Reynés dice que el calendario de escisión de Naturgy está «abierto» y niega sobrecostes

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha abierto la posibilidad de que cambie el calendario de escisión de la compañía bajo el proyecto ‘Géminis’ ante la actual coyuntura de crisis energética y la invasión de Rusia a Ucrania.

El directivo ha apuntado en la junta general de accionistas de la gasista que la decisión sobre el calendario de la operación, que se prevé ejecutar a lo largo de este año tras el preceptivo visto bueno de una junta extraordinaria de accionistas en otoño, depende de factores como las condiciones del mercado y de la visibilidad regulatoria, de los ratings y de las autorizaciones y permisos administrativos.

Reynés ha aprovechado también para «desmentir» los grandes sobrecostes de la separación que han salido publicados en distintos informes en los últimos días. De hecho, ha reivindicado la «idoneidad» del proyecto.

«Hoy en día estamos trabajando ya de manera bastante autónoma por parte de los negocios y, por tanto, la separación en este sentido no tendría más impacto que el que podríamos decir despreciable», ha afirmado.

En cualquier caso, Reynés ha destacado que ‘Geminis’ establece sinergias limitadas entre MarketsCo (generación y comercialización) y NetworksCo (transporte y distribución) sin un incremento «significativo» de los costes operativos.

Oportunidades de crecimiento

En opinión de Naturgy, esta operación genera oportunidades de crecimiento por el mejor alineamiento de la estructura de capital; crea dos organizaciones más ágiles y enfocadas en sus competencias diferenciales; moviliza a la dirección y empleados en torno a un proyecto «más claro y sostenible en el tiempo», y da respuesta a los intereses de todos los accionistas de la compañía.

Las entidades resultantes tendrán perfiles financieros diferenciados. El 45% del Ebitda ordinario de MarketsCo procederá de España, el 24% de Latinoamérica y el 31% del resto de países, mientras que en el caso de NetworksCo, el 74% del Ebitda ordinario procederá de España y el 26% de LatAm.

En cuanto al mix de actividad, el 67% de MarketsCo corresponde a electricidad y el 43% al gas, mientras que en el caso de NetworksCo, el 66% corresponde a electricidad y el 34% al gas. Por último, en cuanto a perfil de riesgo de negocio, el 59% de MarketsCo está en el mercado y el 41% es contratado, mientras que en NetworksCo, el 100% corresponde al mercado regulado.

Beneficio para todos los accionistas

Naturgy considera que todos los accionistas se podrán beneficiar del proyecto, ya que la estructura resultante establece los mismos accionistas para las dos compañías, con CriteriaCaixa controlando el 26,7% de ambas, CVC y Alba el 20,7%, GIP el 20,6%, IFM el 12% y el resto de accionistas el 19,9%.

MarketsCo se ha fijado el compromiso de capturar las oportunidades de la transición energética (renovables, generación térmica, comercialización, mercados y aprovisionamiento y GNL), mientras que NetworksCo buscará adaptar las infraestructuras eléctricas y gasistas mediante inversión y digitalización.

El proyecto supondrá la separación de negocios de Naturgy en esos dos grandes grupos cotizados bajo la misma estructura accionarial, que se situarán entre las 20 empresas del Ibex35 con mayor capitalización. Según Reynés, Naturgy aspira a convertirse en un gigante con una capitalización conjunta de unos 40.000 millones de euros, teniendo en cuenta el valor actual de unos 27.000 millones y la deuda a cierre del año pasado de casi 13.000 millones de euros.

Objetivo de las dos empresas

En concreto, MarketsCo contará con unos objetivos a 2025 de más de 25 gigavatios (GW) de capacidad de generación eléctrica instalada -14 GW en generación renovable y 11 GW de generación convencional-, 11 millones de clientes, y una cartera diversificada de aproximadamente 290 teravatios hora (TWh) de aprovisionamientos de gas.

El otro grupo aglutinará todos los negocios dedicados a la gestión de infraestructuras reguladas de distribución y transporte de energía, conformados por más de 155.000 kilómetros de redes de electricidad, 135.000 kilómetros de redes de gas y 16 millones de puntos de conexión, presente en seis países.

La junta de Naturgy  ha ratificado el nombramiento de Jaime Siles como consejero dominical, dando así entrada al fondo australiano IFM cinco meses después de que culminara su opa. A principios de febrero, la gasista anunciaba que para que se produjera la entrada de Siles en el consejo, habían renunciado Francisco Beli y Ramón Adell como independientes. Aunque este último pasó a ser nuevo consejero dominical por cooptación de CriteriaCaixa.

Más poder para Reynés

El holding industrial de la Fundación La Caixa, con Isidro Fainé a la cabeza, reforzaba así su posición pasando de dos a tres consejeros. Posee un 27% del capital de la gasista y le siguen los fondos CVC y GIP, con un 21% cada uno y dos asientos. Por su parte, IFM tiene un 12,5% y la estatal argelina Sonatrach, el 4,1%.

La junta también ha aprobado las cuentas de las empresa de 2021 y la ampliación del plan de incentivos de Reynés a largo plazo a diciembre de 2025 —finalizaba en julio de 2023—, con el fin de hacerlo coincidir con el plan estratégico de la empresa. El importe que tiene derecho a cobrar por los ejercicios de 2021 y 2022 es de 1,54 millones.

Reynés elevó un 9% su sueldo en 2021. Se embolsó un total de 4,96 millones de euros entre salario y retribución a largo plazo. El consejo de administración ha aprobado ya la remuneración para 2022. Se mantendrá en los 1,1 millones de euros anuales para Reynés por su condición de presidente, en 175.000 euros para los consejeros y en 30.000 euros para el consejero coordinador.

 Además, se ha dado visto a que Reynés y el resto de cúpula directiva ganan poder ante la llegada de IFM. De este modo, no tendrán que dar cuenta al consejo para operaciones de ventas de activos que tengan un valor inferior a 100 millones de euros, cuanto antes el límite estaba en 50 millones.

Por otro lado, el presidente de la empresa podrá firmar contratos de aprovisionamiento de gas valorados hasta en 300 millones de euros, cuando antes la cantidad se fijaba en 100 millones, elevando a 800 millones —antes 500— la línea roja para que estos contratos deban contar con el respaldo mayoritario del consejo.