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Dos de los miembros de los CDR detenidos reconocen la compra de explosivos para "meter ruido"

Al menos dos de los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes han reconocido ante la Guardia Civil haber comprado y haber hecho pruebas para la fabricación de explosivos, después de que se les mostraran vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de los arrestados.

Dos de los miembros de los CDR detenidos reconocen la compra de explosivos para «meter ruido»

Al menos dos de los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes han reconocido ante la Guardia Civil haber comprado y haber hecho pruebas para la fabricación de explosivos, después de que se les mostraran vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de los arrestados.

Los dos detenidos han admitido su participación en la adquisición de varias sustancias para elaborar mezclas con las que fabricar explosivos. Además, afirman que habían adquirido “el compromiso” de cometer alguna acción para “meter ruido” de cara al aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

Por otra parte, otro de los detenidos ha presentado un habeas corpus para ser puesto a disposición judicial de manera inmediata.

El lunes fueron detenidos nueve presuntos integrantes de los CDR, pero dos de ellos quedaron en libertad a última hora del mismo día con la obligación de comparecer ante la Audiencia Nacional cuando sean citados.

El juez Manuel García Castellón es el encargado de interrogar este jueves a los siete detenidos que han permanecido en dependencias de la Guardia Civil.

La Fiscalía acusa a los detenidos de ultimar acciones terroristas y señala que tenían en su poder información diversa sobre edificios públicos y sobre una casa cuartel de la Guardia Civil. La Fiscalía afirma que iban a llevar a cabo «proyectos terroristas con fines secesionistas» con unas acciones que podrían haber provocado «daños irreparables».

La operación policial, que se encuentra bajo secreto de sumario, es fruto de la investigación de más de un año durante el que se han practicado numerosas intervenciones telefónicas, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

La operación se puso finalmente en marcha el lunes ante la “certeza” de que se iban a perpetrar acciones terroristas ante el aniversario del 1-O y la sentencia del juicio del procés, que está previsto que se conozca durante la primera quincena del mes de octubre.

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