La Fiscalía pide a Llarena que dicte nuevas órdenes de detención a Bélgica

La Fiscalía ha solicitado al juez del caso abierto por el procés en el Supremo, Pablo Llarena, que dicte nuevas órdenes de detención europea dirigidas a Bélgica contra los exconsellers catalanes Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, cuya entrega a España fue rechazada el miércoles pasado por defectos de forma. El Ministerio Público está de acuerdo con el magistrado en que el error en cuanto a la entrega de los exconsellers procesados en la causa abierta por el proceso indepdendentista ha sido cometido por Bélgica y no por el alto tribunal español. «No obstante», añade, «vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por las autoridades judiciales competentes de Bélgica», considera oportuno solicitar a Llarena que «emita orden europea de detención y entrega» de los procesados, «que deberá enviarse directamente a las autoridades judiciales de Bélgica».

El juez belga encargado de estudiar la extradición a España de los exconsejeros catalanes Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig rechazó el miércoles la euroorden dictada contra ellos por «defectos de forma». Fuentes del Supremo reprocharon el mismo día su falta de cooperación a las autoridades belgas. Este jueves, el propio Llarena ha informado a Alemania de que el error no ha sido cometido por España, sino por Bélgica.

En su escrito del jueves la Fiscalía coincide con los argumentos esgrimidos por el magistrado español y aclara que, en contra de lo interpretado por las autoridades belgas, el auto de procesamiento constituye título judicial suficiente para fundamentar la emisión de la orden europea de detención y entrega de los tres fugados. Es decir, los autos de procesamiento en los que basó las órdenes de entrega Llarena satisfacen las exigencias previstas por la normativa europea y no tenía sentido exigir una orden de detención nacional como ha hecho Bélgica, según la Fiscalía. «En síntesis, el auto de procesamiento reúne la doble cualidad de auto de prisión u orden detención nacional previa a la orden de detención europea a los efectos de la reclamación y entrega de los imputados que han eludido la acción de la justicia», dice el ministerio público.

Sin embargo, y ante la necesidad de asegurar la adecuada tramitación de la entrega y puesta a disposición de este órgano jurisdiccional de los fugados, le pide a Llarena que dicte auto de mantenimiento y ratificación de la prisión provisional incondicional acordada con anterioridad. De este modo, quedará cumplido el requisito que la Justicia belga ha echado en falta.