Las constructoras denuncian que la regulación impide atraer financiación

El encarecimiento de las materias primas, de la energía y de los fletes de muchos productos está afectando gravemente al sector de la construcción. Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, cifra en 1.200 millones el sobrecoste en la obra pública por las materias primas.

El sector lamenta que a este problema se une la ausencia de mecanismos de revisión de precios en los contratos de obras públicas y tensiones en la disponibilidad de determinados materiales, lo que pone en peligro el equilibrio económico de los contratos y el cumplimiento de los plazos contractuales de las obras; resolverlo implicaría modificar la Ley de Contratos del Sector Público.

Espanta la inversión

Una cuestión que afecta también a la inversión privada. El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha asegurado que «España es una país atractivo a día de hoy, con una rentabilidad parecida a EEUU o Canadá, muy atractivos para la inversión internacional, pero tenemos barreras».  Durante las jornadas ‘Realidad y Futuro del sector Agua en España’, en las que ha estado presente THE OBJECTIVE, Núñez ha destacado que la regulación actual impide atraer la inversión privada.

Es el caso de la Ley de Desindexación, vigente desde 2015, y que Núñez tacha de «absurda». Esta Ley, cuyo reglamento se desarrolló en 2017 mediante Real Decreto Ley, desvincula la formación de precios de los bienes y servicios de los sectores que actúan en el ámbito público de la inflación general ligándola a los costes de cada cadena sectorial. 

Fuentes del sector consultadas por THE OBJECTIVE explican que el encarecimiento que se está produciendo no afecta igual a todos los contratos; no obstante, es necesario que las empresas, dependiendo de su afectación, hagan un esfuerzo adicional y calculen las pérdidas sufridas. 

En este sentido, desde el sector reclaman la «derogación de la Ley de Desindexación» y  también restaurar las revisiones de precios como mecanismo necesario en momentos como el actual para actualizar al alza o a la baja los precios del contrato. Estas mismas fuentes ven en esta legislación uno de los puntos clave para que España «pierda atractivo inversor» ya que los contratos dejan de ser rentables con cambios tan bruscos de precios. 

Las constructoras españolas se marchan de España

«En España no hay absolutamente nada en materia de concesiones», aseguran a este medio fuentes de una de las tres principales constructoras de España, líderes mundiales del sector. En los últimos meses, Sacyr, ACS o FCC se han centrado en buscar oportunidades y contratos en el extranjero, fundamentalmente en América pero también en Australia.

Recientemente, tal y como publicó THE OBJECTIVE, CPB Constractors, la filial del grupo australiano Cimic (perteneciente a la española ACS), resultaba adjudicataria para la construcción de un edificio en Australia, concretamente en Sídney por 237 millones de euros, pero es solo uno de los múltiples ejemplos. De hecho, actualmente en el país de las Antípodas, varias empresas españolas se encuentran inmersas en concursos para diferentes licitaciones públicas.

Desde el sector denuncian, por un lado, la inacción del Gobierno en materia de concesiones y, por otro, la Ley de Desindexación. «Es la barrera fundamental para hacer atractivas las concesiones a la inversión privada», aseguran estas mismas fuentes en línea con lo que denuncia Núñez. Confían en que los fondos Next Generation sean la oportunidad que el sector necesita para que España reactive las concesiones de obras públicas tras muchos años en claro retroceso.

Limitada importancia del agua en el plan de recuperación

Donde no prevén que haya muchas concesiones tras recibir los fondos europeos es en el sector del agua. El presidente de Seopan ha alertado de un posible retraso de 15 años en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en agua. El presidente de la patronal de las constructoras ha denunciado la «falta de compromiso y voluntad manifiesta» en que las subvenciones europeas asignadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia vayan destinadas a estos fines. Concretamente, ha señalado Núñez, el Gobierno ha destinado a las inversiones en infraestructuras hidráulicas (ecosistemas resilientes y preservación de recursos hídricos) únicamente de 1.850 millones de euros, es decir, apenas el 3,6% del total de 51.096 millones para el periodo 2021/2022.

Se ha tratado el agua en este plan «de manera irrelevante», ha asegurado el presidente de la patronal de las constructoras y concesionarias españolas. Estos Fondos Next Generation, en lo relativo a agua, «son una oportunidad desaprovechada», de manera que, considera, se tendrá que impulsar el modelo concesional para poder acometer las inversiones prioritaria en la materia.