Una asociación marroquí apoya regular a los inmigrantes, pero pide «garantías»
Según esta asociación, se ha demostrado que estas medidas reducen la economía sumergida
Un grupo de personas hacen cola en el Puerto de Ceuta, antes de ser trasladados a la península. | EP
La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha mostrado este miércoles su respaldo a la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno, pero ha pedido «garantías» para que sea «una oportunidad real». Esta asociación, con sede en Málaga, ha considerado que se trata de una medida «necesaria, justa y largamente reclamada por la sociedad civil y por las propias personas migrantes».
Ha indicado en un comunicado que este proceso «no crea una nueva realidad», sino que reconoce jurídicamente «una situación que ya existe», la de miles de personas que viven en España desde hace años, «que trabajan, cuidan, estudian, pagan alquileres y forman parte de nuestros barrios y comunidades, pero que lo hacen sin acceso pleno a derechos por una situación administrativa irregular».
Ha defendido que «regularizar es reconocer derechos, dignificar vidas y fortalecer la convivencia y la cohesión social» y ha recordado que España «ha llevado a cabo otros procesos de regularización en el pasado, impulsados por distintos gobiernos».
Según esta asociación, se ha demostrado que estas medidas mejoran la inclusión laboral, reducen la economía sumergida y aumentan la recaudación fiscal, sin generar el llamado «efecto llamada», mientras que la irregularidad «es el verdadero caldo de cultivo para la explotación y el abuso».
Han añadido que la regularización extraordinaria permite «alinear una necesidad económica real» en sectores del mercado laboral con «una respuesta justa», ya que se saca del «limbo administrativo» a personas que ya «sostienen» un parte de la economía.
La asociación marroquí considera que es una oportunidad para «poner el contador a cero» y evitar que se sigan reproduciendo situaciones de irregularidad estructural. Han rechazado los «bulos y el alarmismo» porque «la regularización no genera inseguridad, lo que genera inseguridad es la exclusión».
Además, han valorado especialmente que el proceso anunciado establezca «requisitos claros, una fecha de corte definida y un plazo concreto, lo que aporta seguridad jurídica tanto a las personas migrantes como a las administraciones públicas».
En cuanto a las garantías que piden, está que los procedimientos sean «ágiles, accesibles y sin cargas administrativas innecesarias»; que la información sea «clara, comprensible y multilingüe»; y que se eviten «interpretaciones restrictivas».