Condenan a una clínica dental en Menorca a pagar 24.000 euros por un mal tratamiento
El Juzgado de Palma confirma negligencias en la colocación de implantes dentales en 2018
Dentista. | Archivo
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma ha emitido una sentencia, condenando a una clínica a indemnizar con 24.000 euros a un paciente de 40 años. El caso se remonta a un tratamiento odontológico comenzado en 2018 en las clínicas de Mahón y Ciudadela, en Menorca. La resolución judicial ha señalado la existencia de mala praxis durante la ejecución del tratamiento.
Según informaciones del Defensor del Paciente este martes, el afectado no solo experimentó varias complicaciones tras la colocación de implantes dentales y prótesis, sino que también enfrentó la incorrecta colocación de estos elementos. Además, las clínicas implicadas cerraron, dejando al paciente sin la asistencia necesaria. En 2021, el paciente se vio obligado a buscar por su cuenta otra clínica dental para corregir los errores, describiendo la situación como un «grave desaguisado».
Mala praxis dental
La sentencia ha confirmado que la colocación de los implantes fue inadecuada y causó complicaciones bucodentales al paciente. A pesar de que la clínica alegó que las complicaciones se debían a malos hábitos del paciente y a una enfermedad periodontal previa, el tribunal determinó que no se cumplieron los estándares médicos adecuados. Además, la falta de un consentimiento informado y la entrega incompleta del historial clínico fueron factores decisivos en la condena.
El juez subrayó la negligencia en la colocación de los implantes, que se situaron incorrectamente, y la falta de ajuste apropiado en las prótesis. Estas deficiencias técnicas fueron respaldadas por informes médicos que recomendaban un nuevo tratamiento para rectificar los errores. El tribunal también consideró que el paciente tuvo que acudir a otras clínicas para recibir tratamiento correctivo, lo que intensificó el impacto del procedimiento inicial.
La indemnización final otorga al paciente 24.089 euros más los intereses desde la presentación de la demanda. Desde el Defensor del Paciente, se ha indicado que esta resolución es firme y «pone fin a un largo proceso judicial». Este caso ha destacado las deficiencias en la atención recibida por la clínica y las dificultades enfrentadas por el paciente para obtener el tratamiento adecuado, subrayando la desatención recibida y el caos en la administración clínica, que culminó con el cierre de las dos clínicas donde se realizó el tratamiento, dejando al paciente completamente desamparado.
