Los puntos de recarga para coches eléctricos ya no necesitarán licencia de obras

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto-ley (RDL) centrado en materia energética y que recoge actuaciones que van desde el impulso al despliegue de puntos de recarga para coches eléctricos hasta la ampliación de los plazos de autorización administrativa de los proyectos de renovables y una hoja de ruta del autoconsumo.

Según ha detallado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se pondrán en marcha 525 millones de euros para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública, que recibirán las empresas distribuidoras de una forma proporcional a su representatividad hasta 2023.

Los potenciales beneficiarios tendrán que implantar herramientas digitales de mejora de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas para gestionar expedientes relativos al acceso y la conexión de instalaciones de autoconsumo y de puntos de recarga. Los fondos saldrán del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El RDL también incluye medidas fiscales que afectan a los puntos de recarga. Los ayuntamientos podrán aplicar bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en la Cuota Municipal en locales afectos a actividad económica, y de hasta el 90% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Imposición a edificios privados

Además, los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tendrán que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento antes del 1 de enero de 2023, de un modo proporcional al número de plazas. Con carácter general, dispondrán de una estación de recarga por cada 40 plazas o fracción, hasta 1.000 plazas –en el caso de la Administración General del Estado, serán 20 plazas hasta 500 plazas– y una estación más por cada 100 plazas o fracción.

Ribera ha destacado que el objetivo del Gobierno es que para 2023 se dispongan de 100.000 puntos de recarga públicos, por lo que la instalación de este tipo de infraestructura queda eximida de la obtención previa de las licencias de obras, de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental o similares. De este modo, bastará una simple declaración responsable del titular.

Asimismo, se facilita la implantación de puntos de recarga en los terrenos circundantes a las carreteras del Estado, con vistas a su instalación masiva en las estaciones de servicio. Y se incorpora al ordenamiento jurídico un régimen sancionador para las distribuidoras de electricidad en casos de incumplimiento de plazos a la hora de facilitar información sobre las condiciones técnico-económicas de la instalación de puntos.

Autoconsumo

Por otro o lado, con el fin de fomentar y facilitar la instalación de sistemas de autoconsumo energético, todos los proyectos menores de 100 kilovatios (kW) quedan eximidos de presentar garantías económicas para tramitarse. Además, las compañías distribuidoras deberán disponer de canales de comunicación abiertos –como un número de teléfono gratuito o una dirección electrónica– para atender consultas y obtener información relativa a los expedientes de acceso a la red de instalaciones de autoconsumo. Al igual que con la recarga eléctrica, el RDL actualiza el régimen sancionador para evitar retrasos en los procesos de tramitación y alta de las instalaciones.

También se extiende la posibilidad de realizar autoconsumo compartido —varios autoconsumidores se benefician de una única instalación— a través de la red de alta tensión (hasta ahora solo se autorizaba en baja tensión). La presentación de estas medidas coincide con la aprobación, también este martes en el Consejo de Ministros, de la Hoja de Ruta del Autoconsumo, que marca un objetivo de alcanzar 14 gigavatios (GW) de este tipo de instalaciones en 2030.

Debido a la avalancha de solicitudes para la instalación de plantas renovables —150 GW, frente al objetivo del Gobierno de 60 GW en 2030—, el departamento que dirige Teresa Ribera ha fijado un plazo adicional de nueve meses para las obtenciones de las autorizaciones necesarias.

Todos los promotores que no deseen seguir adelante con sus proyectos tras esta modificación de los plazos intermedios, que aumentarán la espera, podrán renunciar a los correspondientes permisos de acceso y conexión en el plazo de un mes, procediéndose a la devolución de las garantías presentadas.

«Este exceso de solicitudes, muchas de ellas inviables económica o ambientalmente, puede impedir la materialización de proyectos viables, debido a la incapacidad de las administraciones para evaluar y tramitar un contingente tan elevado de proyectos», subraya Transición Ecológica.

Energías renovables térmicas

El Gobierno también ha dado luz verde a la concesión directa de ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, con un presupuesto inicial de 150 millones de euros, que podrá ampliarse en función de la demanda y el desarrollo de los proyectos.

La finalidad de las subvenciones es fomentar el despliegue de fuentes de energía renovable térmicas en sectores productivos como el industrial, el agropecuario, el de servicios, pero también en establecimientos e infraestructuras del sector público, así como actuaciones que acometan empresas en modalidad de servicios energéticos en el sector residencial, de forma que contribuyan al proceso de descarbonización de la economía y, en el caso de las empresas, consoliden su competitividad en el mercado.

Entre los costes subvencionables se incluyen, entre otros, la inversión en equipos y materiales, los costes de ejecución de las obras o los sistemas de control y monitorización tanto de la producción como de la demanda de energía térmica, así como obras civiles necesarias para la ejecución de los proyectos. La ayuda otorgada cubrirá el 70% de estos costes en el sector público y hasta el 45% en el caso de pequeñas empresas, y en ambos ámbitos se incrementará en un 5% en zonas de reto demográfico: municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes con núcleos de población de menos de 5.000 habitantes.

Explotaciones agropecuarias

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha dado el OK a la ampliación, hasta el 31 de diciembre de 2023, del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, cuyo plazo inicial terminaba a finales de este año. Aprobado en marzo, el programa cuenta con 30 millones de euros para favorecer el ahorro energético y la competitividad del sector, así como medidas para incentivar las energías renovables y la reducción de las emisiones de CO2, contribuyendo al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

Las ayudas, financiadas con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y coordinadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), cubrirán hasta el 30% del coste necesario para la ejecución del proyecto.