El Gobierno retrasa hasta finales de año la lista con los proveedores vetados en la red 5G
En marzo se promulgó por sorpresa la Ley de ciberseguridad en la que se establecía la próxima creación de una lista de suministradores 5G de alto riesgo
El director general de Telecomunicaciones, Arturo Azcorra, durante su intervención de este miércoles en el congreso DigitalES Summit 2022 | DIGITALES
El Gobierno definirá la lista de proveedores de alto riesgo establecida en la recientemente aprobada Ley de ciberseguridad 5G antes de final de año o a comienzos de 2023, un plazo bastante más extenso que el que había publicado THE OBJECTIVE hace unas semanas, cuando adelantó que no se cumplirían los tres meses establecidos originalmente en este cuerpo legal y que expiraron el pasado 30 de junio.
Así lo confirmó este miércoles el director general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, Arturo Azcorra, en la primera jornada del congreso DigitalES Summit 2022. Azcorra advirtió que el plazo se extenderá «varios meses más» debido a la complejidad regulatoria y el trabajo conjunto que se está haciendo con diferentes ministerios y departamentos.
Azcorra también advirtió que este listado -que todavía debe definir si efectivamente existen proveedores de infraestructuras de 5G con un riesgo alto o medio- ha tenido que incorporar la nueva realidad geopolítica tras la invasión de Rusia a Ucrania y los diferentes movimientos y riesgos de ciberseguridad que se han ido produciendo en los últimos tres meses.
Ley de ciberseguridad 5G
Por otro lado, Azcorra también confirmó que antes de finales de año se conocerá la lista de infraestructuras críticas donde los proveedores de alto riesgo no podrán participar. Por razones de seguridad, el director de Telecomunicaciones indicó que este último listado no se hará público y que solo se comunicará a los operadores cuando esté completa la lista de suministradores de algo riesgo.
A finales de marzo, el Ejecutivo promulgó por sorpresa la Ley de ciberseguridad en la que se establecía un marco de obligaciones que allanaba el camino para vetar proveedores que significaran un riesgo para las infraestructuras estratégicas. Una normativa que podría traducirse en el veto de suministradores chinos como Huawei o ZTE.
En el trasfondo de la ley está la necesidad de generar una infraestructura de redes totalmente europea y con suministradores de países aliados, además de tener una diversificación entre las compañías que construyen la red. La normativa incluía la creación de un listado de proveedores de «alto riesgo» tres meses después de la publicación del decreto.
Inquietud en el sector
Sin embargo, la propia Ley dejaba la puerta abierta a que este plazo de tres meses fuese solo una referencia, no una obligación. De esta manera, la disposición adicional tercera indica que «en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el Gobierno, mediante acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional y previa audiencia de los operadores 5G y suministradores 5G afectados por un plazo de 15 días hábiles, podrá calificar que determinados suministradores 5G son de alto riesgo». La clave está en que la ley no obliga a cumplir este plazo, sino que solo lo sugiere.
El Gobierno asumió hace unas semanas que no cumpliría este plazo original y trasladó a las operadoras que la lista se retrasaba para el mes de septiembre, aunque ahora se ha confirmado oficialmente que no se tendrán novedades hasta finales de este año o incluso a comienzos de 2023.
Una situación que genera cierta inquietud en el sector ya que se mantiene interrogantes respecto de los futuros despliegues. Conocer esta lista de proveedores de alto riesgo es clave para las operadoras de telecomunicaciones como Telefónica, Orange o Vodafone, ya que de ella depende la firma de sus futuros acuerdos con proveedores de red o de la modificación de sus actuales infraestructuras.
Redes en uso
La normativa prohíbe utilizar estos proveedores de alto riesgo a los operadores 5G que sean titulares o exploten elementos críticos de una red pública 5G. Un veto que además implica sustituir equipos que lleven componentes de proveedores de alto riesgo aunque lleven años en funcionamiento.
Si bien las operadoras españolas están construyendo sus nuevas redes 5G sin operadores chinos, tienen buena parte de su infraestructura 4G y el 5G non stand alone (el que usa la red 4G) con Huawei, por lo que una eventual inclusión de esta compañía en la lista de proveedores de «alto riesgo» les obligará a tener que desmontar sus actuales redes.
Subvenciones a la infraestructura activa.- Durante su intervención en el congreso DigitalES Summit 2022, Arturo Azcorra confirmó que el Gobierno tiene bastantes avanzadas las subvenciones a infraestructura activa. Hasta el momento, Bruselas prohíbe aportar dinero público a los componentes tecnológicos de las torres de telecomunicaciones y sólo los admite para la infraestructura pasiva como equipos de generación energética o partes para la construcción del emplazamiento. Sin embargo, el Gobierno sigue negociando con la Comisión Europea para aprobar estas ayudas y poder incluirlas probablemente el próximo año en los paquetes de subvenciones de fondos europeos Next Generation.
