El dudoso efecto del impuesto de Sánchez a las grandes eléctricas, petroleras y gasistas
La proposición de ley que planteará este gravamen llegará «pronto» al Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Debate del estado de la Nación. | Alberto Ortega (Europa Press).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó este martes en el Debate del estado de la Nación un impuesto a los «beneficios extraordinarios» de las energéticas sin terminar de deshojar la margarita. El jefe del Ejecutivo refirió en varias ocasiones que las grandes eléctricas, petroleras y gasistas deben asumir una mayor carga fiscal en el contexto actual de crisis energética, pero se marchó del Congreso de los Diputados sin ofrecer más detalles.
Fuentes políticas aseguran a THE OBJECTIVE que la proposición de ley que planteará este gravamen a empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o Cepsa llegará «pronto» y que no será hasta entonces cuando se desgrane. Lo que sí dijo Sánchez es que el impuesto a «los grupos dominantes» del sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024, y que tendrá como fin recaudar 2.000 millones de euros al año.
Fuentes económicas y financieras consultadas por este medio aseguran que dicho graven extraordinario a las energéticas «nace con múltiples dudas». Dichas fuentes se plantean que si se produce una subida en el Impuesto de Sociedades, se aplicará a todos los beneficios de los países donde están situados, «generando el incentivo a instrumentar arreglos fiscales para pagar menos impuestos por los beneficios que generan las filiales».
Por su parte, Anne Grammatico, analista de Scope Ratings, apunta que se espera que el efecto sea moderado en el caso de Iberdrola, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, dada su diversificación geográfica. No obstante, hay que recalcar que, de los 3.3885 millones de euros que ganó en 2021, 2.221 millones los obtuvo en sus negocios (redes y producción eléctrica y clientes) en España, lo que supone el 57,2% sobre el total, según la cuentas de resultados correspondientes a 2021.
Inversiones comprometidas
Grammatico advierte de que cualquier subida de impuestos, unida a la falta de previsibilidad de la política fiscal del Gobierno español, corre el riesgo de comprometer el calendario y el volumen de inversión de las empresas. España se juega más de 30.000 millones de euros en inversiones a 2025 bajo los planes estratégicos de las grandes energéticas.
De su lado, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que el impuesto no tiene finalidad recaudatoria, ya que llegaría a aportar unos 2.000 millones de euros al año, mientras que la recaudación devengada del Impuesto sobre Sociedades en 2021 se situó en alrededor de 24.600 millones de euros.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viene defendiendo la propuesta fiscal de Unidas Podemos que pedía incrementar 10 puntos el tipo de sociedades de las grandes eléctricas para recaudar entre 1.500 y 2.000 millones. El tipo general se sitúa actualmente en el 25%, excepto para banca y petroleras, que es del 30%.
En cambio, desde Gestha sostienen que el nuevo impuesto energético es un «incentivo serio» para que las empresas energéticas «contengan sus precios». «Solo aquellas grandes empresas energéticas que obtengan beneficios extraordinarios tendrán que abonarlo, y cuando se haga público que tienen que pagar este impuesto sufrirán una tacha reputacional, que pondrá en duda su responsabilidad social», aseguran.
Cabe recordar que, en septiembre de 2021, el Gobierno ya puso en marcha un mecanismo para reducir los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas (windfall profits en inglés) con el objetivo de obtener unos 2.600 millones hasta marzo de este año. Sin embargo, tras el revuelo de las empresas, el Ejecutivo rectificó dejando exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo.
En marzo de este año, volvió a intentar regular estos beneficios extraordinarios y dijo que aplicaría la minoración a todos los contratos bilaterales que tengan un precio de cobertura superior a los 67 euros el megavatio hora (MWh). En concreto, la medida afectaría a todos los contratos nuevos, así como las revisiones y renovaciones. En el caso de los acuerdos intragrupo (entre una generadora y una comercializadora de una misma eléctrica) se tendría en cuenta el precio final comercializado.
Iberdrola llegó incluso a amenazar con revisar contratos y replantear inversiones en España si el Ejecutivo no daba marcha atrás con el primer texto de septiembre. Iberdrola, Endesa y Naturgy han negado en todo momento haber percibido beneficios extraordinarios.
Javier Santacruz, economista y analista financiero, explica a este diario que las empresas energéticas están más o menos en línea con la tributación del resto de empresas por Sociedades, ya que una parte sustancial de ellas tienen activos de generación que están prácticamente amortizados y con eso dejan de restar a la cuenta de resultados.
«No hay una razón en especial para pensar que hay que subir el impuesto de Sociedades a las eléctricas. Igual que no había ninguna razón en especial para mantener a las petroleras un tipo impositivo del 30% cuando el general es del 25%. Las eléctricas españolas, sobre todo Iberdrola, soportan presiones fiscales mayores en España por tener su domicilio aquí, ya que si la sede estuviera en Londres, todos los beneficios generados en otros países tendrían una tributación global más baja», añade.
«Es constitucional»
Esaú Alarcón, miembro del Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y abogado en Gibernau, explica a este diario que aumentar en diez puntos el Impuesto de Sociedades a las eléctricas como defiende Unidas Podemos estaría permitido por la Constitución Española. «Establecer un tipo más elevado está permitido, pero siempre y cuando la diferencia no sea una barbaridad. Imagina que en vez de diez puntos, le subieran 20, sería totalmente discriminatorio. Subirles diez puntos a través de un recargo estaría permitido por la Constitución», argumenta.
En 2021, Iberdrola logró un beneficio récord -en todo el mundo- de 3.884 millones de euros y contribuyó con 1.586 millones de euros en España de tributos propios, frente a los 1.478 de 2020, 1.500 de 2019 y 1.700 de 2018. Dentro de los tributos propios entran el Impuesto sobre Sociedades, el IVA no deducible y similares, las contribuciones empresariales sobre salarios, tributos locales, tributos energéticos y otros tributos propios.
Endesa, que cerró el curso pasado con unas ganancias netas de1.435 millones de euros, pagó 906 millones de euros en impuestos en España en 2021, respecto a los 1.174 de 2020, los 1.1223 de 2019 y los 1.770 de 2018, mientras que Naturgy desembolsó 598 millones de euros en tributos en 2021, 375 millones en 2020, 662 millones en 2019 y 683 millones en 2018.
La patronal de las grandes eléctricas, Aelec, que no hay beneficios extraordinarios y que la crisis actual de precios está reduciendo los resultados de sus asociados: Iberdrola, Endesa y EDP.
