Un votante de Vox enfrenta 10 años por agredir a apoderados de ERC, CUP y BComú
Lorena Sopêna | Europa Press
La Fiscalía pide 10 años de cárcel para un votante de Vox acusado de agredir a tres apoderados de ERC, la CUP y Barcelona en Comú durante las elecciones municipales de 2019 en Barcelona movido por el «menosprecio, rechazo e intolerancia hacía la ideología de grupos de extrema izquierda independentista».
El juicio contra D.R.M. arranca mañana en la Audiencia de Barcelona, donde el ministerio público pide, además de una década de cárcel, una multa de 16.200 euros por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en concurso, uno contra la integridad moral y otro leve de lesiones, así como uno de lesiones y un delito electoral con agravante de motivación por ideología.
Los hechos sucedieron sobre las 19 horas del 26 de mayo de 2019 en el colegio electoral del barrio barcelonés de Ciutat Meridiana, en Nou Baris, donde el acusado se dirigió con vestimenta neonazi para votar en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo.
Al llegar, un simpatizante de la CUP salió a su encuentro y le preguntó si le podía ayudar, a lo que el acusado le gritó «tú no vas a meter ningún voto en mi sobre, yo soy de Vox», «hijo de puta», «estos lo que quieren es romper España» o «rojo de mierda», mostrando una actitud «desafiante».
El fiscal considera que el procesado actuó «guiado por el propósito de ridiculizarlo poniendo en entredicho su papel como apoderado de un partido político al que vincula una tendencia ideológica propia de colectivos de extrema izquierda independentista, que desprecia».
Pasó entonces por el lado de un apoderado de ERC, a quien también señaló con el dedo y le dijo: «Puto independentista, os estáis cargando el país».
Tras depositar su voto, el procesado se giró hacia el representante de la CUP y le espetó «maricón de mierda», tratando de abalanzarse contra él, lo que motivó que varias personas se interpusieran para intentar frenar el ataque.
Sin embargo, no lograron evitar que propinara un puñetazo en la cara a uno de ellos y que una apoderada de BComú recibiera un manotazo en el pecho durante el forcejeo.
«Sentimientos de menosprecio, rechazo e intolerancia hacia la ideología propia de grupos de extrema izquierda independentista desencadenó el ataque que aquel día el acusado emprendió», subraya la Fiscalía, la cual considera que el acusado pretendía «burlarse» de «los apoderados y demás miembros de la mesa electoral despreciando su ideología».
El encausado habría actuado «consciente de que con ello hería su amor propio a la vez que perturbaba el pacífico desarrollo del ejercicio del derecho al voto de los demás, obstaculizando el desempeño de las funciones que como apoderados en un lugar en el que, como el mencionado, se realizaban actos de procedimiento electoral, tenían asignadas».
El día de los hechos, el acusado vestía una camiseta con la inscripción «AHTR», siglas que en colectivos afines a ideologías neonazis evoca la frase «Adolf Hitler tenía razón» y figura en las redes sociales con un tatuaje que dibuja la figura de un ‘skinhead’ crucificado y ropa con figuras y lemas sobre personajes y colectivos vinculados a ideologías de extrema derecha.
Por todo ello, la Fiscalía pide también que se le imponga el pago de una indemnización a las víctimas de 600 euros por las lesiones y daños morales causados, así como la prohibición de acercarse a las mismas a menos de 1.000 metros y de comunicarse por un período de cuatro años.
El abogado que representa a los dos apoderados agredidos de ERC y la CUP, Xavier Muñoz Soriano, ha reclamado una «sentencia ejemplar» por la gravedad que a su juicio supone que una persona de ideología de «extrema derecha» ejerza una acción violenta en un día de elecciones en un colegio electoral.
Muñoz ha pedido que la sentencia sirva para rechazar actos similares: «La agresiones de este tipo solo buscan, mediante la violencia, amedrentar a ciudadanos que participan de procesos democráticos».
Por su parte, Barcelona en Comú, que ejerce la acusación particular, ha solicitado 15 meses de prisión y 3.600 euros de multa, además de la orden de alejamiento.
