El suicidio de un enfermo de ELA reabre el debate sobre la eutanasia en España

El suicidio de un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que se ha hecho público este jueves, ha reabierto el debate sobre la necesidad de aprobar una ley de suicidio asistido y eutanasia que despenalice la “colaboración necesaria” para que una persona, por decisión propia, ponga fin a su vida. José Antonio Arrabal, que en el 2015 le diagnosticaron esta enfermedad incurable y degenerativa, puso fin a su vida delante de una cámara de vídeo mostrando su indignación al “tener que morir en la clandestinidad”, según ha publicado El País.

«»Si estás viendo este vídeo, es que he conseguido ser libre», así comenzaba el vídeo de la muerte de Arrabal. El paciente llevaba meses planeando su suicidio, que llevó a cabo el pasado dos de abril tras la ingesta de dos frascos de medicamentos que había adquirido por internet, aprovechando que su familia no estaba en casa. Fernando Marín, doctor y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente ha explicado a EFE que un juez tendrá que intervenir en lo ocurrido, ya que al considerarse una muerte violenta, hay que descartar que se haya cometido algún delito.

Concretamente, el Código Penal especifica en el artículo 143.3 que “el que causase o coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufra una enfermedad grave que condujera necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar será castigado con pena de prisión”. Sin embargo, Marín ha opinado que “Arrabal, en este caso, conservaba cierto grado de autonomía, la suficiente como para proveerse de los medios y llevar a cabo su decisión de morir de forma autónoma”, por lo que “no hay ninguna duda sobre la participación de un tercero que pueda suponer un delito”.

No es el mismo caso que el del gallego José Luis Sampedro, que Alejandro Amenábar puso en la conciencia de todos con la película Mar adentro. Él era tetrapléjico, y su suicidio no pudo haberse llevado a cabo sin la cooperación necesaria. El jurista Ignacio Fernández Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, ha confirmado que tras conocerse la muerte de Arrabal “se abren unas diligencias penales para investigar si los hechos pueden ser constitutivos de delito, es decir, si alguien ha podido colaborar o cooperar en el suicidio de esta persona”. “Regular el suicidio asistido es necesario y Arrabal, con su muerte trágica, ha querido llamar la atención sobre un tema que debe abordarse de una vez por todas», ha destacado a Efe el magistrado, quien también ha opinado que es necesaria una ley, que «más allá de la muerte digna regule el suicidio asistido».

Precisamente, el Congreso dio luz verde la semana pasada a la tramitación de una proposición de ley de Ciudadanos para garantizar la dignidad de los pacientes ante el proceso final de su vida, a través de cuidados paliativos.