El Barça teme los posibles riesgos penales mientras agoniza el proyecto de Laporta
«Algunos directivos ya no solo temen por salir en globo del club sino también por acabar en la cárcel», asegura una fuente
El presidente del Barça, Joan Laporta
La chapuza del «caso Olmo» es la consecuencia de la gestión del presidente del Barça, Joan Laporta, con tintes temerarios, negligentes y corruptos. Hay algunos abogados que piensan que fichar a un jugador por 55 millones de euros sabiendo en verano que no disponía de límite salarial para inscribirle, cosa que hizo por la excepción de la inesperada lesión de un compañero, y firmarle una cláusula en la que le pagarás los seis años de contrato y quedará libre si no puedes inscribirle y en invierno no lo inscribes, podría ser una conducta compatible con un delito de administración desleal por malbaratar más de 130 millones de euros.
«Algunos directivos ya no solo temen por salir en globo del club, sino también por acabar en la cárcel», asegura una fuente cercana a la directiva del Barça.
Las responsabilidades penales y civiles en las que podrían incurrir los directivos del Barça por las múltiples irregularidades detectadas y cometidas por el actual presidente del Barça empiezan a preocupar a algunos miembros de la junta. Esas irregularidades ya provocaron la dimisión de más de 30 ejecutivos del club que, a pesar de tener muy buenos sueldos, no quisieron asumir los riesgos de esta deshonesta gestión. No es de extrañar que el club esté, actualmente, sin CEO, sin director financiero y sin Dirección Corporativa y el presidente se haya rodeado de familiares y amigos de dudoso talento, que callan y miran para otro lado.
El vicepresidente de Marketing, Juli Guiu, lo ha presenciado en primera línea. Lideró las negociaciones con Nike durante más de dos años y una vez llegó a un acuerdo total con la marca de Oregón en mayo, el presidente lo sustituyó para poner a su comisionista de cabecera, Darren Dein, que se ha llevado la friolera de 50 millones de euros, a pesar de que su intervención fue testimonial y no supuso ninguna mejora importante para el club, según asegura el vicepresidente.
Se da la casualidad de que este intermediario, íntimo amigo de Laporta, también cobró otra suculenta comisión porque el presidente también lo puso en calzador antes de firmar con Spotify, a pesar de que el cofundador y CEO de la compañía, Daniel Ek, era íntimo amigo del vicepresidente, Juli Guiu, que a pesar de estar indignado por estas conductas no ha dimitido todavía.
Irregularidades detectadas
Son muchas otras las irregularidades cometidas y detectadas. El director deportivo, Deco, admitió haber cobrado la comisión de los cinco años como representante de Raphinha mientras ejercía el cargo en el club. Una situación totalmente incompatible pero admitida por un presidente deshonesto y falto de ética, íntimo amigo de los representantes Pini Zahavi, Jorge Mendes y Fali Ramadani, que se están beneficiando de su generosidad y con quien acostumbran a hacer buenos negocios.
También se descubrió que el Barça hizo una transferencia de un millón de euros a un ciudadano holandés en un banco de Chipre simulando que había intervenido en el fichaje de Lewandoski. El pago fue bloqueado por el Compliance del Banco chipriota, cuyos mecanismos de control funcionaron mejor que los del Barça. Entonces desde el club alegaron que fueron víctima de una estafa, pero no lo denunciaron a la policía, como es preceptivo, no fuera que les diera por investigar y se descubriera todo el pastel.
Otro caso con apariencia de corrupción fue que en la cuenta bancaria de los directivos en la que pagan solidariamente los costes del aval apareciera una transferencia de un proveedor del club, ISL, al que, casualmente, se le adjudicó la organización de la gira americana de pretemporada del primer equipo. Luego se dijo que había un préstamo cuando resulta que ningún directivo había firmado ningún documento y nunca se informó o se sometió a votación. El asunto está pendiente de resolución.
La licitación y adjudicación de las obras del Camp Nou a la constructora turca Limak, después de cambiar los requerimientos iniciales que le impedían ganar el concurso, fue tan sospechosa que provocaron la dimisión del directivo responsable de patrimonio, Jordi Llauradó, bien asesorado por su abogado, y del directivo del Espai Barça, Ramón Ramírez.
Auditores externos
El autócrata Laporta ha suprimido todos los mecanismos de control interno, ha eliminado los protocolos de cumplimiento normativo y ha anulado las políticas y los procedimientos que deben garantizar que la información financiera sea precisa, fiable y segura. En el último ejercicio, los auditores externos obligaron al club a reformular las cuentas y provisionar los impagos de la palanca Barça Vision, lo que provocó el cierre con más de 90 millones de pérdidas.
El Compliance del club, Sergi Atienza, trabajó en el despacho particular del presidente e hizo campaña electoral a su favor. Una figura que debería ser ocupada por alguien independiente para controlar la ejerce un súbdito del presidente ejecutivo al que rinde pleitesía. Es decir, la prevención del fraude y los riesgos penales de los dirigentes están absolutamente desprotegidos.
Las declaraciones de José Elías, el máximo avalista de Laporta, en una entrevista de Jordi Wild cobran ahora todo el sentido: «Vi que los órganos de administración del Barça no tenían buena pinta, cuando no pones medios para que no pasen cosas malas, lo más probable es que pasen cosas malas. No quise seguir estando en un sitio donde todo lo decidía una persona sin control. Es un riesgo reputacional».
Recordemos que en su primer mandato, Joan Laporta, reconoció ante el juez que su despacho había cobrado 10 millones de Uzbekistán, país al que fueron algunos jugadores del Barça para hacer un Clínic.
Los directivos que acabaron el primer mandato con Laporta ya sufrieron una auténtica pesadilla judicial porque los socios del club aprobaron, mediante la votación de la asamblea, interponer una demanda de acción de responsabilidad en la que se les reclamaba que repusieran con su dinero las pérdidas económicas generadas al club durante sus dos primeros mandatos. El via crucis judicial duró más de cuatro años hasta que el juez de primera instancia, confirmó las pérdidas, pero les eximió de reponerlas aduciendo que algunas partidas podrían evolucionar en positivo. En este caso, Bartomeu fue generoso y no decidió no presentar ningún recurso.
Y ahora, podría suceder lo mismo. Los directivos del Barça saben que ya no tienen la obligación de prestar un aval con sus bienes, pero sigue existiendo su responsabilidad objetiva si cierran su mandato con pérdidas, según la ley del Deporte. Y a nivel penal, podrían tener sus responsabilidades si se descubriera alguna actuación fraudulenta del presidente aprobada por junta.
Y es que ser directivo del Barça da muchos derechos y ventajas pero también obligaciones y responsabilidades.
