El Gobierno apura los anuncios de fondos europeos en pleno Mobile para reconciliarse con las 'startups'

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Digital (Sedia) fue la protagonista del segundo día del Mobile World Congress de Barcelona (MWC). El departamento dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos con Carme Artigas a la cabeza, intentó reconciliar al Gobierno con el mundo emprendedor a golpe de talonario y volviendo a vender las bondades de los fondos europeos Next Generation. Todo ello, en medio de las dudas que genera la Ley de startups y el temor a que se eternice en el trámite parlamentario.

Históricamente el sector de las startups ha estado divorciado de la Administración, ya que consideran que los sucesivos Gobiernos no hacen verdaderos esfuerzos por fomentar un auténtico ecosistema emprendedor. Es por ello que una de las obsesiones de la Sedia es poder acercarse y cumplir las expectativas de un sector llamado a convertirse en motor de la innovación en España.

En esta línea, Artigas, figura destacada de este ecosistema antes de incorporarse al Gobierno, realizó durante toda la jornada una intensa labor para acercarse al sector. Desde reuniones con los secretarios de Estado de Digitalización de otros países de la Unión Europea hasta visitas constantes a las empresas reunidas en el 4Y4N, espacio dedicado a startups dentro del MWC.

Fondo Next Tech

Según ha confirmado THE OBJECTIVE, encuentros, visitas y reuniones a puerta cerrada en las que intentó concienciar a todos ellos de los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para resolver los problemas del sector.

La estrella de la jornada fue el fondo Next Tech, con el que se espera financiar con 2.000 millones para crear «unicornios» (empresas con una valoración de más de 1.000 millones de euros) desde  España. Artigas presentó en el MWC este martes la primera operación de este instrumento que se financia con fondos europeos.

Mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el Next Tech aportará 70 millones de euros de inversión en el vehículo inversor Leadwind, lanzado en septiembre por Telefónica y K Fund. Un venture capital independiente que se convierte en el primer participado aunque Artigas explicó que el objetivo era repetir dos o tres operaciones similares a ésta durante el año, con un desembolso similar cada una de ellas. 

Leadwind

Entre 300 y 400 millones de euros que significarán entre el 15% y 20% de todo lo destinado a este Next Tech. K Fund tiene un tamaño objetivo de entre 200 y 300 millones de euros y capacidad para realizar inversiones de entre cinco y 15 millones de euros en empresas en crecimiento.

Un anuncio que Artigas vendió como el mejor ejemplo de que los fondos europeos comienzan a llegar a las empresas y que además refuerza la apuesta del Gobierno por la digitalización. Precisamente, el Ejecutivo apuró la resolución de este acuerdo para poder llegar al MWC con los deberes hechos y poder anunciarlo a bombo y platillo. Sin concurso público, la elección de Leadwind estuvo en manos del equipo de la Sedia que, siguiendo criterios técnicos y cercano a la empresa privada, apuró los plazos para cerrar el pacto.

La propia Artigas reconoció que el acuerdo se produjo después de un exhaustivo análisis y de que Leadwind ajustara algunos de sus parámetros de inversión para que cumpliese con los objetivos del Next Tech. Algo que no se cerró hasta pocos días antes del MWC. 

Tramitación de la ley

Sin embargo, todos estos esfuerzos y la promesa de que se inyectarán 2.000 millones a las startups en cinco años, no terminan de convencer al sector, que ha vuelto a preguntar por la tramitación de la Ley de startups. Empresas que han acudido al MWC, han trasladado a este medio que temen que este proyecto -fundamental para el desarrollo del sector- se empantane en el trámite parlamentario. 

Al respecto, Artigas ha señalado públicamente que se podría generar un cuello de botella porque el Congreso ha recibido una cascada de proyectos de ley en las últimas semanas y que normativas como la Ley de Telecomunicaciones o la Audiovisual deberán tramitarse primero. No obstante, ha advertido que espera que todo se acelere antes de este primer semestre.

La preocupación del sector es entendible. El proyecto de Ley llegó después de cinco años de protestas de las startups españolas, a dos de que el Gobierno prometiese sacarla adelante y no menos de doce meses de intercambio de propuestas con todos los actores. 

Críticas de Barcelona Global

El objetivo es fomentar el ecosistema emprendedor y reconocer una naturaleza jurídica para estas empresas, compuestas por una serie de singularidades, entre las que destacan el potencial de sus modelos de negocio, la vocación innovadora y las especificidades de sus necesidades de financiación. Una meta que busca el Gobierno, pero que muchos no terminan de ver reflejada en esta ley.

Barcelona Global -asociación de empresas españolas de emprendimiento- propuso modificar seis puntos del proyecto de Ley de startups para «mejorar el texto» aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021. La plataforma empresarial explicó el miércoles pasado que ha compartido con los partidos políticos su propuesta para que sean presentadas en forma de enmiendas.

Los empresarios barceloneses piden ampliar el régimen fiscal de impatriados a inversores y profesionales independientes, y extender su aplicación temporal a 10 años, «para facilitar así el arraigo» de personas que deciden desarrollar su trayectoria profesional en España.

Empresas españolas

Por otro lado, y ya en este MWC, las empresas tecnológicas españolas aseguraron que la nueva Ley de startups «es un buen inicio, pero es necesario seguir trabajando». El CEO de Wallbox, Enric Asunción; la CEO de Red Points, Laura Urquizu; el cofundador de Colvi, Sergi Bastardas, y el CEO de Factorial, Jordi Romero, coincidieron en un evento en el marco del Mobile World Congress y valoraron el documento que ya se ha presentado. 

Romero ha lamentado que la nueva ley «no impacta en las startups cuando lo necesitan, que es cuando nacen», mientras que Asunción ha asegurado que es «más» de lo esperado, pero que las empresas emergentes españolas seguirán siendo un 50% menos competitivas que las de otros países por los impuestos que deberán pagar sus trabajadores. 

Urquizu ha señalado que «las stock options deberían ser consideradas ganancias de capital» y no de trabajo, como marca el nuevo texto. Bastardas ha subrayado que tras la pandemia, el mundo es «aún más competitivo» y ha incidido en la idea de que las startups españolas deben poder ganar en competitividad.

Claves del proyecto

El proyecto de ley establece que serán consideradas startups aquellas empresas que sean innovadoras, de nueva creación o con una antigüedad de hasta cinco años en general, o de siete años en el caso de empresas de biotecnología, energía e industriales; que tengan su sede social, establecimiento permanente y la mayoría del empleo en España; que no hayan distribuido dividendos y no sean cotizadas, y que tengan ingresos de hasta cinco millones de euros.

Se facilitan los trámites para su creación con la eliminación de los aranceles notariales y registrales cuando se trate de empresas que se creen acogiéndose a los estatutos tipo y por vía electrónica. Asimismo, la constitución de una empresa será posible mediante un documento único electrónico y la inscripción en el registro mercantil en seis horas, si se utilizan los estatutos tipo, y en cinco días hábiles en el resto de casos.

También se elimina el requisito de obtener el número de identificación de extranjero para los inversores no residentes y, durante los tres primeros años, se exime a la startup de la causa de disolución por pérdidas relacionadas o que generen un desequilibrio patrimonial.

La nueva norma prevé un régimen fiscal favorable, tanto para las empresas y sus inversores como para sus trabajadores. Para los primeros, entre otras medidas, se reduce el tipo impositivo en los impuestos de sociedades y sobre la renta de no residentes, se permite el aplazamiento de la deuda tributaria sin garantías ni intereses de demora; se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados y se eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales.