El Gobierno se queda con 550 millones destinados a las empresas electrointensivas
Las compañías españolas pagan un 63% más que las francesas y un 45% más que las alemanas en la factura eléctrica
Pedro Sánchez y Teresa Ribera. | Agencias
El pasado martes, el Gobierno de España aprobaba en Consejo de Ministros ayudas por valor de 300 millones de euros destinadas a compensar los costes de emisiones indirectas de CO2. Se trata de un paquete de ayudas compensatorias que, justo un día antes de la celebración del Consejo, ya fue adelantado por el titular de la cartera de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el marco del XXVII Congreso de la Empresa Familiar.
Lo que omitió el titular de esta cartera es que esa cantidad se queda muy corta con respecto a lo aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en su día, cuando el Ministerio de Transición Ecológica, que todavía dirige Teresa Ribera, aprobó la Ley de Cambio Climático del 21 de mayo de 2021.
Esta es una normativa, según recoge literalmente la página 30 del BOE, acorde con la legislación comunitaria en vigor. Estipula que se podrá destinar hasta un 25% de los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para la compensación de los efectos de los costes indirectos por las emisiones de CO2 ligados al consumo de electricidad, para las instalaciones en riesgo de fuga de carbono.
Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los 300 millones de euros anunciados por el Gobierno se encuentran a años luz de ello a tenor de la última recaudación por este concepto, que se eleva a 3.600 millones de euros. Si se aplicara la ley de Ribera, a este sector le corresponderían otros 550 millones más, cantidad que serviría para reducir el precio de la tarifa eléctrica y para ser más competitivos con el resto de países de la Unión Europea.
Por este motivo, la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Electricidad, la AEGE, que engloba a 30 industrias con un elevado consumo eléctrico, ha solicitado al Gobierno una respuesta más ajustada a su propia ley y a las normas de ayudas de Estado de la UE con el fin de compensar los costes indirectos de CO2. Es una cuestión que transmite a este diario el director general de AEGE, Pedro González. A su juicio, este recorte de ayudas hace que España pierda competitividad con respecto al resto de socios europeos; fue la propia UE la que decidió tomar cartas en el asunto para poder competir industrialmente con los precios de Marruecos, China y Estados Unidos.
España se aleja de sus socios europeos
Según estimaciones de la AEGE, este año la industria española tendría derecho a compensaciones por un total de 850 millones de euros. Una cuantía que colocaría al sector electrointensivo español en una posición de igualdad con respecto a las economías europeas, con una fuerte presencia industrial en su actividad.
En la actualidad, las empresas electrointensivas españolas soportan mayores costes que Francia o Alemania en la factura eléctrica que pagan por el desempeño de su función industrial. Esta brecha se puede observar en el gráfico de arriba, que muestra dos años. En 2023, este tipo de empresas -entre las que se encuentran siderúrgicas, químicas, papeleras, vidrio, metalurgia y gases industriales- tuvo que abonar un 55% más en la factura eléctrica que las industrias francesas y un 28% más que las alemanas. Esa diferencia, lejos de acortarse, se ha visto aumentada en 2024. De hecho, las electrointensivas españolas pagaron un 63% más que las galas y un 45% más que las germanas.
El motivo de esta gigantesca brecha -explica González- es que los gobiernos de Francia y Alemania permiten devolver el 75% y el 100% de lo recaudado por los derechos de emisiones de CO2, mientras que en España el Ejecutivo se salta su propia ley de cambio climático y, directamente «no la cumple».
Sin financiación presupuestaria
El año pasado, al no haber Presupuestos Generales del Estado, se prorrogó una partida de 240 millones de euros de 2022. El Gobierno la actualizó con el precio de la emisión de CO2 y dejó las ayudas en 300 millones. En cualquier caso -señala González-, «se trata de una cantidad muy por debajo de lo que nos corresponde, ya que de los 3.600 millones recaudados, apenas nos dan el 40% que nos deben, ni siquiera llega al 40%, y del resto, pues no sabemos. Se queda por el camino».
Lo que ocurre -insiste- es que «hemos perdido mercados y la actividad industrial se resiente, a diferencia de Francia y de Alemania, que sí se sienten respaldadas por sus gobiernos en esto, porque, sabiendo que vas a disponer de ese dinero es más fácil trasladar esa ganancia de competitividad».
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