El impuesto del Gobierno que encarecerá el aire acondicionado en plena crisis energética
La tasa sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero se aprobó el pasado mes de junio y entrará en vigor el 1 de septiembre
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera | Eduardo Parra (Europa Press)
El Gobierno aprobó el pasado mes de junio la reforma del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). La aprobación llegó después de que el mes anterior, concretamente el 10 de mayo, se introdujera como la 9 enmienda en la proposición de Ley de modificación de la Ley 19/2013 de Transparencia. El impuesto entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, aunque tiene algunas excepciones: como materia prima para su transformación química, uso militar y transporte, según aparece también recogido en el BOE núm. 164 de 2022, publicado el pasado 9 de julio.
Aunque parece que es un impuesto muy concreto y que va a afectar a algo que casi nadie conoce, la realidad es distinta. Estos gases se utilizan en una gran variedad de industrias y es indispensable para una en concreto: el sector de la refrigeración. Concretamente, es el conocido gas del aire acondicionado.
Los cambios en este impuesto afectan sobre todo a la fabricación e instalación de las máquinas de aire acondicionado. Esto se debe a que este tributo gravará el simple hecho de tener gases fluorados, por lo que dejará de configurarse a través de la venta o entrega de los gases al consumidor final. A partir de ahora, esto afectará de forma directa a la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o a la simple tenencia de este tipo de gases.
Según la Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores, esta medida podría suponer un encarecimiento de entre un 5 y un 10% de las nuevas instalaciones de refrigeración en establecimientos de hostelería y pequeño comercio, así como las instalaciones de climatización para uso doméstico y comercial. Además, afectará a los supermercados, a la industria alimentaria, a la logística y al transporte refrigerado, y a los electrodomésticos o la automoción.
Además, España es uno de los pocos países de la Unión Europea que tiene un impuesto especial sobre la emisión a la atmósfera de gases fluorados. El Libro blanco para la reforma fiscal en España, que publicó el comité de expertos de Hacienda en febrero de 2022, remarca el mal comportamiento de este impuesto.
El documento señala que «no cumple en su diseño con la finalidad propia del impuesto, ya que los gases por los que se tributa son insustituibles desde el punto de vista tecnológico y, por lo tanto, suponen directamente un impuesto a la actividad del sector». «Grava un consumo sin que el operador tenga alternativa de sustitución ni de mejora de la eficiencia, y debería ser objeto de revisión», destaca.
Medidas que establece el nuevo impuesto
- Grava la tenencia de gases, no solo el consumo: la extensión del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero gravará la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en nuevas instalaciones.
- Elimina el Código de Actividad de los Gases Fluorados (CAF) para instaladores: solo los almacenistas conservarán el CAF, por lo que cientos de instaladores deberán pagar el impuesto en el momento de adquirir los gases, antes de su instalación.
- Elimina la figura de «revendedor»: hasta ahora, entre «revendedores» (fabricantes-almacenistas-instaladores) estaban exentos del impuesto de la venta de gas.
- Eliminación de la exención a las escuelas de formación: las escuelas tendrán que pagar el impuesto al adquirir gas para sus aulas de formación.
Posibles consecuencias para el sector
Una veintena de asociaciones empresariales de los diferentes sectores afectados han emitido un comunicado mostrando su desacuerdo con este nuevo impuesto. Para ellas, supone «un atropello fiscal injustificado»: «No está alineado con las políticas de la Unión Europea, repercutirá negativamente en la economía y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentará el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos».
Y es que en la Unión Europea ya existe un Reglamento de Gases Fluorados: el Reglamento Europeo UE 517/2014 FGas. Este establece un calendario estricto de reducción y eliminación de gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico. Para cumplir con esta legislación, la industria del frío ha llevado a cabo ya grandes avances en la migración hacia gases refrigerantes de menor potencial de calentamiento global.
Ahora, el nuevo impuesto podría tener consecuencias más allá de las económicas para el sector. Algunas de estas posibles repercusiones son:
- Incremento de los precios finales de los equipos. Como el fabricante se ve obligado a pagar un impuesto por el gas fluorado del equipo, es predecible que acabe repercutiendo en el cliente final.
- Instalaciones más caras. Como se ha mencionado anteriormente, las principales asociaciones del sector calculan que el precio de las instalaciones podría aumentar entre un 5 y un 10%.
- Desincentiva la renovación de equipos. Hasta ahora, el impuesto solo gravaba la recarga de gas en los equipos antiguos. Al hacerlo ahora también en los equipos nuevos, se pierde el incentivo para renovar a equipos más eficientes.
- Penaliza la contribución de la bomba de calor en la descarbonización de las instalaciones de climatización. Esto no solo es negativo para el sector, sino que a nivel medioambiental esta bomba tiene unos beneficios muy superiores al potencial perjuicio causado por una posible fuga de refrigerante a la atmósfera.
- Fomenta el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos, incentivado por una demanda centrada en evadir este impuesto.
