El Gobierno batallará en Bruselas para no tener que hacer recortes durante la precampaña
El Ejecutivo no quiere exponerse al coste electoral de poner en marcha duras medidas de ajuste que le exigirá la Comisión Europea a partir de 2023
El Gobierno español está dispuesto a librar las batallas que sean necesarias ante la Comisión Europea para evitar la puesta en marcha de cualquier tipo de recorte, reducción del gasto o plan de ajustes. Según ha podido saber THE OBJECTIVE la estrategia es simple y pasa por mantener el gasto con velocidad de crucero, al menos durante todo 2023, el año de la precampaña electoral y en el que el presidente Pedro Sánchez quiere optar a la reelección.
Esta semana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sorprendió al todo el sector por su encarnizada lucha contra el plan de Bruselas de recortar en un 15% el consumo de gas como una manera de compensar los recortes en el flujo del suministro que viene desde Rusia. En unas duras declaraciones la vicepresidenta tercera advirtió que España «ya había hecho los deberes», que tenía sus reservas de gas al 80% y que no podía aceptar una medida de estas características.
A cambio, España ofrece actuar sobre la oferta de gas natural en vez de sobre la demanda, llevando así al máximo los envíos de esta energía hacia el resto de Europa a través de sus infraestructuras como medida de solidaridad. La media de las exportaciones españolas de gas natural de los últimos cinco años es de dos teravatios hora (TWh) al mes y el país podría llegar con sus infraestructuras a 6,7 TWh al mes.
Ahorro energético
El Gobierno es consciente de que tarde o temprano tendrá que «adoptar medidas de ahorro energético» como dijo Sánchez en el Debate del estado de la Nación, incluso a la vuelta del verano, pero otra cosa es aceptar -al menos públicamente- que España tenga que recortar un 15% su consumo de gas, una medida que afectaría especialmente a las industrias y a las pequeñas y medianas empresas.
En todo caso, este movimiento podría repetirse en el futuro. Las fuentes consultadas indican que el Gobierno no quiere exponerse al coste electoral de poner en marcha duras medidas de ajuste y, por ello, quieren forzar la máquina ante la Comisión Europea para que -al menos durante 2023- no tengan que hacer recortes, ya sea del gasto público o bien por la vía de impopulares subidas de impuestos a los ciudadanos. Por el contrario, y como ya explicó este diario, quiere mantener a pleno rendimiento el gasto de los fondos europeos y el despliegue de nuevos Perte.
En la retina del PSOE todavía se encuentra la experiencia del anterior presiente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que en la última etapa de su legislatura se vio asfixiado por una crisis económica que le impulsó a realizar duros ajustes y el mayor recorte de gasto social de la Democracia hasta esa fecha.
Recortes de Zapatero
Zapatero realizó recortes en los salarios de los empleados públicos y congeló la revalorización de las pensiones en mayo de 2011, generando un clima insostenible que le llevó a adelantar las elecciones cuatro meses antes de lo previsto. A finales de julio de ese mismo año se convocaron los comicios para el 20 de noviembre anunciado además que ya no sería el candidato del partido.
En el caso de Sánchez, a favor de su intención de no hacer recortes, juega que la Comisión Europea ha mantenido un año más (durante todo 2023) suspendido el Pacto de Estabilidad, lo que permite a España superar el 60% de deuda pública respecto del PIB y del 3% del PIB sus niveles de déficit. Sin embargo, el crecimiento será mucho menor de lo esperado y la subida de los tipos de interés elevarán los intereses que España tenga que pagar por seguir endeudándose en los mercados internacionales.
Según el Ejecutivo, el PIB crecerá un 4,3% este año, el 3,5% en 2023 y el 2,4% para 2024, pero la OCDE y el Banco de España coinciden en señalar en que este año sólo se crecerá un 4,1% y el próximo entre un 2,2% y el 2,8%. En cualquier caso, no se recuperarán los niveles prepandemia hasta finales de 2023 o entrado 2024. Por otro lado, el Gobierno se ha comprometido con que el déficit terminará 2022 con una tasa del 5% del PIB, frente al 6,76% con que cerró el ejercicio 2021, mientras que la deuda ya llega al 117% del PIB.
Moderación del gasto
En este contexto, todos los analistas advierten que a partir de 2023 Bruselas se planteará realizar recortes y pedirá a España que modere el gasto público. A finales de mayo la Comisión Europea ya advirtió a España que nuestro endeudamiento excede «los niveles de prudencia» y tienen «una relevancia transfronteriza», lo que significa que puede tener consecuencias en el resto de los países de la zona euro.
La Comisión ya ha advertido que España no debe superar umbrales peligrosos para no entrar en una crisis de deuda, por lo que la solicitud de ajustes es solo cuestión de tiempo. En este contexto, en el Gobierno harán todo lo posible por frenar estos ajustes e intentar que se posterguen hasta 2024 a cambio de incluir estos recortes en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, cuando las elecciones generales hayan pasado.