si se ha sido víctima de una violación o si la continuación de la gestación supone un riesgo en la salud de la madre.
Desde que el Tribunal Constitucional del país se aprobó, en el año 2020, una ley que ilegalizaba el aborto (a no ser que se diesen las dos circunstancias ya nombradas). Polonia se convirtió en uno de los países, junto a Malta, que más restricciones tendría para solicitar un aborto. En este último no se dan casuísticas donde sea legal realizar esta intervención médica.
El Gobierno de Polonia anunció, en el mes de enero de 2024, la inminente presentación parlamentaria de una batería de reformas legales con las que quieres establecer una ley de plazos para la interrupción del embarazo, así como generalizar el acceso a la píldora del día después.
El primer ministro, Donald Tusk, afirma querer avanzar hacia unas reformas que ya prometió en su campaña. En Polonia se busca sacar adelante un proyecto de ley para un «aborto libre y seguro» hasta la duodécima semana de gestación. Aunque todavía está por ver la acogida de esta propuesta en el seno de la actual coalición.
El aborto en España
Sumar se ha propuesto recoger el testigo de esta acción francesa. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha avanzado que esta formación quiere incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución española. Vidal también ha afirmado que «de momento, simplemente lo que hemos hecho es abrir este debate» y espera que esta propuesta sea «un punto de partida» que se pulirá en las próximas semanas.
Aun así, llevar a cabo esta incorporación del aborto en la Constitución en España supone un procedimiento muy exigente nada fácil de culminar. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, alega que el proceso de reforma en el caso español es «muy exigente» y realmente agravado», además de requerir de «enormes consensos». Por ello, descarta seguir los pasos de Francia en este asunto.
En España el aborto está regulado actualmente por la Ley Orgánica 1/2023 del 28 de febrero. En esta última reforma de la ley aprobada en 2010, se contemplaron nuevas características como el registro de objetores de conciencia (haciendo así posible esta intervención en todos los centros médicos para evitar que la mujer se tenga que desplazar a otra comunidad autónoma, como ocurría antes de esta reforma) o la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años aborten sin la necesidad del consentimiento de los padres o tutores.
Tal como han afirmado juristas a THE OBJECTIVE, si en España se añadiese la ley del aborto dentro de la Constitución ello supondría blindar esta actividad como un derecho. Por tanto, las características o regulaciones que rodean esta práctica podrían cambiar, pero el aborto estaría considerado como un derecho igual a la educación. La fuente ejemplifica la casuística afirmando que «por ejemplo, todos los gobiernos de España han modificado la ley de educación», pero el derecho nunca se ha visto afectado en su idea fundamental.
Afirma de este modo que tal como quiere conseguir Macron con la entrada a la Constitución de esta ley, en España ocurriría algo semejante. Si se convierte el aborto en un derecho, teniendo en cuenta las limitaciones que se hagan a este en la redacción de la sentencia, sería necesario una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, así como un referéndum ciudadano para poder modificar este supuesto derecho. Por tanto, el aborto quedaría blindado y su alteración supondría unos procedimientos mucho más complejos que ahora.
Continúa alegando que en España ahora el aborto está despenalizado, es decir, que se ha retirado del Código Penal y ya no se castiga a médicos o mujeres que lleven a cabo esta intervención. Pero en caso de ser incluido en la Constitución, el aborto pasaría de estar despenalizado y regulado a través de una ley de plazos a convertirse en un derecho de la ciudadanía española.
Francia ha lanzado la primera piedra para generar un cambio en la concepción de la ley del aborto. Pero los países europeos no parecen estar preparados para unirse a ese lanzamiento. Ya sea por temas legales, como en el caso de España, donde el procedimiento legal es demasiado complicado, o porque en el país se están llevando a cabo leyes para legalizar un aborto libre, como es el caso de Polonia. En el contexto europeo hay grandes diferencias dependiendo del país donde se centre el foco haciendo difícil creer que la entrada de la ley del aborto en la Constitución sea un hecho que se vaya a extender.
