Tope al gas: diez millones de hogares pagan lo mismo por la luz tras un mes del acuerdo ibérico
Un mes después de llegar a un acuerdo con la Comisión Europea sigue sin activarse el mecanismo
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Alberto Ortega (Europa Press)
España y Portugal acordaron con la Comisión Europea (CE) establecer un tope al precio del gas que se usa para la generación eléctrica el 26 de abril y después de un mes sigue sin activarse el mecanismo, por lo que los más de diez millones de hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC) siguen pagando lo mismo por su factura de la luz.
No obstante, hay que retroceder un poco más. Fue en el Consejo Europeo de finales de marzo cuando consiguieron lo que se ha denominado la ‘excepción ibérica’. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una gira durante los días previos a la cumbre de Jefes de Estado para defender el desacoplamiento del precio de la electricidad respecto de los del gas.
Sánchez llegó incluso a levantarse de la reunión ante la negativa de algunos países como Alemania de que España y Portugal aplicaran un tope al gas. La alianza ibérica defendía su condición de isla energética para poder establecer el famoso tope. Pues bien, ya a finales de abril, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el titular portugués de Acción Climática, Duarte Cordeiro, anunciaban en rueda de prensa conjunta que se había alcanzado un acuerdo.
Es aquí donde empezó el verdadero lío. La intención del Ejecutivo español era llevar el mecanismo al Consejo de Ministros del 3 de mayo y que desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) todos los consumidores con tarifa PVPC se vieran beneficiados de manera inmediata de una rebaja en su recibo eléctrico.
Marzo ‘negro’
Hay que recordar que se venía de un mes de marzo ‘negro’, en el que el precio de la electricidad en el mercado mayorista registró una media de 283 euros el megavatio hora (MWh), la más alta desde que se tienen registros. El récord se produjo bajo un escenario en el que el Ejecutivo aprobó el Plan de Recuperación para hacer frente a los daños económicos causados por la invasión de Rusia a Ucrania. Incluso el día 8 se alcanzó la cota de 545 €/MWh.
Pues bien, pese a que las palabras de Ribera aseguraban que estaba todo prácticamente listo para que el tope al gas estuviera funcionando desde principios de mayo, el día 9, la CE replicó a España y Portugal que todavía no había adoptado ninguna decisión formal sobre la propuesta, sino que solamente había emitido una valoración preliminar del borrador que había recibido por parte de los dos gobiernos.
Ahora lo que ha hecho el Gobierno es un movimiento más político que efectivo. Ha aprobado en un Real Decreto-ley el límite al precio del gas sin tener el visto bueno definitivo de la Comisión. De hecho, no se puede aplicar hasta que se produzca la decisión formal de Bruselas y se publique una orden ministerial del Ministerio para la Transición Ecológica.
En este sentido, Ribera espera que los consumidores noten la bajada de la luz «en la factura de junio que les llegará en julio». La titular de Transición Ecológica ya no se aventura a fijar una nueva fecha para la puesta en marcha del mecanismo. También erró en cuánto bajaría la factura de los consumidores. En un principio, dijo que la rebaja sería del 30% y ahora prevé que sea del 15%.
El tope al gas durará unos 12 meses —no puede extenderse más de mayo de 2023— y establece un precio de referencia del gas de 40 euros/MWh durante seis meses, que se incrementa en cinco euros/MWh al mes a partir de entonces, terminando en 70 euros/MWh para que haya una convergencia a la normalidad, frente al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros/MWh —como en el caso del TTF holandés, de referencia en Europa—.
En este sentido, se aplicará un precio a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado, que son las que queman gas para producir electricidad. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que recibirán una compensación económica y que son las comercializadoras que acuden a comprar electricidad al mercado mayorista las que tendrán que responder.
No obstante, estas lo trasladarán a sus clientes finales, que son los acogidos al mercado regulado o PVPC. También deberán subvencionar la compensación los consumidores directos en mercado, que son aquellos que compran en el pool para su propio consumo.
Los clientes del mercado libre —unos 17 millones—, todos aquellos que pactan un precio fijo con su eléctrica, lo notarán conforme les toque renovación de sus contratos durante el año que estará en vigor el mecanismo. La paradoja que se produce así es que —a la arga— serán los mismos clientes que se beneficiarán de la rebaja en la factura de la luz quienes deberán sufragar este sistema.
Desde el departamento que dirige Teresa Ribera aseguran que, aunque tengan que pagar parte de la compensación, el beneficio neto para los usuarios será siempre positivo. De lo contrario, el Real Decreto-ley incluye una cláusula para que «los gobiernos actúen».
Condición de la Comisión. El Gobierno tiene como condición modificar la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario. Se combinará así la estabilidad con incentivos para la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Se prevé que la nueva tarifa regulada empiece a aplicarse desde el inicio de 2023.
